Rafael Jiménez: «Los procesos de estabilización llevan a la mediocridad en la Administración»

Su libro El legado de Galdós muestra cómo aún se mantienen los vicios de la Administración pública que tan bien reflejó en sus novelas el escritor canario. ¿Qué queda del siglo XIX?

De Galdós se ha escrito mucho pero quizás faltaba un análisis de lo que era la mirada galdosiana sobre la política española y el funcionamiento de la Administración pública, que abarcó prácticamente 100 años. Galdós fue un analista político extraordinario y ya puso de relieve en esa época que España tuvo muy mala suerte con los políticos y creo que la seguimos teniendo ahora.

¿Y qué paralelismos hay entre lo que narró Galdós de su época y la situación en la que estamos ahora?

El legado más relevante de Galdós no es solo el administrativo, que también, sino el político porque de la política que se hacía en el siglo XIX nos quedan los legados intangibles que el escritor los precisa de forma magnífica. Entre los obstáculos que hemos heredado de aquella época está el modo sectario de hacer política, lo que él llama la política menuda con políticos que utilizan el sistema para enriquecerse y enriquecer a los suyos, que son los primeros síntomas de corrupción que iniciaron su aparición en el siglo XIX. Desde el punto de vista administrativo también quedan cosas como es el clientelismo político, la alta Administración está muy politizada porque la política quiere tener el control. Se trata de un legado patológico porque de esto no se libera nadie ya que en el juego clientelar entran todos los partidos porque no hay una estructura directiva profesional en la Administración, que está al albur de lo que deciden los políticos cuando llegan al poder. La función pública está bastante desprofesionalizada de un tiempo a esta parte y con los procesos de estabilización estamos deconstruyendo la función pública.

«Galdós fue un analista magnífico y puso de relieve que tenemos mala suerte con los políticos»

Muchos gobiernos han prometido la reforma de la Administración pero es algo que nunca se termina de concretar, ¿no?

La reforma de la Administración ya no está en los programas de los partidos y ha caído de la agenda política porque es compleja, difícil y conlleva abordar el cambio de estructuras, la simplificación y reducción de cargas y, sobre todo, la gestión del personal, que es lo más difícil. Nadie se atreve a hacer como en otros países que es contar con estructuras profesionales en la alta función pública, hasta Portugal las tiene. Allí no se nombra a un directivo o alto cargo por afinidad política sino por un procedimiento donde se deben demostrar los méritos y la competencia profesional en la materia que se va a gestionar.

Usted es crítico con los procesos de estabilización ¿la responsabilidad no es más de los gobiernos que de los afectados?

Lo que ha habido es una falta de previsión de efectivos, aunque la Administración del Estado tiene una tasa de interinidad muy baja. Hay administraciones, pocas, que han hecho sus deberes y también es cierto que en la crisis económico se cerró durante varios años la posibilidad de convocar procesos selectivos, pero eso es solo una parte del problema. Lo fundamental es que hay administraciones públicas que han estado 20 años sin convocar ofertas de empleo público y ahí la crisis no tiene nada que ver. Se trata de dejación y falta de diligencia y la culpa la tiene la política, que tiene la responsabilidad de que los procesos selectivos se lleven a cabo. Hemos llegado a un punto en el que la Unión Europea ha tenido que poner freno a esta situación y obligar a España a reducir la tasa de temporalidad, a lo que se une el relevo generacional que ya ha empezado, lo que supone que en 10 o 15 años más del 30% de las plantillas tendrán que ser sustituidas y esto sí será una conmoción para la función pública. Hay datos recientes de 2023 en los que se evidencia que la temporalidad sigue creciendo desde que se aprobó la ley de 2021 de reducción de la temporalidad.

«No hay previsión de efectivos, hay administraciones que llevan 20 años sin convocar oposiciones»

Las necesidades derivadas de la gestión obligan a contratar más personal interino, ¿no es una pescadilla que se muerde la cola?

Cuando hablamos de temporalidad debemos referirnos a puestos estructurales. El problema de muchas administraciones públicas es que no saben o no pueden generar una política de previsión de efectivos, no tienen planteamientos estratégicos, no hay medidas de adecuación de las necesidades de recursos humanos. Hay muchas carencias y en la agenda política todo esto se ha caído y ahora funciona por impulsos de populismo funcionarial como es el caso de la Ley 20/21. Este sistema implica que los requisitos para acceder a la función pública son muy bajos, de esta forma en vez de captar a los mejores perfiles profesionales y atraer el talento estamos haciendo el camino contrario y vamos hacia la mediocridad. En 20 años los efectos de esta ley serán devastadores.

Tampoco se ha cumplido con el adelgazamiento de las administraciones que han cedido competencias, ¿no?

Lo que percibo son déficits de las capacidades administrativas de las comunidades autónomas. Nos creímos la idea de que la proximidad de la Administración al ciudadano iba a mejorar la gestión. 40 años después esto está en cuestión y las comunidades tienen debilidades de gestión que resienten los servicios públicos.

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