Bruselas, reacia a eximir a Canarias de la ‘tasa verde’ en rutas internacionales

No será fácil convencer a las autoridades comunitarias de la importancia de que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) se libren de la tasa verde en los vuelos internacionales. La Comisión Europea (CE) no parece dispuesta a atender las peticiones de las RUP por más que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le recordase este lunes que se trata de una cuestión de «supervivencia». Un término que el jefe del Ejecutivo autonómico no escogió al azar, ni mucho menos, en el encuentro ciudadano que compartió en Tenerife con la directora general de Política Regional de la CE, Monika Hencsey. No en vano, todo lo que suponga el encarecimiento de los billetes de avión que pagan los millones de británicos, alemanes, neerlandeses o franceses que cada año pasan sus vacaciones en las Islas es un misil a la línea de flotación de la economía canaria, esa que depende sobremanera de los dineros que dejan los turistas extranjeros. Sin embargo, este argumento no parece suficiente para la Comisión, y la propia Hencsey se encargó de dejarlo claro. Es más, la directora comunitaria de Política Regional y Urbana negó la mayor y esgrimió unos estudios encargados por la UE que al parecer concluyen que la tasa verde no disparará los precios de los billetes. La CE contradice así al sector de la aviación comercial, que ya ha avisado que la tasa o impuesto al queroseno –el combustible de los aviones– compromete hasta un 10% de la facturación turística.

Bruselas ha tomado una deriva medioambiental que no parece tener vuelta de hoja. Los países y regiones de la UE no son, ni de lejos, los principales responsables de las emisiones de gases contaminantes. Y ni Estados Unidos ni por supuesto China o la India van a someter a su economía y a sus ciudadanos a la reconversión contrarreloj que pretenden las instituciones comunitarias. Monika Hencsey lo recordó este lunes: la Unión debe conseguir la neutralidad de carbono –esto es, que las emisiones contaminantes sean absorbidas en su totalidad y de forma natural por bosques y plantas– en 2050, y ello implica que en 2030, es decir, antes de que acabe esta década, los gases de efecto invernadero hayan disminuido en un 35%. Tan ambicioso objetivo se topa con voces discordantes cada vez en mayor número –la crítica compartida es que acabarán por ser los trabajadores, esos que hoy pueden pagar un vehículo diésel pero que está por ver que mañana puedan pagar uno eléctrico, los damnificados de la fiebre verde de Bruselas–, pero la hoja de ruta no parece modificable, y esta exige, recordó la representante de la CE, el esfuerzo de todos. Incluidas las RUP y, por ende, Canarias.

La excepción en la ‘tasa verde’ europea salvará un millón de turistas en Canarias

Transporte aéreo

En el caso del transporte aéreo, hay dos grandes medidas con las que las autoridades europeas quieren acelerar la transición del queroseno a los biocombustibles: el encarecimiento de los derechos de emisión y la susodicha tasa verde. En cuanto a la primera, la UE puso en marcha en 2005 el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), que desde 2021 incluye a la aviación comercial. Las empresas sometidas al RCDE han de tener un título, un derecho de emisión, por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono que lancen a la atmósfera. Esos derechos se compran y se venden, por eso se habla de un mercado de derechos. A las empresas no se les impone un límite máximo de emisiones: se le impone a cada sector –a la aviación comercial, por ejemplo. Esto es lo que permite crear ese mercado que penaliza a las firmas rezagadas en la transición energética –seguirán gastando dinero en derechos de emisión– y premia a las que apuestan por la sostenibilidad, que lanzarán menos gases de efecto invernadero y, por tanto, necesitarán menos derechos. El caso es que los vuelos entre Canarias y cualquier otro punto del territorio de la UE han estado exentos del RCDE, una excepción para que las RUP no se queden desenchufadas del Viejo Continente. Al fin y al cabo, el RCDE supone un sobrecoste. Si no para todas las aerolíneas, sí al menos para el sector. No obstante, esta excepción se mantendrá en adelante solo para los vuelos interinsulares y las rutas Península-Canarias, y viceversa, no para las conexiones del Archipiélago con el resto de Estados miembros. Y luego, al margen del RCDE, está la tasa verde, un tributo o impuesto para penalizar de forma directa el uso del queroseno. Dos grandes medidas de evidente carácter punitivo que, combinadas, obligarán a las aerolíneas a subir precios para compensar los mayores costes. Algo que parece inevitable y que en última instancia encarecerá los billetes que pagan todos esos extranjeros que, con sus vacaciones, sostienen el 35% del PIB y miles de puestos de trabajo. Por eso Ángel Víctor Torres empleó este lunes el término «supervivencia».

En el encuentro con diversos representantes de organizaciones y entidades civiles, el jefe del Gobierno regional, que de algún modo también ponía voz a las otras ocho RUP como presidente de turno de su confederación, mostró así la preocupación al respecto. Una preocupación ante la que Monika Hencsey opuso un nuevo argumento: la tasa verde no encarecerá los billetes de avión; no tanto, vino a decir, como para atender las peticiones de las RUP y exceptuar todos los vuelos hacia y desde estas regiones –interinsulares, nacionales e internacionales– de su aplicación. Su impacto no será tanto, defendió sobre la base de esos estudios encargados por Bruselas. Unos estudios en los que no ahondó pero que sorprenden por cuanto una de las razones por la que las aerolíneas ven demasiado exigentes las medidas verdes europeas es que no hay biocombustibles. Es decir, ya no se trata del coste de la modernización de la flota, del mercado de derechos o del impuesto al queroseno, sino de que no hay producción ni oferta suficiente de combustibles ecológicos como para que la industria del transporte pueda subirse al carro de la deriva medioambiental comunitaria de un día para otro.

Vuelos muy contaminantes

Sea como sea, Hencsey afirmó que en las instancias comunitarias son «conscientes» de lo que se juegan Canarias y las RUP, si bien precisó que los vuelos que traen a los turistas son muy contaminantes, de modo que una exención total tendría «gran impacto» en la lucha contra el cambio climático. La representante de la CE insistió en que habrá fondos para compensar a las RUP, aunque está por ver que su cuantía sea suficiente. En este sentido, Torres recordó el firme compromiso medioambiental de las Islas, hasta el punto de que Canarias no pretende una exención sin más de la tasa verde, sino que a cambio pondrá en práctica un plan para que los turistas compensen en destino la huella de carbono que dejan su viaje y su estancia.

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