«¿Desfasado? Que va, ojalá. ¿Qué justificación es esa?», cuestiona la adjunta al Diputado del Común, Milagros Fuentes, que ha realizado el informe extraordinario sobre la situación de las residencias de mayores en Canarias, que se debate el martes en el Parlamento, diez meses después de su registro en la Cámara regional, tras salir en los medios de comunicación con demoledores datos: ratas, cucarachas y brotes de sarna son algunas de las denuncias insertas en este documento elaborado antes de la pandemia. La Consejería de Derechos Sociales ha manifestado que desconocía el texto y que se refiere a unas condiciones anteriores a su acceso al Gobierno en agosto de 2019 y los datos han mejorado. Es cierto que las visitas realizadas a 25 centros se hicieron 2019 y se pararon por la pandemia, pero según la adjunta al Diputado del Común, la abogada palmera Milagros Fuentes, el informe «no está desfasado... ¡Ojalá!», enfatiza.
«Nos paró la pandemia porque si no hubiéramos ido a todos los centros» de mayores, expone Fuentes, quien ya estaba curtida con estas situaciones pues fue vocal durante diez años del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. La investigación sobre las residencias de mayores en Canarias fue una iniciativa suya, elaboró un sistema de trabajo, las entrevistas, las preguntas que se debían hacer, las cartas que se enviaron a 86 centros y la petición de información a la Consejería de Derechos Sociales, que aún está sin respuesta. De hecho, en el informe reza que se remitió un escrito, con fecha 25 de octubre de 2019 a la Viceconsejería de Derechos Sociales, solicitando «la relación de centros de atención residencial de personas mayores y fecha de acreditación, la relación de centros públicos» así como el número de visitas durante los años 2018 y 2019, los convenios suscritos con otras administraciones, las reclamaciones, quejas y sugerencias de los centros, la resolución de cada una, o las infracciones sanciones a centros de personas mayores, pero no hubo respuesta. Ante ello, el día 29 de agosto de 2020, con el interés de integrar en esta memoria el trabajo desarrollado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se reiteró solicitud, sin que hasta la fecha de publicación de este informe se haya recibido contestación.
"Cuando te vas de la residencia y recapacitas de lo que ves es bastante duro"
La Diputación del Común empezó a hacer las visitas no anunciadas a los centros -25- que se interrumpieron por el estado de alarma en marzo de 2020 y se elaboró el trabajo con lo que tenían para presentarlo al Parlamento, lo que sucedió en noviembre. Y también lo entregaron a todos los organismos competentes, como la Fiscalía, recalca. «Y ha pasado el tiempo y espero que con las sugerencias y recomendaciones y con los 122 millones estatales que se han anunciado se haga cumplimiento de estas sugerencias», subraya Fuentes. «Hay espacios reducidos, silencios administrativos, falta de inspección», indica. Se protesta mucho pero hay que trabajar sobre un bien común «que es tener una vejez digna y eso empieza en al atención primaria», asevera. Estuvieron una hora y 45 minutos hablando con los mayores -1.274- y «lo peor es cuando recapacitas después, lo que observas, te callas, y lo que ves, es bastante duro», cuenta, pero no quiere sensacionalismo sino respuestas de las instituciones competentes.
El martes, al Parlamento
Lleva diez meses registrado en el Parlamento pero nunca se trató. Tras saltar a la luz publica, todos los grupos se han puesto las pilas y, como si no tuvieran nada que ver en el asunto, pese a ser un documento que llegó a la Parlamento y así consta desde noviembre del año pasado, han pedido la comparecencia del Diputado del Común, Rafael Yanes, que presentará el próximo martes en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por fin, el informe extraordinario sobre la situación de las residencias de mayores en Canarias. Esta comisión la preside María del Río, de Podemos, y ya hay grupos, como el Mixto, en concreto Vidina Espino, que la culpa del retraso en analizarlo en la Cámara. El informe relata la situación de 25 centros del Archipiélago donde en algunos de ellos se han detectado muchas deficiencias como brotes de sarna, presencia de ratas, chinches y cucarachas, y falta de mantenimiento y atención social para los residentes. La Consejería de Derechos Sociales afirma que no tienen constancia de que el informe fuera enviado a la Fiscalía. Desde la Diputación del Común son claros: el informe se mandó a todos los organismos.
