El Estado asume cambiar la ley para un reparto obligatorio de los menores migrantes

El Gobierno central dio este jueves el primer paso teórico para una futura reforma del la ley del Menor que comporte la asunción por el Estado de parte de las competencias en la tutela y acogida de menores migrantes no acompañados, y que establezca una “solidaridad obligatoria” y, por tanto, un reparto de estos niños, niñas y adolescentes que llegan por vía marítima a Canarias y otras regiones fronterizas, entre todas las comunidades autónomas. Fue en el marco de la Conferencia Sectorial de la Inmigración reunida por primera vez desde hace cinco años y en la que representantes de varios ministerios garantizaron que el proceso se iniciará ya en enero y con el compromiso de tener en cuenta una propuesta elaborada por el Gobierno de Canarias.

Esta fue la principal conclusión de la cumbre entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con los representantes de las comunidades autónomas y a la que también asistieron los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres. La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, planteó en la reunión la necesidad urgente de acordar un sistema estable de acogida de migrantes menores similar al que ya hay operativo para el caso de migrantes adultos, pero solo pudo concretar la puesta en marcha de un grupo de trabajo para estudiar la medida, aunque valoró positivamente el hecho de que vaya a ser de manera inmediata, el próximo mes, y que las demás comunidades se hayan mostrado conformes con la medida.

La propuesta fue acogida, efectivamente, sin aparente oposición del resto de comunidades autónomas, aunque, eso sí, condicionaron su apoyo a que la misma contemple una financiación adecuada por parte del Estado para poder hacer frente a los gastos que conllevará la acogida de estos menores. Delgado afirmó en este sentido que “ninguna comunidad autónoma se ha negado nunca a acoger más menores migrantes, sino que reclamaban una financiación adecuada”. “La idea que plantea Canarias es modificar la ley del Menor y adaptarla a la situación y que sea también competencia del Estado. Esto nos permitirá hacer una distribución de manera corresponsable y más fuentes de financiación”, resaltó la consejera, quien recordó, por otro lado, que la reforma necesitará del apoyo del PP en el Congreso y en el Senado, y confió en que su aplicación efectiva se pueda hacer, como muy tarde, antes de un año, es decir, a lo largo de 2024.

Lo cierto es que tanto la ministra Saiz como el propio Torres resaltaron ante los representantes autonómicos en la reunión de este jueves que la reforma legal para propiciar la “solidaridad obligatoria” en esta materia está recogida de maneta específica en la agenda canaria firmada por el PSOE y CC para la presente legislatura y que es voluntad del Ejecutivo cumplirla. Sin embargo, explicaron que esta cuestión no era competencia de la Conferencia Sectorial para la Inmigración reunida en ese momento y que deberá abordarse por ello en el órgano correspondiente que depende del Ministerio de Juventud e Infancia, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En todo caso, en la reunión este ministerio estaba representado por la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Lucia Losoviz, que aprovechó para anunciar que va a convocar a la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia en enero para empezar a trabajar en el reparto de los más de 4.200 menores que Canarias acoge en estos momentos, cuya acogida por parte de las demás comunidades autónomas seguirá siendo voluntaria, y garantizó mayor financiación que los 20 millones que han tenido que repartirse durante 2023.

Será precisamente ese marco en el que se empezará a estudiar la reforma de la ley del Menor que reclama Canarias, ya que el grupo de trabajo lo conformarán precisamente los directores generales con competencias en la materia de las distintas comunidades autónomas. “Lo que estamos haciendo desde Canarias es una propuesta de borrador de lo que entendemos que se tiene que modificar en esa ley y lo remitiremos a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y al de Juventud e Infancia para que lo tengan en cuenta”, resaltó la consejera canaria. Delgado, que precisamente fue elegida por unanimidad vicepresidenta de la Conferencia Sectorial, se mostró cauta al valorar la reunión de este jueves y evitó echar las campanas al vuelo. Aseguró así que “nosotros pensábamos que hoy podríamos salir con un instrumento de financiación, no ha sido así, pero al menos hemos quedado emplazados para discutirlo en ese grupo de trabajo que se va a hacer”. “Hemos puesto sobre la mesa todas las dificultades que nos encontramos, pero no salimos satisfechos porque pensamos que de esta reunión podía salir ya un acuerdo de más financiación y de ese reparto obligatorio. Sí se nos ha emplazado a nuevas reuniones”, afirmó la consejera.

“Nosotros pensábamos que hoy podríamos salir con un instrumento de financiación, no ha sido así, pero al menos hemos quedado emplazados para discutirlo"

Candelaria Delgado

— Consejera canaria de Bienestar Social

Traslado de adultos

Delgado enfatizó en el hecho de que las comunidades autónomas están de acuerdo y asumen el cambio normativo si ello conlleva más financiación”, recordando que en Canarias “ya llevamos 78 millones solo por la atención inicial de los migrantes, en gasto sanitario vamos por 12 millones, y en gastos educativos ya son 3 millones”. “Eso ninguna comunidad autónoma puede seguir soportándolo mucho tiempo. Urge un cambio legislativo para que todas podamos afrontar con responsabilidad esta tarea”, resaltó. Delgado destacó además que en el plazo de un mes se creará un comité técnico para estudiar la forma en cómo se traslada información a los gobiernos regionales del traslado de migrantes adultos desde Canarias a otras regiones, uno de los aspectos por lo que las comunidades gobernadas por el PP habían solicitado la sectorial.

“Hay que establecer todos los mecanismos de interlocución para que todas las comunidades autónomas puedan planificar los servicios que hagan falta, asistencia sanitaria, servicios sociales, etc. La atención que presta el Ministerio va de uno a seis meses, pero después muchos de esos migrantes deciden quedarse en España y tienen que ser atendidos”, recalcó la consejera, quien valoró también que la ministra de Migraciones anunciara que visitará Canarias los días 9 y 10 de enero. “Será el momento en que también nos reuniremos para evaluar la situación en que se encuentran los distintos dispositivos para migrantes, y ver como seguimos avanzando con el Estado para atender de manera correcta a los menores”, afirmó antes de recalcar que también había puesto sobre la mesa la posibilidad de que para la abordar las consecuencias de la crisis migratoria se puedan utilizar fondos europeos.

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