Gobierno y cabildos se dan cinco meses para diseñar el siglo XXI social y económico de Canarias

Los cabildos se han dado de plazo hasta el mes de septiembre para presentar sus conclusiones "más urgentes" en aras a diseñar el futuro económico y social sostenible de Canarias en lo que resta de siglo XXI. Ese documento servirá para incluir las propuestas cabildicias tanto en los Presupuestos autonómicos de 2025 como en las tramitaciones de leyes que están en marcha, como es el caso de la modificación de la Ley del Suelo o la que regula el alquiler vacacional.

Este ambicioso plan, que ha salido de la primera Conferencia de Presidentes de Cabildos de la historia de la Comunidad Autónoma celebrada este martes en el Parlamento de Canarias, no acaba en cinco meses, pues habrá una segunda reunión a finales de año, esta vez en Gran Canaria, en la que se entregarán las líneas maestras de la política a aplicar en las Islas "a más de 10 años vista, con las luces largas puestas".

En ello trabajarán desde este mismo mes de mayo un total de 45 representantes del Ejecutivo regional, los gobiernos insulares y los ayuntamientos, repartidos en cinco grupos de trabajo para dar respuesta a tres grandes retos: la democratización y redistribución de la riqueza en el sector turístico; la transparencia en la ordenación del territorio y la aplicación de una estrategia para el reto demográfico que contribuya a avalar un crecimiento sostenible y ordenado que garantice la convivencia entre el turista y el residente.

Ocho realidades distintas

La única línea roja en estos debates "al más alto nivel ejecutivo" de la Comunidad Autónoma la estableció el presidente Fernando Clavijo tras la reunión: "respetar la autonomía y la identidad de cada isla; somos ocho islas con realidades distintas y no todas las soluciones van a ser iguales".

Varios ejemplos salieron a la mesa para demostrar las distintas realidades insulares y la imposibilidad de adoptar una solución común: el 95% de la población del archipiélago se concentra en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y el 98,6% de los turistas van a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, mientras solo el 1,4% de los visitantes se distribuye entre La Gomera, El Hierro y La Palma. Además, el 10% de la población empadronada en Canarias se concentra en las áreas turísticas del litoral, que ocupan el 1,8% del territorio y concentran el 45,8% de las plazas de alquiler vacacional, y en esas zonas se sitúan el 89,4% de los viajeros alojados, el 85% de las pernoctaciones, el 83% de los establecimientos turísticos y el 85% de las plazas alojativas hoteleras y extrahoteleras.

De forma paralela a esta concentración que tensiona varias zonas del Archipiélago se encuentra la realidad de que de los 88 municipios de Canarias, hay 46 que tienen menos de 10.000 habitantes y 58 que tienen menos de 20.000 habitantes. Este escenario de despoblamiento conlleva la necesidad de buscar soluciones para las zonas rurales que no solo pasan por impulsar al sector primario sino también la conectividad digital, el turismo sostenible, la vivienda o la igualdad de oportunidades. Es decir, buscar el mayor desarrollo económico de las zonas rurales sin perder la identidad y, a la vez, frenar el despoblamiento.

"Canarias es eso, no hay una receta mágica para las ocho islas, esa es la riqueza de nuestro archipiélago, porque a Canarias no le puede ir bien si alguna de sus islas se queda atrás", resumió el presidente tras la reunión.

Cinco equipo de trabajo

Los cinco equipos (formados cada uno por nueve miembros cada uno) abordarán la transparencia en la protección y el desarrollo del territorio; el acceso a la vivienda; la fiscalidad y empleo en el sector turístico; la protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua; y el reto demográfico.

Precisamente, y para visualizar la gran envergadura de los asuntos a tratar, el presidente Clavijo estuvo acompañado en la cumbre cabildicia por su vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y los titulares de Presidencia, Nieves Lady Barreto; Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; Turismo y Empleo, Jéssica de León; Transición Ecológica, Mariano Zapata; y Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Pablo Rodríguez.

Según explicó el presidente Clavijo, cada uno de esos cinco equipos que comienzan a funcionar durante el presente mes de mayo tendrá «absoluta libertad para convocar a sus reuniones a los expertos que consideren pertinentes y solicitar aquellos estudios e informes que estime necesarios» para la elaboración de sus conclusiones y propuestas finales y, además, se coordinarán y colaborarán con la comisión parlamentaria de estudio obre el reto demográfico y el equilibrio poblacional que ya inicio sus trabajos en la pasada legislatura.

Por lo tanto, empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil organizada podrán participar en el diseño de las medidas a aplicar para que Canarias avance "hacia un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible".

Y es que la intención es que en esos grupos de trabajo se hablará de todo, desde implantar un impuesto a las pernoctaciones a la posibilidad jurídica de blandir ante la Unión Europea la realidad de Canarias como región ultraperiférica (RUP) para poder limitar la compra de casas por parte extranjeros no residentes (el 36% de las viviendas canarias están en manos de foráneos), pero "siempre adoptando soluciones científicas y legales".

"Debemos desincentivar que la gente venga, pero dentro de un debate sosegado, científico y legal", apostilló el presidente después de recordar que en una década Canarias ha crecido en 500.000 habitantes.

Democratizar y redistribuir la riqueza

Entre los datos que se pusieron sobre la mesa de la Conferencia está la necesidad de "democratizar y redistribuir la riqueza que genera el sector turístico, pues pese a que el pasado año se facturaron 22.000 millones de euros gracias a los 16,2 millones de turistas, Canarias continúa alejándose de la media española en lo que se refiere a PIB per cápita: no llega al 80 por ciento de la media en el resto del país. Es decir, que por cada 100 euros que el peninsular tiene en su bolsillo, cada canario no llega a 80 euros.

Por tanto, Clavijo insistió en que hay que lograr encontrar una fórmula, con la participación de las patronales, para que "esa riqueza que genera el sector se quede más en Canarias y que llegue más a la ciudadanía, no podemos tener indicadores tan alejados".

Tampoco se olvidarán los grupos de trabajo de que Canarias dispone en la actualidad de más de 13.700 hectáreas de suelo urbano y suelo urbanizable sin desarrollar. Es decir, el equivalente a la mitad de la superficie de El Hierro o, como aseguró el presidente Clavijo, "hay potencialidad para que se multiplique por tres el suelo donde podría construirse" no solo viviendas, sino infraestructuras sanitarias y educativas.

"Hay que avanzar en la ordenación del suelo y en profundizar en la gestión urbanística y ahí los ayuntamientos tienen mucho que decir si usan la Ley del Suelo para desclasificar el territorio", afirmó el presidente.

Se estudiará crear una fiscalidad a las pernoctaciones o limitar la venta de casas a extranjeros

En los planes de trabajo no se olvidarán los integrantes de los distintos grupos que Canarias se enfrenta a cuatro ermergencias que se interrelacionan con los desafíos que hay que solucionar: hídrica, energética, habitacional y migratoria.

"Coincidimos en que se dan las circunstancias políticas, económicas y sociales para alcanzar un gran pacto y afrontar con nuevas soluciones los desafíos a los que nos enfrentamos y resolver problemas que arrastramos desde hace años", resumió el presidente.

Tras la reunión, el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, que ostenta la presidencia de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), agradeció a Clavijo que «haya cumplido su palabra» de convocar la Conferencia, tal y como anunció durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad celebrado en marzo.

"La coordinación entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos es fundamental para definir el modelo de desarrollo que sirva para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía", concluyó.