Las patronales CEOE y Fepeco en la Isla advierten que la suspensión cautelar de la construcción del proyecto turístico Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje, tendrá consecuencias graves para la economía y el empleo en Tenerife. Tal decisión ahuyenta a los inversores de Tenerife y de Canarias, ya que se constata la inseguridad jurídica que implantan las administraciones en el Archipiélago, y se crea el riesgo de tener que pagar una gran indemnización a la promotora.
Tanto Pedro Alfonso, presidente provincial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como su homólogo de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, coinciden en atribuir a «un interés ideológico y partidista» la paralización de la obra, «una situación indefendible».
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias hizo público anteayer que paraliza, de forma cautelar, las obras del proyecto turístico Cuna del Alma. La medida se sustenta en que los trabajos suponen una «amenaza inminente de daño ambiental sobre flora silvestre protegida» y se adopta tras verificar la presencia de la planta catalogada viborina triste (Echium triste). Asimismo, el área que gestiona José Antonio Valbuena advierte que no se puede trasplantar y que la empresa deberá aplicar las medidas que se deriven de los estudios que se realizarán para preservar la flora amenazada. Además, Transición Ecológica anuncia que está valorando ahora si este proyecto precisaba en su inicio de un estudio de impacto ambiental.
«Se proyecta la imagen de que la burocracia va en contra de cualquier interés empresarial»
Espanta la inversión
Teniendo en cuenta que la ejecución de esta obra dispone de todas las autorizaciones requeridas, según han informado el Ayuntamiento de Adeje y la promotora desde que surgió el conflicto, la decisión del Gobierno canario «demuestra la inseguridad jurídica en la que vivimos». Esta afirmación de Óscar Izquierdo se refiere a que las consecuencias tienen dos vertientes: «Espanta a los inversores de Tenerife y de Canarias» y, al tiempo, obliga a indemnizar. Desde la legalidad que se le atribuye al proyecto, «el Ayuntamiento de Adeje y la empresa pedirán las responsabilidades oportunas».
En el caso de la promotora Segunda Casa Adeje SL, ya anunció que presentará alegaciones a la resolución del Ejecutivo regional y que «estudiará las posibles acciones judiciales a emprender en defensa de los derechos adquiridos durante estos años, al disponer todas las licencias urbanísticas y medioambientales necesarias por parte de todas las administraciones competentes».
En presidente de Fepeco entiende que «serán los tribunales los que tomen una decisión. Allá cada cuál con las responsabilidades que asume paralizando obras con todos los beneplácitos jurídicos para su ejecución, según dice el Ayuntamiento».
«Decisiones como esta empobrecen a Tenerife y hacen imposible atraer inversión»
Óscar Izquierdo incide en que «no estamos ante una anécdota mediática», porque «decisiones como esta empobrecen a Tenerife, hacen imposible atraer inversión para crear riqueza social y empleo en la Isla».
Pedro Alfonso llama a «la cordura» ya que, «más allá de los beneficios fiscales que ofrece la Isla», con la paralización de la construcción del complejo turístico Cuna del Alma «Tenerife proyecta la imagen de que aquí la administración no funciona, que la burocracia va en contra de cualquier interés empresarial y que la gestión de Medio Ambiente va en contra del desarrollo sostenible».
Malestar en el PSOE
El Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo de Tenerife participaron en el proceso que autorizó este proyecto, cuya construcción se paraliza medio año después de iniciada la obra y sin que hubiera oposición alguna durante el trámite para su aprobación, después de que el 26 de septiembre de 2014, el Pleno adejero comenzó el proceso para modificar planeamiento del momento. El propósito era realizar el Plan de Desarrollo de El Puertito de Adeje. Pasados siete años y medio, el 5 de mayo pasado se colocó la primera piedra de una inversión de 350 millones de euros para crear un complejo singular de 420 unidades alojativas. Y comenzaron los problemas.
El 30 de mayo, el Cabildo paralizó, de forma cautelar (en firme el 28 de junio), el 2% de las obras. El 22 de julio, comienza una acampada para detener los trabajos y, el 28 del mismo mes, varios se encadenaron a las excavadoras. El 31 de agosto, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional abre un expediente sancionador porque las obras realizadas afectaron a grabados y destruyeron restos arqueológicos. Propone 600.000 euros de sanción.
