Podemos cree que la sentencia del Constitucional sobre Alberto Rodríguez demuestra que Batet prevaricó

Podemos ha salido en tromba a denunciar la “injusticia” cometida con Alberto Rodríguez tanto por parte del Tribunal Supremo (TS) como por la del Congreso de los Diputados por la retirada del escaño al tinerfeño en octubre de 2021 tras haber sido condenado por dar una patada a un policía siete años atrás, una vez conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del martes corrigiendo el fallo judicial por el que más tarde fue inhabilitado como parlamentario electo por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones de 2019. La formación morada considera que el fallo de la corte de garantías demuestra que el proceso para retirarle el acta al entonces diputado canario fue un claro caso de ‘lowfare’ (utilización de los tribunales para perseguir políticamente a un representante público), al tiempo que demostraría que la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cometió “prevaricación” por una decisión injusta a sabiendas.

El órgano encabezado por Conde-Pumpido anuló en su fallo la condena de cárcel y la inhabilitación y ha mantenido solo la multa por considerar que fue un “desproporcionado sacrificio” quitarle el escaño, algo que le tocó ejecutar a Batet. “Tendríamos que haber presentado la querella contra Batet porque incurrió claramente en un delito de prevaricación”, afirmó tajante ese miércoles la líder de Podemos, Ione Belarra, en referencia al amago que la formación morada hizo en su momento, pero que finalmente desestimó para no incomodar al PSOE, su socio de gobierno.

Precisamente la negativa de la dirección de Podemos a presentar esa querella contra Batet fue una de las razones que llevó a Rodríguez a abandonar esta formación, en la que militaba desde la creación de la misma en 2015. Belarra considera que el TS “presionó” a la entonces presidenta del Congreso y que esta “cedió aún sabiendo que la sentencia no comportaba la inhabilitación” de Rodríguez como diputado.

Recuerda en este sentido la dirigente morada que los servicios jurídicos de la Cámara habían respaldado el primer acuerdo de la Mesa y de la presidenta de no quitarle el escaño al tinerfeño, pero que luego “redactaron otro informe para justificar y amparar la posterior decisión de Batet” tras una consulta al TS sobre cómo ejecutar la sentencia y la posterior y ambigua respuesta por parte del magistrado Manuel Marchena, presidente de la sala sentenciadora, en la que no se explicitaba que el fallo obligaba a la inhabilitación. “El PSOE debe responder a esta sentencia del TC”, afirma Belarra, quien expresó además su convicción de que Pedro Sánchez evitó volver a presentar a Batet como candidata a repetir en el cargo en el inicio de la nueva legislatura “porque sabía que el TC iba a dar la razón a Alberto Rodríguez y que eso la obligaría a dimitir”. “Fue una consecuencia directa del análisis que hizo el PSOE sobre lo que iba a pasar con el recurso de amparo de Alberto Rodríguez ante el TC”, afirmó ayer la secretaria general de Podemos.

“El PSOE debe responder a esta sentencia del Tribunal Constitucional; A Alberto Rodríguez le quitaron su escaño en el Congreso por ser de Podemos, tras un caso de ‘lawfare’ de libro"

Ione Belarra

— Secretaria general de Podemos

“A Alberto Rodríguez le quitaron su escaño en el Congreso por ser de Podemos, tras un caso de ‘lawfare’ de libro. Hoy el TC da un fuerte varapalo a la Presidenta socialista del Congreso que le hizo el trabajo sucio al Tribunal Supremo. Todo esto hace un daño profundo a la democracia”, había escrito Belarra en su cuenta de ‘X’ -antes Twitter- el mismo martes tras conocerse la sentencia del TC. En realidad, Podemos no solo apunta a Batet, que en la actualidad no ostenta ningún cargo público, tras dimitir como diputada el pasado 6 de septiembre, sino también a los propios servicios jurídicos de la Cámara baja por avalar con un informe la retirada del escaño al entonces diputado de esta formación. Da a entender, de esta forma, que los letrados del Congreso también podrían haber incurrido en un delito de prevaricación elaborando un informe, ahora desautorizado por el TC, que iba en dirección contraria al emitido pocos días antes en ese caso señalando que la sentencia del Supremo no comportaba la inhabilitación de Rodríguez dado que esta condena había sido sustituida por el pago de la multa accesoria impuesta de 450 euros.

Decisión errónea

En los mismos términos se expresó la diputada canaria de Podemos por Las Palmas, Noemí Santana, quien, de facto, apuntó mucho más directamente a los letrados del Congreso, y por extensión al secretario general del Congreso en aquel momento, Carlos Gutiérrez, aunque sin mencionarlo, como firmante del documento que avalaba la inhabilitación de Rodríguez. “Nos alegramos de esta sentencia y lo que hay que hacer ahora es poner el foco en las personas que tomaron una decisión errónea en aquel momento”, afirma Santana. “Esto debe tener consecuencias porque si no la calidad democrática en nuestro país se está poniendo en jaque. Privar a una persona que ha sido elegida por la ciudadanía de la condición de diputado por una valoración que se ha demostrado errónea es algo que no se puede repetir. Habrá que buscar reparación y responsabilidad”, subraya.

Apunta en este sentido que “hubo un informe jurídico de los letrados de la Cámara que avalaba la inhabilitación decidida por Batet y habrá que hacer la valoración del hecho de que los letrados hicieron un informe que ha sido tirado por tierra por el TC”. “Eso hay que valorarlo y mirarlo de cara al futuro para que no se vuelva a repetir, y la responsabilidad política de Batet es algo a lo que debe responder el PSOE, porque aunque ya no tiene responsabilidades políticas, de alguna manera debe asumir que se equivocó”, remachó la diputada canaria.

El falló del TC no abre ni menciona la posibilidad de que el ex diputado canario pueda tener derecho a indemnización por la inhabilitación ahora virtualmente anulada por el TC, aunque aún queda pendiente de sentencia, en un próximo pleno de la corte de garantías, el recurso paralelo que Rodríguez presentó contra la decisión de Batet, es decir, contra la consecuencia directa la sentencia del Supremo ahora corregida. Fuentes jurídicas señalan que, muy probablemente, al haber decaído parcialmente la condena del Supremo, la impugnación contra la pérdida del escaño ha perdido su sentido y no requerirá resolución, lo que impedirá probablemente que el TC se pronuncie sobre la posible indemnización a Rodríguez por los daños causados, entre ellos la remuneración económica correspondiente al tiempo transcurrido entre la pérdida del escaño, en octubre de 2021, hasta la disolución de las Cortes en mayo de 2023, más de año y medio. Tendría en todo caso, según esta tesis, que reclamarla él en un nuevo procedimiento legal.

Por su lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles al TC de “suplantar” al Supremo de forma reiterada al “corregir” sentencias como la de Alberto Rodríguez. Feijóo ha afirmado que considera “grave” esta manera de actuar y cree que el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, “está probablemente de forma consciente e intencionada mandando un mensaje al Tribunal Supremo”

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