Canarias deja sin gastar 616 millones de euros en inversiones en 2022

La Comunidad Autónoma dejó sin ejecutar en 2022 un montante de 616,4 millones de euros destinados para inversiones. Lo revelan los datos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Las mayores dificultades para cumplir la programación anual vuelven a estar en las inversiones directas, es decir, en esas obras y trabajos que el Gobierno de Canarias y sus entidades dependientes deben planear, licitar y adjudicar con sus propios medios. Es el caso, por ejemplo, de los grandes proyectos incluidos en el convenio de carreteras suscrito con el Estado. Estos dineros para inversión directa se consignan en el capítulo VI de los presupuestos, y resulta que de los 813,9 millones con que el Ejecutivo regional contó el año pasado, hasta 336,4 se quedaron sin ejecutar, esto es, sin invertir. Dicho de otro modo: de cada diez euros anotados en el capítulo VI de los presupuestos de 2022, cuatro euros y 33 céntimos no se tocaron, un 41,33%.

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, habló en febrero del «alto grado de ejecución» alcanzado el año pasado en las operaciones de capital. Las operaciones de capital incluyen las inversiones directas –consignadas, cabe insistir, en el capítulo VI de los presupuestos públicos– y las indirectas, que se anotan en el capítulo VII, el de las transferencias de capital. En este último están los fondos que el Ejecutivo transfiere –de ahí el nombre del capítulo presupuestario– a otras administraciones, como cabildos y ayuntamientos, para que sean estas las que los inviertan. El Gobierno le manda el dinero al ayuntamiento y este lo emplea en la reforma de la plaza del pueblo, en el asfaltado de una vía o en la construcción de una casa de la juventud. En definitiva, es la suma de ambos capítulos, VI y VII, la que muestra cuánto pretende invertirse a lo largo del año, ya sea por vía directa o por vía indirecta. Según avanzó el número dos del Gabinete presidido por Ángel Víctor Torres, el Gobierno logró ejecutar en 2022 un nada desdeñable 81,04% del total consignado para inversiones. Sin embargo, si se tiene en cuenta todo el dinero del que en verdad dispuso el Ejecutivo a lo largo del pasado ejercicio, el porcentaje de ejecución cae por debajo del 65%. E incluso por debajo de un modesto 60% en el caso de las inversiones directas o reales.

El 81% en que el Gobierno cifra la ejecución de las inversiones es sobre el presupuesto inicial

Los presupuestos son una previsión, el cálculo de lo que una empresa o institución prevé ingresar y gastar a lo largo de un año determinado. Por lo tanto, estas cuentas van actualizándose conforme esa empresa o esa institución se ve obligada a gastar más de lo previsto en un determinado ámbito –como ocurrió con el gasto sanitario durante la pandemia, que se disparó– o recibe u obtiene más dinero de lo calculado en un principio. Por eso en contabilidad debe diferenciarse entre el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo. En el caso de la Administración pública, será imposible encontrar un presupuesto inicial que coincida con el definitivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la concejalía o consejería de Hacienda estima los ingresos por el cobro de impuestos en una cantidad con amplio margen de error, ya que la recaudación puede hundirse si sobreviene una crisis o dispararse, como ocurre ahora en el Archipiélago, a consecuencia de la inflación. De modo que lo ortodoxo a la hora de calcular el mayor o menor nivel de ejecución presupuestaria es tomar como referencia las cuentas definitivas, esto es, las reales, toda vez que las iniciales, toca insistir, son una previsión. Ocurre que ese 81,04% adelantado por Rodríguez es el porcentaje de ejecución de las inversiones en función del presupuesto inicial, no del definitivo, en cuyo caso se queda, exactamente, en un 64,59%. En términos estrictos, el Gobierno de Canarias invirtió a lo largo del año pasado 64 euros y 59 céntimos de cada cien euros de los que dispuso para este fin.

El porcentaje no llega al 65% de todos los fondos de los que en realidad dispuso el Ejecutivo canario

Lo cierto es que los datos de ejecución presupuestaria suelen manejarse al antojo de los distintos ejecutivos y fuerzas políticas, en este último caso según estén en el gobierno o en la oposición. A veces conviene destacar lo mucho que se ha invertido y se vende el porcentaje de ejecución a partir del presupuesto inicial, obviando así el definitivo; otras veces se publicita que se ha gastado más y hasta mucho más de lo previsto pero se omite el porcentaje en el caso de los capítulos de inversión, que son los que en verdad miden la eficacia de un ejecutivo a la hora de sacar adelante su programación anual –pagar nóminas es sencillo, el reto es invertir bien–; y en otras ocasiones, en fin, se comparan los mejores datos en este o aquel apartado con los que lograron anteriores gobiernos de otras siglas políticas. Un uso partidista de los presupuestos públicos y de su mayor o menor ejecución que es un mal extendido por toda España. Por eso conviene esperar a que el Ministerio de Hacienda publique toda la información antes de sacar conclusiones.

El histórico bajo ritmo de las obras presupuestadas en el capítulo VI persiste un ejercicio más

Las cifras

La Consejería de Hacienda, que es la encargada de elaborar las cuentas públicas del Archipiélago, consignó inicialmente para inversiones durante 2022 un total de 1.387,1 millones de euros. Al cabo del año se invirtió o gastó de forma efectiva un montante de 1.124,3 millones. El resultado es ese susodicho 81,04% –en realidad es un 81,05%– del que informó el Gobierno de Canarias. Ahora bien, el Ejecutivo de las Islas no manejó esos 1.387,1 millones de euros anotados en un principio en los capítulos VI y VII, sino que en realidad contó con 353,6 millones más, con un total de 1.740,7. En consecuencia, lo que se invirtió sensu stricto fue un 64,59% de la suma global. O lo que es lo mismo: se quedó sin ejecutar, sin gastar o sin invertir hasta un 35,41% de los dineros, un importe de 616,4 millones de euros. En cualquier caso, conviene analizar por separado las cifras de los capítulos VI y VII, de tal forma que puedan verse los distintos ritmos de ejecución de las inversiones directas e indirectas. Además, la desagregación de ambos capítulos presupuestarios ayuda a ver en qué medida el incremento de los dineros durante el ejercicio por el goteo de fondos europeos complicó la ejecución.

Hay que tener en cuenta que la lluvia de dinero procedente de Bruselas añade presión a la hora de ejecutar las inversiones, máxime en una región con unos históricos malos datos en este aspecto. De hecho, el propio consejero de Hacienda viene insistiendo en que el actual Gobierno ha manejado cantidades anormalmente altas y, aun así, puede presentar unos dignos porcentajes de ejecución. Es cierto que si se tiene previsto invertir un millón y al final se dispone de cien millones, pues será difícil tener proyectos redactados y suficientes medios materiales y humanos para sacar adelante obras por semejante cuantía. Y, además, también hay que tener presente que parte de esos dineros que se incorporan al presupuesto a lo largo del ejercicio llega en ocasiones en la recta final del año, con lo que no queda tiempo para poner en funcionamiento toda la maquinaria administrativa necesaria para poder ejecutarla. Ahora bien, los datos del Ministerio dirigido por María Jesús Montero muestran que la mayor parte de los 353,6 millones que se incorporaron durante 2022 al presupuesto para inversiones fue a parar al capítulo VII. Es decir, es dinero que en realidad el Ejecutivo debe transferir a los cabildos y ayuntamientos para que estos lo inviertan, de ahí que los porcentajes de ejecución de este capítulo, el de las transferencias de capital, suelan ser más altos y hasta mucho más altos que los del capítulo VI, el de las inversiones reales. No en vano, la labor del Gobierno en el capítulo VII se limita, en palabras gruesas, a transferir fondos, mientras que en el capítulo VI el éxito de la inversión depende en exclusiva de su mejor o peor hacer –de tener los proyectos redactados y actualizados, de licitar en tiempo y forma, de adjudicar las obras en los plazos previstos…–. Y resulta que el porcentaje de ejecución de las inversiones directas siguió en 2022 en unos guarismos no especialmente destacables, y ello sin que pueda achacarse a un incremento digamos ingestionable de los fondos previstos inicialmente.

El uso partidista de los números de la ejecución presupuestaria es algo generalizado

En principio, el Ejecutivo regional contaba con poco más de 737,5 millones de euros para inversiones directas. Una cantidad que aumentó a lo largo del año en unos 76,3 millones, cifra que si bien no es despreciable, está por debajo de los 77,6 millones en que se incrementaron las partidas del capítulo VI en, por ejemplo, 2019. Al final, el Gobierno de Torres dispuso para invertir en primera persona de un total de 813,9 millones de euros. ¿Cuánto se había invertido a fecha del último 31 de diciembre? 477,5 millones, un 58,67%. O al contrario: se quedaron sin gastar o ejecutar 336,4 millones de euros, el restante 41,33%.

La lectura puede variar radicalmente en función de si se analiza la previsión inicial o la definitiva

Fueron las partidas para transferencias de capital las que engordaron sobremanera, en hasta 277,3 millones, durante el año pasado. Ello no obstó, sin embargo, para que se ejecutaran 646,7 millones de euros de una suma global de 926,8. Así que se gastó un 69,78%, un porcentaje más de diez puntos superior al de las inversiones reales pese a que fue aquí, en el capítulo VII, donde en realidad se produjo un incremento más que sensible sobre el presupuesto inicial. Esto corrobora lo sencillo que resulta ejecutar en el capítulo de las transferencias de capital, o, para ser exactos: lo más sencillo que resulta en comparación con los fondos del capítulo VI.

La 'nota' final

La lectura de la ejecución presupuestaria puede variar hasta tal punto en función de si se toman como referencia las cuentas iniciales o las definitivas que, de hecho, el Gobierno regional sacó peor nota en 2022 que en 2021. El Ejecutivo autonómico ejecutó o gastó de manera efectiva un 69,56% de todos los fondos para inversiones en 2021, mientras que el año pasado se quedó en ese 64,59%, cinco puntos por debajo. En las transferencias de capital, el porcentaje se redujo del 78,71% de 2021 al 69,78% de 2022. Y en las inversiones reales pasó de un 59,43% al mencionado 58,67%.

Suscríbete para seguir leyendo