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Consejo de Gobierno | Impulso a la política de vivienda

10.500 familias podrán solicitar la propiedad de sus casas desde febrero

Más de la mitad de las viviendas que se pueden acoger al nuevo decreto están en Gran Canaria | El Gobierno bonificará el 50% del precio de referencia

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, entra en el Consejo de Gobierno, ayer. | | E.D.

Cerca de 10.500 familias canarias que habitan en viviendas de promoción pública están más cerca de poder acceder a la propiedad de sus casas con el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que saldrá en los próximos días publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El Instituto Canario de Vivienda (Icavi) planea iniciar en febrero la publicación de las convocatorias para que las familias que cumplan con los requisitos exigidos soliciten la propiedad de las viviendas en las que viven como inquilinos desde hace más de 25 años.

Estas convocatorias se publicarán de forma trimestral a lo largo de 2023 hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto. Una vez publicada cada una de estas convocatorias, los vecinos de los grupos incluidos en ellas tendrán hasta un año de plazo para solicitar la propiedad de la vivienda que habitan. Gran Canaria es la isla con más viviendas susceptibles de pasar a propiedad de sus moradores con 5.611 pisos, seguida de Tenerife con 3.464. A continuación figuran La Palma, con 554 casas; Lanzarote, con 355; Fuerteventura, con 345; La Gomera con 84 viviendas y El Hierro, con seis. A este decreto pueden acogerse las familias que viven en viviendas públicas en dos casos: el primero aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). En cualquier caso afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

El último acceso a la propiedad de viviendas sociales se produjo hace una década

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El último acceso a la propiedad de viviendas de protección oficial se produjo hace diez años, en 2013, y con este decreto se impulsa de forma decisiva un proceso que antes de ese año posibilitó que miles de familias se convirtieran en propietarias de sus viviendas, que habitaban desde los años 70 y 80 en barrios populosos de las dos capitales canarias y de otros municipios de las Islas. 

El Ejecutivo autonómico ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos se descontarán todas las rentas ya pagadas.

Las familias que quieran acceder a la propiedad de sus casas deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la junta administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

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