Madrid niega a Canarias el dinero para la crisis hídrica que sí da a Cataluña

Madrid se parapeta tras una excusa legal para dar largas a la financiación de desaladoras y depuradoras en las Islas. Canarias firmó con el Estado un protocolo de inversiones hidráulicas en el que comprometieron 915 millones en 12 años. Ya han pasado cuatro años y medio desde aquel acuerdo y no hay ni rastro de un solo euro para sufragar las 186 obras declaradas de interés general en ese documento. El pasado 6 de mayo, el Ministerio de Transición Ecológica envió una carta a la Consejería de Política Territorial en la que plasmaba, negro sobre blanco, que el acuerdo firmado en diciembre de 2018 debe ajustarse al marco legal vigente, que sí permite la participación de una administración sin competencias en la financiación de una obra hidráulica de otro organismo mediante un convenio, pero alega que la Abogacía del Estado entiende que las obras no pueden estar financiadas exclusivamente por el Gobierno central.

Sin embargo, en los últimos meses, el Gobierno de España ha acordado con Cataluña la construcción de dos desalinizadoras, con un coste total de 467 millones, y pactó además destinar fondos europeos, en forma de préstamos «muy ventajosos», para poder ejecutar nuevas inversiones en obras hidráulicas que ayuden a hacer frente al déficit hídrico de esta comunidad. También el Ministerio de Teresa Ribera ha invertido más de 2.000 millones en el Pacto del Agua de Aragón y ha comprometido 675 millones para la recuperación del Mar Menor, en Murcia. En el Consejo de Ministros celebrado el 11 de mayo, a través de un real decreto ley, se declararon de interés general las nuevas desalinizadoras de Cataluña, así como otras dos en Málaga y Almería –con 200 millones de presupuesto– y la intensificación de la reutilización del agua en Alicante, con una inversión de 224 millones. «Asumimos obras que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, porque han pedido ayuda», defendió Ribera, en la rueda de prensa posterior al consejo.

El Gobierno regional ofrece cofinanciación para desbloquear el convenio de obras hidráulicas

En aras de reconducir el acuerdo sellado entre la ministra y el entonces consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, el Gobierno de Canarias se ha mostrado abierto a renegociar las condiciones. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, actual responsable de Aguas, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de cofinanciar las obras y pactar unos porcentajes «razonables» con el Ministerio, pero sostiene que la mayor parte de los fondos han de salir del Gobierno central, pues se trata de obras de interés general que deben ser financiadas por el Estado. «Ya estamos invirtiendo en obras y estamos dispuestos a aportar, pero entendemos que la mayoría del coste no lo debe abonar la comunidad autónoma», señala Miranda.

Planificación

El objetivo del acuerdo Canarias-Estado era mejorar la depuración, abastecimiento, drenaje, desalación y captación de aguas subterráneas en el Archipiélago. Y, ahora, el compromiso va más allá del protocolo firmado en 2018, pues el pacto alcanzado entre el PSOE y Coalición Canaria (CC) para asegurar la investidura de Pedro Sánchez incluye el cumplimiento de los convenios bilaterales en obras hidráulicas. «Lo que queremos es llegar a un consenso y que se cumpla esa agenda canaria», señala Miranda, quien lamenta que no se puede planificar y saber hasta dónde se puede invertir sin antes conocer la implicación del Gobierno central y tener garantías plurianuales.

La actual aportación del Estado para obras hidráulicas en las Islas es de 20 millones que se asignaron mediante subvención. Un monto «claramente insuficiente» y que, además, ni siquiera está asegurado en los presupuestos generales de 2024, por lo que se ha solicitado al Ministerio que lo corrija, aunque habrá que abordarlo con un nuevo ministro, pues Teresa Ribera es la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo. Desde Canarias también se está trabajando en la ampliación de los fondos FEDER disponibles para este tipo de infraestructuras –que son 5 millones– y el impulso a los proyectos con cobertura de Next Generation –que suman otros 25 millones–. 

Cortes y restricciones

Además del escollo de la financiación, el consejero pone el foco en la capacidad del Archipiélago para ejecutar los proyectos, pues no son obras sencillas y necesitan disponibilidad de suelo y una evaluación ambiental. Miranda estima que hasta dentro de una década las Islas la gestión de las aguas no será óptima en las Islas. El consejero explica que ahora están con obras de emergencia para paliar situaciones difíciles, pero quiere «optimizar todo el ciclo del agua, la producción, la distribución, la regeneración y la depuración».

Miranda se ha puesto como objetivo avanzar en los planes hidrológicos que todavía no están desarrollados, como los de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote. «El anterior Ejecutivo dejó en manos de los Consejos Insulares de Aguas la interlocución con el Estado, pero el Gobierno de Canarias tiene que ser el catalizador y el coordinador de todas las políticas que se lleven a cabo en las islas, para establecer prioridades, fijar necesidades y ver cuáles son las obras más urgentes para paliar la crisis hídrica», apunta el consejero, que detalla que el aumento de población en las Islas y el cambio climático conllevan a una mayor demanda de agua industrial y menos de la que viene del cielo. De cara al verano, Miranda reconoce que puede haber cortes de agua a determinadas horas y zonas acotadas, pero no prevé imponer restricciones más severas.

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