La Justicia falla que el control horario de los funcionarios no es del Gobierno

La batalla legal y judicial iniciada hace dos años entre la empresa MHP y el Gobierno regional por el Sistema Integral de Control Horario (Sicho) de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma se dirime ahora en la vía penal, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado que el Gobierno no se ha apropiado por la vía de los hechos del software (programa) que sostiene este sistema de control de la jornada laboral. El origen del pleito fue en julio de 2021 cuando el Consejo de Gobierno decidió de forma unilateral, según la empresa, sacar a concurso público el control horario por considerar que el Sicho era de su propiedad. Incluso la Dirección General de Función Pública, en una resolución posterior, señaló por escrito que la Comunidad Autónoma era propietaria «en exclusiva» del sistema.

Este conflicto ha provocado varias demandas por la vía contencioso administrativa y penal, requerimientos, recursos e impugnaciones en estos dos años. El calvario no ha acabado para el administrador único de la empresa que creó el programa y código fuente del Sicho, Moisés Hernández, pero ahora respira un poco más aliviado a raíz del reciente fallo del TSJC que especifica que la Administración autonómica tiene la propiedad de una «licencia» del software y no del programa, que la empresa tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, origen de la primera denuncia presentada en su momento cuando el Ejecutivo dio por finalizado el concurso anterior y empezó los trámites del siguiente.

El TSJC responde a la reclamación de la empresa, que había presentado una demanda contra la Comunidad Autónoma al dar por hecho una «expropiación» saltándose todas las normas y dejando en indefensión a la empresa que creó el Sicho. El tribunal no aprecia la existencia de vía de hecho (apropiación o expropiación forzosa sin seguir la legalidad) «cuando la Administración estima que la propiedad de la licencia de software es suya a la vista de los contratos suscritos entre las partes, contratos que no han sido impugnados ni sus cláusulas ni los requerimientos efectuados para la entrega», especifica el fallo del TSJC. Con este fallo la empresa considera que se ratifica que es propietaria del programa y que todo lo que ha hecho Función Pública en estos dos últimos años «no tiene ningún sentido», por lo que «el Sicho es mío y en eso no hay discusión», asevera Moisés Hernández.

Sin embargo, este pleito judicial por la vía contencioso administrativa ha derivado en una querella penal por presunta falsificación de documento público, que está en manos de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. MHP mantiene que cuando solicitó a Función Pública toda la documentación del concurso del Sicho de 2007 se le entregó una memoria justificativa que no es la original y que tiene indicios verosímiles de estar presuntamente falsificada para justificar los argumentos del Ejecutivo sobre la propiedad del programa. Para Hernández Padrón esta situación es «muy grave» y las diligencias penales están abiertas para dirimir y cotejar la denuncia presentada por la empresa. En el contrato que suscribió MHP en 2008 se especifica que el programa del Sicho fue ideado y desarrollado por los programadores de la empresa y que este sistema ya venía funcionando en los juzgados de la Administración de Justicia desde 1997 y en otros organismos públicos.

Documentación

Por ello la sociedad mercantil demandó en reiteradas ocasiones a Función Pública que le dejara acceder a toda la documentación del concurso desde su origen y fue analizando la memoria cuando saltó la liebre sobre la presunta falsificación del documento y la posterior querella, que ahora está siendo investigada. La denuncia se presentó hace un año y cuando el titular de la empresa recibió el expediente lo puso en conocimiento de Presidencia del Gobierno al darse cuenta de la presunta falsificación, sin que se llevara a cabo ningún tipo de actuación por parte del entonces presidente, Ángel Víctor Torres, según explica Moisés Hernández.

Para enredar aún más la situación el exconsejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, firmó a finales de junio, antes de dejar el cargo, una sanción contra la empresa MHP de 1,6 millones de euros por un presunto incumplimiento de contrato. Este tipo de sanciones se denominan «penalidades» y corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2021, poco después de que el Gobierno lanzara el concurso público arrogándose la propiedad del Sicho y antes de la finalización del contrato, que fue el 30 de septiembre de ese año. En ese intervalo de tiempo «intenté en reiteradas ocasiones ponerme en contacto o reunirme con la directora general de Función Pública y tuve la callada por respuesta», recuerda Moisés Hernández. El pasado mes de septiembre de 2022 se abrió el procedimiento y hace unos días, con el Gobierno ya en funciones, se resolvió imponer a la empresa esta sanción que se eleva a 1,6 millones.

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