Los nacionalistas majoreros se desmarcan del decreto urgente de vivienda del Gobierno canario

Los siete cabildos han dado una acogida dispar al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Gobierno regional con la intención de hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago.

En la Comisión General de Cabildos celebrada este jueves en el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura mostró su rechazo de forma tajante, mientras que desde Gran Canaria, Tenerife y La Gomera respaldaron la iniciativa a la vez que pidieron que la norma se tramite como proyecto de ley para poder hacer enmiendas ante las «dudas» que algunos puntos les generan. Solo la Corporación palmera mostró su apoyo al texto íntegro, –que recibió como «agua de mayo»– mientras que los cabildos de Lanzarote y El Hierro se ausentaron al encuentro. 

Las posiciones encontradas sobre esta norma afectan incluso a representantes que pertenecen a la misma organización política. El decreto fue elaborado a la sombra del actual Gobierno autonómico –integrado por CC, PP, ASG y AHI–. Sin embargo, los nacionalistas majoreros rechazan el texto que promueve su propio partido desde el Ejecutivo autonómico. Distinto es el caso de los socialistas, que pese a estar en la oposición en el Parlamento, desde el Cabildo grancanario abrazan la iniciativa.

Pese a estar CC en el Gobierno regional, los nacionalistas son contrarios a la norma en Fuerteventura

Cabe recordar que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda fue aprobado el pasado 19 de febrero en Consejo de Gobierno y está integrado por una veintena de medidas con las que el Ejecutivo defiende que se pondrán en el mercado «miles de viviendas públicas y privadas». Las iniciativas se dividen en dos grupos, las destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y las enfocadas al impulso de la construcción de viviendas protegidas.

La norma pone en marcha mecanismos como la expropiación, la ocupación forzosa de edificios inacabados y terrenos, resolución urgente de procedimientos obviando el planeamiento urbanístico y los trámites administrativos y dando el máximo de facilidades al sector privado para que construya viviendas protegidas en suelo público. También plantea el cambio de uso de locales comerciales y oficinas en viviendas para intentar poner en el mercado 4.000 casas. Incluso faculta a eludir la evaluación ambiental.

Puntos controversiales

Una de las principales discrepancias del Cabildo de Fuerteventura es precisamente esa posibilidad de que se exima de presentar una evaluación de impacto ambiental a las actuaciones de vivienda. En palabras de la consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio majorera, la nacionalista Nereida Calero, los efectos que ese punto del texto tendrá sobre el medioambiente serán «irreversibles», advirtiendo de la posibilidad de que se den «destrozos de una envergadura importante». «Hay que pensar con la cabeza antes de hacer disparates», planteó, a la vez que exigió que se mantenga la obligatoriedad de los informes de impacto ambiental y se defina «la capacidad de carga». 

El Psoe grancanario apoya el decreto aunque su partido está en la oposición en el Parlamento

La posibilidad de convertir suelo rústico en suelo urbanizable genera controversia, pues según Calero es algo que «mientras para unas islas puede ser una oportunidad, para Fuerteventura puede ser un problema». Además, recordó que uno de los logros de la Ley del Suelo fue precisamente la recuperación de suelo rústico del suelo no planificado, lo que «no debería revertirse ahora para ser suelo urbanizable». 

José Miguel Ruano, consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, coincidió en que el decreto urgente afecta a la Ley del Suelo, entre otras normas, por lo que deberían permitirse modificaciones para evitar conflictos. Pidió también prudencia con los suelos de uso mixto residencial y turístico así como limitarlos a los que ya tienen esa declaración. Augusto Hildalgo, consejero de Vivienda del Cabildo grancanario, respaldó el decreto pero pidió enmendarlo porque «entra mucho en el planeamiento municipal».

Otro de los puntos polémicos es la consideración positiva del silencio administrativo, «especialmente cuando solo se da un mes a los ayuntamientos para contestar», como señaló Rosa Elena García Meneses, consejera de Servicios Sociales del Cabildo de La Gomera.

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