El exconcejal de Urbanismo y Obras en el Ayuntamiento de Arico, Álvaro Arbelo, y dos empresarios se sientan desde ayer y hasta mañana en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de cohecho y fraude. El exedil y uno de los acusados se enfrenta a una petición 7,5 años de prisión, 22 de inhabilitación para ostentar un cargo público, en el caso del exconcejal, y 10 para el empresario, a quien le piden el pago de una multa de 6.000 euros. Todo ello por los presuntos delitos de cohecho y fraude continuado en la contratación de obras, cuyo valor total suma casi medio millón de euros. De hecho, la Fiscalía solicita el reintegro al Ayuntamiento de Arico de las cantidades que difieren entre el valor real de las adjudicaciones y lo cobrado.

Los supuestos se produjeron en los años 2010 y 2011, si bien fue en 2012 cuando la Policía Judicial de la Guardia Civil investigó un caso de estafas inmobiliarias detectando que un empresario de origen hindú recibió adjudicaciones del Ayuntamiento de Arico para realizar obras de arreglo de carreteras, construcción de nichos, el acondicionamiento de una plaza, mejoras en los colegios o la urbanización de una vía.

Al parecer, el empresario junto con otras dos personas contaban con cinco empresas ficticias que carecían de cualquier actividad y se limitaban a subcontratar las actuaciones adjudicadas por el Ayuntamiento de forma supuestamente fraudulenta. Uno de los investigados en el sumario declaró ante la policía haber presenciado entregas económicas del empresario al concejal Arbelo; los ingresos (por 52.226,50 euros) de origen injustificado en cuentas del entorno familiar y por documentos recabados al empresario.

Eladio Morales.

Estos supuestos hechos ocurrieron siendo alcalde Eladio Morales (CC), quien en la primera sesión del juicio eludió cualquier responsabilidad. En la Audiencia, declaró que las obras siempre fueron adjudicadas por Arbelo y que él se limitaba a firmarlas, basándose en los informes que le hacía llegar la secretaria municipal y los técnicos. Las adjudicaciones, además, eran aprobadas en Comisión de Gobierno. También negó que participara en la redacción de los pliegos de condiciones y dijo desconocer cómo el exconcejal elegía a las empresas. «No intervine en nada y nunca vi nada anómalo. Los informes siempre eran favorables y lo lógico entonces es que se lleve a cabo la adjudicación», esgrimió.

En el momento inicial del sumario, Morales aunque en su momento llegó a estar imputado, pero el juez concluyó que ni él ni el resto del grupo de gobierno municipal tenían conocimiento ni eran responsables de las supuestas irregularidades.

Otros testigos.

Un técnico aseguró ayer en sede judicial que la oficina donde se tramitaban estos expedientes era «un caos», un funcionario admitió que «en alguna ocasión comprobó que no cuadraban los números», negó que diera instrucciones sobre el pago y que se hablaba con más empresas a la hora de decidir la adjudicación, explicó que las obras a veces se fraccionaban, un promotor dijo que los técnicos podían intervenir en estos procesos y cambiar las condiciones, empleados de la asesoría con la que trabajaban los empresarios acusados aseguraron que no recuerdan nada particular de las empresas bajo sospecha y uno aseguró que nadie le pidió que hiciera algo ilegal y negó que en su declaración ante la policía asegurara que los negocios de los empresarios «le daban mala espina».