Los jefes de las policías locales exigen estar en la negociación de la Ley de Coordinación

Los colectivos Ajespol y Feajespol rechazan la postura excluyente de la Fecam

Víctor Borges (centro), flanqueado por David del Pino y José Marrón

Víctor Borges (centro), flanqueado por David del Pino y José Marrón / E.D.

El nuevo presidente de la Asociación de Jefes de las Policías Locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ajespol), Víctor Borges, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Canarias (Feajespol), Pedro Gordillo, exigen estar en las comisiones de control y en los órganos de decisión sobre la reforma de la Ley de Coordinación de los cuerpos de seguridad municipales en el Archipiélago.

Además, Borges deja claro que, como técnicos, los mandos deben aportar sus planteamientos en las reuniones en las que se definirá el nuevo marco normativo de estos funcionarios.

Para numerosos policías locales, sindicalistas y jefes de las policías locales del Archipiélago no han pasado desapercibidas las contundentes declaraciones realizadas por la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria, ante la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, en la mañana del jueves.

Brito afirmó, de forma tajante, en presencia de Barreto que ya existe un texto avanzado sobre lo que debe ser la nueva legislación de Coordinación de las Policías Locales; que los jefes de las policías locales y los sindicatos no deben estar presentes en los órganos de decisión sobre dicha normativa, y que se debe incluir a los "agentes interinos", como figura extraordinaria, en la futura Ley.

La consejera respondió, de forma muy escueta, que en el debate de dicho documento hay que articular mecanismos y dar "voz" a todos los representantes del colectivo de la Policía Local.

Víctor Borges explica que los jefes de las policías locales están a favor del anteproyecto de Ley que se elaboró en el periodo de mandato comprendido entre 2015 y 2019, cuando Nieves Lady Barreto también era la consejera de Seguridad.

"Somos técnicos" y "una parte importante" de los grupos a los que afectará directamente el futuro marco normativo, aclaró el también jefe de la Policía Local de Arafo.

Recordó que en las comisiones de control "debe haber tanto representantes de los jefes como de los sindicatos mayoritarios", por lo que "no cabe una negociación bilateral" entre Fecam y administración autonómica.

Recuerda que en la actualidad se da una situación diferente a la que existía en el anterior periodo de mandato en el Gobierno canario, con un Ejecutivo integrado ahora por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Javier Díaz, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), explica que un policía interino "estará tres años como máximo". Una de las consecuencias de disponer de esa figura es que, o bien cumple con los mandatos del alcalde o concejales, o corre el riesgo de perder su salario, apunta dicho delegado sindical. Y, además, en opinión de Díaz, otro de los obstáculos es que, si uno de estos agentes, detiene a un delincuente, corre el riesgo de que se tropiece con el mismo una vez que ya no sea integrante del cuerpo de seguridad; es decir, que sea un ciudadano más, sin respaldo jurídico alguno y que pueda sufrir la venganza del "malo".

Para Díaz, es "una cuestión de sentido común". Recuerda que para algunos municipios de la Península sí resulta válido el policía interino, en la medida en que puede haber muy poca población, la delincuencia es casi inexistente y tales empleados se pueden dedicar a tareas administrativas. Pero aclara que esa no es la realidad de la inmensa mayoría de los municipios canarios en estos momentos.

También explica que "los policías locales somos la primera fuerza que actúa en cualquier tipo de delito" y de qué manera se va a enfrentar a un individuo violento un agente interino si ni siquiera puede llevar arma de fuego reglamentaria.

Desde su punto de vista, "se quiere aparentar sensación de seguridad, pero no generarla realmente". Y expone que la falta de integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resulta alarmante, lo que lleva a que en amplias comarcas del norte y el sur de Tenerife, por ejemplo, sólo haya una patrulla del Instituto Armado en horario nocturno.

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