El Tribunal del Jurado declaró por unanimidad culpable a Ignacio Castillo Melo, el exjefe de Administración y Contabilidad de la empresa pública del Recinto Ferial de Tenerife, que estaba acusado del delito de falsificación de documento público, como medio para perpetrar otra infracción penal, una malversación de caudales públicos. Los integrantes de dicho órgano popular también decidieron que el condenado no se beneficie de medidas de reducción de pena ni de la aplicación del indulto en el supuesto caso de que fuera solicitada.
Ante la decisión del Jurado, el representante de la Fiscalía y las abogadas de la Acusación Particular (el Gobierno del Cabildo) y de la Acusación Popular (los consejeros de Podemos en la corporación insular el pasado mandato) solicitaron que el magistrado José Luis González imponga a Ignacio Castillo una pena de ocho años de prisión, 20 de inhabilitación para empleo o cargo público y la devolución de 139.000 euros en total. El abogado de la Defensa solicitó para su cliente la condena más leve posible.
Después de la declaración de los diferentes testigos y peritos, así como del propio acusado en las tres primeras sesiones de la vista, los miembros del Jurado consideraron que quedó probado que un Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife impuso un embargo de 510 euros al mes en la nómina del exjefe de Administración y Contabilidad para cumplir con una pensión alimenticia, que debía abonarse a la cuenta de su exesposa. Pero lo cierto es que esa cantidad pasó a la cuenta bancaria de destino directamente desde la de la sociedad del Recinto Ferial de Tenerife.
De toda esa cantidad, el citado empleado público pudo justificar que devolvió 4.593 euros, pero no consta que abonara los 11.222 euros restantes. En su declaración, el acusado afirmó que pidió autorización para realizar dicho procedimiento irregular al entonces exgerente de la empresa pública Recinto Ferial de Tenerife, Ignacio Pintado Mascareño (ya fallecido), pero este, en su manifestación ante el Juzgado que instruyó la causa señaló que no tenía conocimiento alguno de ese trasvase directo de dinero entre los fondos de la entidad del Cabildo y la de la exesposa de Castillo.
En un determinado momento, el exjefe de Administración y Contabilidad elaboró un documento, firmado solo por él, en el que afirmaba que había devuelto a la cuenta de la sociedad mercantil más de 6.000 euros. Pero tal documento carece de total validez, tanto para los peritos como para el Jurado.
Otra de las cantidades adeudadas por Castillo Melo a la entidad para la que trabajaba ascendía a más de 9.000 euros en base a numerosos «vales de caja»; es decir, dinero que el personal sacaba para pagar gastos urgentes o de carácter personal. Los dos subordinados del exjefe de Contabilidad aseguraron en el juicio que, cuando se devolvía el dinero sacado como «vale de caja», el papel que reflejaba tal extracción se rompía. Sin embargo, en el armario de Castillo aparecieron decenas de ellos, sin romper y sin que conste en algún otro documento que devolvió tales cantidades.
Los integrantes del Jurado también tuvieron en cuenta el informe de dos peritos de la consultora Ernst&Young, al que dieron más credibilidad porque sus autores accedieron a más documentación. En ese texto se afirma que hay indicios de que Castillo sustrajo 124.000 euros en efectivo. Y que supuestamente esa cantidad fue sustituida por pagarés antiguos y vencidos. A un subordinado del acusado le extrañó que, a pesar de la elevada cantidad que supuestamente había en caja, cuando hacía falta dinero, tenía que ir a buscarlo al banco.
