Canarias invita a los diputados a los centros de menores migrantes para hacerles ver la necesidad del reparto

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha invitado a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados a visitar los 70 centros de acogida en los que viven los más de 5.500 menores no acompañados que en los últimos meses han llegado a las costas canarias. La intención del Ejecutivo es hacer ver a los diputados la necesidad de modificar las leyes para hacer que el reparto de menores entre comunidades sea obligatorio y no voluntario, como ocurre hasta la fecha. 

Todos los grupos representados en el Parlamento de Canarias -a excepción de Vox- coinciden en que es necesario hacer una distribución equitativa entre comunidades a fin de garantizar los derechos de los menores. La fórmula compartida por estos grupos es la del decreto ley por ser esta vía la más rápida. No obstante, Delgado apuntó que sobre el papel se han dado al Ejecutivo central otras opciones de cambios legislativos “más amplios”. 

El único partido que se opone a la derivación de menores migrantes a otras comunidades es Vox. El motivo, según trasladó Nicasio Galván, es que para la formación de Santiago Abascal la distribución “no es una solución, sino el traslado del problema a otras comunidades”. Así, abogó por devolver a su país de origen a todas las personas que accedan al país “de forma irregular” con el fin de “evitar favorecer a las mafias del tráfico de personas”. Apuntó además que a Canarias le cuesta 10 millones de euros trasladar a los menores a la Península. 

La isla de El Hierro es la que en mayor medida está sufriendo el colapso de sus servicios públicos ante la llegada de personas por vía marítima. Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente señaló que “esta situación tiene que acabar” y lamentó que los grupos “no hayan sido capaces hasta ahora de modificar la ley para que toda España se haga cargo de los menores y, mientras tanto, El Hierro sigue sufriendo”. 

Estas llegadas a la Isla del Meridiano así como al conjunto del Archipiélago “han desbordado todas las previsiones” y pueden poner a Canarias en una situación crítica en menos de un año de no solucionarse, según apuntó el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera Casimiro Curbelo. “De no modificarse la ley, no tendremos capacidad de acogida en el plazo de un año”, apuntó. En este sentido, defendió la vía rápida del decreto ley y tildó de “más complejas” el resto de opciones planteadas por el Ejecutivo regional. 

En la actualidad, solo tres comunidades autónomas han acogido de forma solidaria a menores migrantes llegados a Canarias. Estas tres regiones están gobernadas por el Partido Popular, como señaló la portavoz del grupo Luz Reverón. “Es por esto que pedimos tres cosas: que se obligue a la acogida a todas las comunidades, que se distribuya con criterios cuantitativos y que el Estado pague las derivaciones”, concretó. 

Para llegar a un rápido acuerdo sobre la reforma, Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, exigió al Partido Socialista y al Partido Popular “un acuerdo de Estado” y les tendió la mano para colaborar en la tarea. Además, se sumó al Gobierno regional en la petición de que los diputados visiten los centros de acogida abiertos en Canarias. 

En esa búsqueda de “un acuerdo de país” coincidió también el portavoz socialista Sebastián Franquis, quien adelantó que los 23 parlamentarios canarios y los 121 diputados de su partido trabajarán a favor del cambio legislativo. “Nos parece tan importante que se lleve a cabo esa Junta de Portavoces en la que estén presentes los diputados y los parlamentarios canarios”, valoró. Una reunión que, según apuntó en la mañana de este miércoles la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, se producirá en el primer trimestre de este año.

La predisposición de “la amplia mayoría de los grupos” a la hora de buscar el cambio legislativo fue calificada como “buena noticia” por el portavoz nacionalista José Miguel Barragán, quien apuntó que los próximos pasos que se darán será esperar a que el Gobierno central haga un “enriquecimiento” de la propuesta que le trasladaron esta mañana. Ese texto servirá como “guía” a los diputados para empezar a trabajar en la modificación definitiva.