El fiscal Jonay Socas considera que Ignacio Castillo, el exjefe de Administración y Contabilidad de la empresa Recinto Ferial de Tenerife, que está acusado de un delito continuado de falsedad documental y otro de malversación de caudales públicos en las cuentas de la sociedad pública dependiente del Cabildo, sí se llevó dinero en efectivo de los ingresos de la entidad. Y para ocultar tal desvío de fondos presuntamente realizó anotaciones contables de antiguos pagarés ya vencidos, supuestamente con la idea de tapar la falta de recursos económicos en la Tesorería, dijo Socas. El planteamiento del representante del Ministerio Público fue secundado por las abogadas de la Acusación Particular (gobierno de la corporación insular) y la Acusación Popular (los cuatro consejeros de Podemos en el anterior mandato: Fernando Sabaté, Julio Concepción, Francisca Rivero y Mila Hormiga).
El letrado de la Defensa estima que, tras la declaración prestada por testigos y peritos ante el Tribunal de Jurado, no existe prueba o indicio alguno que demuestre que Castillo Melo se apropió de más de 145.000 euros de los ingresos de las taquillas del Recinto Ferial entre 2005 y 2016.
En la instrucción de la causa se reunió documentación en la que supuestamente había indicios de que Castillo se apropió de diversas cantidades de dinero. Un juzgado de Familia de Santa Cruz de Tenerife decretó que al hoy acusado había que realizarle un embargo de su nómina por 11.222 euros en total, es decir, 510 euros al mes. Sin embargo, el dinero se transfirió, de forma directa, de la cuenta bancaria del Recinto Ferial a la de su exmujer para pagar una pensión alimenticia. Otra cantidad que no devolvió está relacionada supuestamente con «vales de caja», es decir, sacó más de 9.000 euros en efectivo para gastos urgentes o personales y presuntamente no los repuso. Y después ordenó extraer 354 euros de la cuenta de la sociedad pública para pagar impuestos personales, sin que conste que devolviera tal cifra.
Pero el plato fuerte del caso está en los más de 124.000 euros, que, en el momento de la jubilación del acusado, debían figurar como dinero en efectivo y aparecieron como pagarés muy antiguos y vencidos. El fiscal y las letradas de las acusaciones fundamentan su convencimiento de que Castillo sustrajo esa cantidad de dinero, sobre todo, en un informe elaborado por dos peritos de la consultora Ernst&Young. Como resumió el fiscal en las conclusiones, en el informe de dicha firma se advierte de que, a finales del 2015, los más de 124.000 euros estaban consignados como dinero en efectivo, mientras que a comienzos del año siguiente ya se habían convertido en los citados pagarés vencidos.
El argumento de Castillo Melo fue que, por orden del entonces gerente de Recinto Ferial de Tenerife, Ignacio Pintado Mascareño, desvió los pagarés antiguos y vencidos a una cuenta de Tesorería (la «578»), porque si se hubieran asignado a «pérdidas», se hubiese generado un riesgo de disolución de la empresa insular. El abogado de la Defensa aseguró que el hecho de que se produjeran, al menos, dos movimientos contables por la mencionada cantidad de dinero no significa que «el señor Castillo» se hubiera apropiado de los más de 124.000 euros.
La Fiscalía y las acusaciones opinan que el exjefe de Administración y Contabilidad ejercía un control absoluto e integral sobre los ingresos en efectivo de la empresa pública. Es decir, recibía los ingresos por taquilla, decidía qué cantidad ingresaba en el banco y cuál se quedaba «en la caja» del departamento, a la vez que era responsable de ordenar lo que se registraba en la contabilidad.
Frente a parte de la estrategia de la Defensa de achacar la responsabilidad de las decisiones clave al exgerente, Ignacio Pintado, ya fallecido, el fiscal piensa que solo se equivocó al confiar en exceso en las prácticas de Castillo y de que no le gustaba ni conocía el procedimiento contable. Así, el exjefe de Contabilidad alcanzó «un poder absoluto» en su área.
Para el Ministerio Público y las acusaciones, otro elemento clave para determinar la culpabilidad del implicado consiste en que este firmó un documento en el que renunciaba a parte de su premio por jubilación (unos 6.000 euros) para compensar las supuestas irregularidades contables que se habían detectado poco antes de su salida.
Los peritos de Ernst&Young explicaron que, por su experiencia, Castillo cumple el perfil de persona que comete fraudes, ya que se trata de individuos que controlan todo el proceso y que las irregularidades se destapan cuando cogen vacaciones, una baja médica o se jubilan. Dichos profesionales calificaron de «tontería» el argumento del acusado de que Ignacio Pintado pidió desviar a una cuenta de Tesorería los pagarés antiguos y vencidos, para evitar la disolución de la sociedad mercantil. Para los referidos expertos, intentar ocultar una pérdida en una empresa no elimina la existencia de la misma. «No es un argumento, es un indicio de fraude», explicaron.
Ayer se leyó la declaración que Ignacio Pintado hizo en el Juzgado de Instrucción, en la que afirmó que no conocía que Castillo hubiera creado un asiento contable con 124.000 euros en pagarés no cobrados ni que al exjefe de Contabilidad se le hubiese embargado parte de la nómina ni que hubiera pagado tal deuda y sus impuestos personales de la cuenta de la sociedad dependiente del Cabildo. El exgerente atribuyó su despido a que acudió a denunciar el supuesto desfalco a Fiscalía antes que comunicar el asunto a «los políticos» que gobernaban en la corporación insular.
Ignacio Castillo: «¿Por qué me han metido en esto?»
Una perito de la Defensa explicó que crear la cuenta «578» para asignar en la misma los diferentes pagarés antiguos y vencidos por un valor total de más de 124.000 euros pudo tener dos objetivos, como son mantener oculta la falta de ingresos a nivel interno y ocultar tal asiento a quienes hicieran las auditorías. Dicha especialista señaló que, si tal cantidad se hubiese llevado a «pérdidas», había riesgo de disolución de la empresa pública. Un segundo experto contratado por la Defensa argumentó que los tres informes de las acusaciones (el de Violeta Yanes, quien iba a sustituir a Castillo; el del perito Godoy y el hecho por Ernst&Young) no acreditan la autoría del exjefe de Contabilidad. Insistió en que en este asunto era necesario un análisis exhaustivo de la contabilidad, algo que no efectuó ninguno de los expertos mencionados. En uno los escritos se afirma que «puede haber habido sustracciones, pero no señala a nadie en concreto», afirmó este perito de parte. Llegó a decir que, si había indicios, hubiera sido muy fácil comprobar la supuesta retirada de dinero con extractos bancarios; algo que nadie hizo, según él. Insistió en que el hecho de que hubiera nuevos asientos contables no quería decir que se practicaran movimientos de fondos. El acusado aprovechó su último turno de palabra para expresar que en la investigación no hay «ningún indicio de que me apropiara de dinero y los peritos no pueden asegurarlo». Aclaró que no se llevó dinero de la cuenta de la sociedad pública y, emocionado, acabó su intervención con dos preguntas: «¿Por qué me han metido en esto?¿Por qué me quieren condenar?».
