Canarias ofertará casi 10.000 plazas de empleo público antes de fin de año

Avalancha de convocatorias de empleo público antes de finalizar 2023. El Gobierno regional publicará en diciembre las ofertas de nuevas plazas para la Comunidad Autónoma en Administración General, Sanidad y Educación que suman alrededor de 9.400 puestos de trabajo por concurso oposición. La Dirección General de Función Pública trabaja a marchas forzadas para llevar al Boletín Oficial de Canarias la oferta de empleo público de 2023 antes del 31 de diciembre con unas 400 plazas de diferentes categorías, mientras que hace unos días Sanidad pactó con las centrales sindicales una oferta de 7.800 plazas y en Educación hace algunas semanas se acordó lanzar la convocatoria para 1.164 vacantes, que tendrán que llegar al BOC para que cause efectos este año. Junto a estas convocatoria el Ejecutivo también tiene que publicar la fecha de las pruebas de las diferentes categorías correspondientes a la OPE de 2020 –373 plazas– ya que están a punto de cumplirse tres años desde su publicación en el Boletín, plazo en el que caduca la oferta si no se desarrolla tal y como establece la legislación vigente. De esta forma, las convocatorias suman cerca de 10.000 puestos de trabajo.

Los problemas surgidos en las recientes pruebas para el cuerpo de administrativos, que finalmente fueron anuladas y denunciadas en el juzgado, corresponden a la oferta pública de empleo de 2019, cuyas convocatorias se publicaron en diciembre de 2022, es decir, al límite del plazo legal establecido de tres años. Cuatro años después de su lanzamiento miles de opositores se encuentran en el limbo sobre el futuro de esta prueba y los funcionarios de carrera que forman parte de los tribunales tienen pocas ganas de formar parte de los mismos ante el cariz que ha tomado la controversia, debido a las denuncias interpuestas en el juzgado.

Sanidad ‘funcionariza’ los 7.000 puestos de trabajo creados durante la pandemia

Oferta pendiente de 2020

Ahora toca el turno para convocar las pruebas de la oferta de 2020, con 373 plazas a cubrir, 295 de ellas por el turno libre y 78 de promoción interna. Los sindicatos han advertido a Función Pública de la necesidad de ejecutar las pruebas ya que si no lo hacen caducarían, a tenor de lo establecido en el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público que establece que «la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años». El BOC del pasado viernes publicó en varias tandas los anuncios, con carácter previo a las convocatorias, de los programas de temas para el ingreso, tanto por el sistema general de acceso libre como por promoción interna, en diferentes cuerpos y escalas para la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2020, aprobada mediante el decreto 124/2020, de 10 de diciembre.

En las cerca de 300 plazas convocadas por el turno libre hay vacantes de administradores generales –31 puestos–, gestores –35–, administración sanitaria –25– o gestión tributaria –23– como cuerpos más destacados, además de arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, técnicos de prevención, tributarios, etcétera.

Por otro lado, Función Pública convocará en los próximos días la mesa de negociación con los sindicatos representativos de los empleados públicos para dar el visto bueno a la OPE de 2023, a fin de que el Consejo de Gobierno apruebe decreto de convocatoria antes del 31 de diciembre. La intención es ofertar unas 400 plazas entre turno libre y promoción interna, siguiendo la estela de los últimos años en la Administración General de la Comunidad.

Hace una semana la mesa sectorial de Sanidad pactó las bases de la OPE sanitaria de 2023 con más de 7.800 plazas, de las cuales 841 corresponden a la tasa de reposición ordinaria y 7.008 plazas a la tasa excepcional específica prevista en la Ley de Presupuestos del Estado.

En el caso de Educación, a finales de octubre se acordó un oferta de empleo público de 1.164 plazas docentes que incluyen tanto la tasa de reposición de la plantilla como el cupo de estabilización previsto en la normativa.

10.640 solicitudes

Con todos estos procesos en marcha, Función Pública también tiene sobre la mesa los procesos de estabilización surgidos de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Las cifras demuestran la respuesta masiva que han obtenido estos procesos a pesar de ser restringidos para consolidar las plazas que ocupa el personal interino que trabaja para la Comunidad Autónoma. En el caso de la Administración General es llamativo que para la estabilización de 3.499 plazas en 187 convocatoria se hayan presentado nada menos que 10.640 solicitudes, con una ratio media de tres solicitantes por plaza.

Ante estas cifras la casuística es muy variada. Se presentan no solo los que ocupan la plaza a consolidar sino también empleados de otras categorías y vacantes de la Administración autonómica o personas procedentes de otras administraciones públicas como ayuntamientos y cabildos. También hay empleados que optan a varias categorías con los méritos de los que disponen. La complejidad a la que se enfrenta Función Pública ha provocado que se esté solicitando personal de refuerzo ya que hay que cribar todas las solicitudes, la documentación presentada y desestimar las que no cumplen con los requisitos para dar el plazo correspondiente para resolverlas.

Según los datos oficiales, para las 93 plazas de funcionarios de larga duración hay 686 solicitudes presentadas con 33 convocatorias, mientras que para el personal laboral de larga duración hay el doble de solicitudes que de plazas: 3.150 plazas ofertadas en 115 convocatorias para las que hay 6.246 peticiones que han concurrido. Todas las plazas de larga duración se dirimirán por concurso de méritos.

En la estabilización de corta duración las 99 plazas de funcionarios ofertadas son las únicas que son por el sistema de concurso oposición, para las que se han presentado 1.452 solicitudes. En laborales hay 157 puestos ofertados en 20 convocatorias y 2.256 peticiones también por el sistema de concurso. Aunque Administraciones Públicas se afana por cumplir con los plazos establecidos no se descarta que se demande al Estado una ampliación del plazo previsto y que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

Más de un año perdido

La ley 20/2021 es del 28 de diciembre de 2021, por lo que lleva cerca de dos años de aplicación y establece un plazo de tres años para reducir la tasa de temporalidad del empleo público en España, de tal forma que todos los procesos de estabilización deben estar culminados el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el actual equipo de la Consejería de Administraciones Públicas se queja de que se perdió más de un año, periodo en el que hubo muy poca actividad relacionada con estos procesos, de tal forma que ahora se juntan sobre la mesa varios procesos y 10.640 solicitudes de estabilización para 3.499 plazas a consolidar. El año 2024 será clave para el desarrollo de estos procedimientos ya que tanto el Estado como la UE están vigilantes porque Canarias está entre las comunidades con mayor temporalidad. | R.A.D.

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