Las multas por construcciones ilegales aumentan a cifras de hace 15 años en Canarias

Canarias retrocede 15 años en la vulneración de las leyes del territorio con las denuncias por edificaciones ilegales y construcciones fuera de ordenación. En 2023 la tendencia ha sido similar a la que se viene sucediendo desde 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia del Covid, cuando comenzó un incremento imparable de denuncias que retrotraen a las que había hasta 2008, año de inicio de la crisis financiera. En 2022 se superó el millar de infracciones por actividades constructivas y en el primer semestre de 2023 se alcanzaron las 426, con una ligera caída con respecto a los mismos meses del año anterior. Aunque no se han cerrado todavía los datos oficiales del año pasado, todo apunta a que las ilegalidades se mantienen al alza.

Los dos años más duros de la pandemia –2020 y 2021– supusieron un paso atrás en el control de las infracciones urbanísticas y medioambientales. En esos dos años aumentó casi un 94% el número de expedientes abiertos por construcciones ilegales, además de un repunte de los vertederos clandestinos de residuos y de los vertidos al mar.

En el caso de las edificaciones fuera de ordenación el menor número de expedientes abierto en 20 años se logró en 2019, con 350 en el conjunto de las Islas. Cuatro años después esta cifra se ha más que triplicado hasta alcanzar los 1.021 expedientes sancionadores abiertos en 2022, según los datos oficiales, y con un 2023 en la misma línea. El auge de las reformas en las viviendas e inmuebles rurales que se vivió durante la pandemia provocó que muchos construyeran sin autorización, al existir cierta relajación por las restricciones y la alerta sanitaria. El posterior incremento de las inspecciones y de las denuncias ha provocado que se hayan disparado las vulneraciones contra el territorio y el medio ambiente.

En 25 años de actividad la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha abierto más de 58.000 expedientes de infracción por algún tipo de atentado contra el suelo rústico, las áreas protegidas, el vertido de residuos, extracción de áridos, incumplimiento de la Ley de Costas o actividades contaminantes. Han sido las infracciones por construcciones ilegales y por vertido de residuos las más numerosas y que suponen un mayor impacto sobre el territorio. De hecho estos dos tipos de sanciones suponen cerca del 77% del total de expedientes abiertos por la Agencia.

Descontrol

El descontrol sobre la acciones en el suelo rústico y protegido fue la tónica dominante hasta los inicios de la década de los 2000. A raíz de la entrada en vigor del texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias comenzaron las inspecciones y levantamiento de actas de sanción por edificar sin licencia, parcelar terrenos sin autorización y otro tipo de alteraciones sobre el territorio. Precisamente en el año 2000 se impusieron 1.821 sanciones en construcciones irregulares, el mayor número hasta la fecha. En los años posteriores hasta el 2008 las sanciones expedidas siempre superaron el millar y fue a partir de 2009 cuando se inició una caída de los expedientes tramitados hasta el 2019, cuando llegaron a 350. Sin embargo a partir de 2020 comenzó de nuevo un incremento de las ilegalidades.

En el cómputo global el número de infracciones por residuos es superior al de las construcciones. Se trata de una ilegalidad lacerante que, aunque en los últimos años ha bajado, ha habido etapas en las que se han superado las 2.000 sanciones anuales, junto a otras variantes como los vertidos al mar o la vulneración de Costas.

Por islas, donde se denuncian más irregularidades por construcciones es en Tenerife, seguida de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en materia de residuos es Gran Canaria la que acumula un mayor número de expedientes, según los datos oficiales de la Agencia. Tenerife cuenta con más de 8.000 sanciones por edificaciones ilegales, mientras que en Gran Canaria son también cerca de 8.000 las denuncias por residuos, lo que le convierte en la isla con más infracciones en el cómputo global. Un caso alarmante es el de Lanzarote donde hay una constante alza de infracciones, igual que en La Palma, isla en la que la acumulación de todo tipo de infracciones la convierte en la tercera de la serie histórica con más de 6.200 expedientes.

En las estadísticas oficiales también figura los expedientes restablecidos. En la provincia de Las Palmas los restablecimientos voluntarios fueron el 80,4%, mientras que lograron la legalización de las actuaciones el 16,9% y los restablecidos de forma forzosa fueron tan solo el 2,6%. Desde 2001 han sido 1.262 los expedientes restablecidos, según la Agencia. En el caso de la provincia tinerfeña fueron 2.569 las infracciones restablecidas pero, a diferencia de la provincial oriental, el restablecimiento voluntario afectó al 52,2% de los expedientes debido al elevado número que consiguió la legalización, un 45,3%, y solo el 2,4% fue forzoso.

Suscríbete para seguir leyendo