El exjefe de Administración y Contabilidad del Recinto Ferial, Ignacio Castillo Melo, acusado de malversación de caudales públicos y falsedad documental, argumentó ayer que él devolvió todo el dinero, aunque no tiene documentos para poder justificarlo. Además, señaló al exgerente de la citada sociedad pública dependiente del Cabildo de Tenerife, Ignacio Pintado Mascareño, fallecido en 2018 y quien denunció el presunto desfalco, de estar al tanto de todo el dinero que presuntamente se desvió de forma directa entre la cuenta de la entidad y la de su exesposa para pagar una pensión alimenticia a sus hijos, sin que exista constancia documental de que fuera reintegrado por el implicado.
La primera sesión del juicio con Tribunal del Jurado contra Castillo se dedicó, de forma íntegra, a las preguntas realizadas por el Ministerio Público, las acusaciones y la defensa. Cabe recordar que la Fiscalía solicita para Castillo ocho años de prisión, veinte de inhabilitación como funcionario o cargo público (ya está jubilado) y que devuelva más de 145.000 euros que presuntamente sacó de la caja de la empresa pública para diferentes intereses personales.
De esa significativa cantidad de dinero, más de 124.000 euros fueron colocados en un tipo de anotación contable que, en el momento de algunas auditorías, ya no figuraba en las normas aplicables a esta práctica. Se trata de la cuenta de Tesorería «578», que el ahora investigado usó por decisión propia para desviar unos supuestos pagarés sobre los que ya no había esperanzas de cobro por parte de la sociedad pública insular. En cuanto a este apartado de la acusación, Castillo volvió presuntamente a señalar o culpar a Ignacio Pintado. En palabras del implicado, el exgerente le dijo que esos pagarés no se podían desviar a «pérdidas», puesto que generarían un balance contable tan negativo (más del 50 por ciento del total) que hubiera obligado a la desaparición de la sociedad del Recinto Ferial; una realidad que Pintado no deseaba, en opinión de Castillo.
La polémica anotación
En esa ocasión, admitió que el desvío a la polémica anotación contable la hizo él, pero por orden de Pintado. Y tampoco en esa ocasión pidió una argumentación por escrito al exgerente. Según la instrucción realizada sobre la causa, dichos pagarés no fueron localizados. Castillo aclaró que él no se ocupaba de archivar tales documentos, sino las otras dos personas que estaban en su departamento.
Este planteamiento fue utilizado de forma reiterada ante las preguntas del fiscal, Jonay Socas; de la letrada de la acusación particular (que representa al Cabildo); la abogada de la acusación popular (en nombre de cuatro consejeros insulares de Podemos en el anterior periodo de mandato), y del letrado defensor.
Castillo explicó que todas sus acciones como exjefe de Administración y Contabilidad estaban controladas por Pintado Mascareño. En dos ocasiones, un Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife envió escritos a la entidad pública dependiente de la Corporación insular para que en la nómina de Castillo se detrayera, cada mes, un total de 510 euros para pagar la pensión alimenticia que reclamaba para sus hijos su exesposa. En la instrucción de la causa queda claro que buena parte de ese dinero pasó, de forma directa, de la cuenta de la sociedad Recinto Ferial a la de la exesposa del hoy acusado.
Castillo aseguró que, durante muchos años, tuvo dificultades económicas y el abono mensual de esos 510 euros le hubiera supuesto un grave perjuicio para su estabilidad financiera, ya que tenía que hacer frente a diversos gastos. Castillo habló de este inconveniente con el exgerente de Recinto Ferial y fue este quien decidió que la cantidad de dinero se transfiriera de forma directa de la cuenta de la sociedad pública a la de la exesposa, que el exjefe de Contabilidad lo fuera pagando y que no comunicara nada de esto a la asesoría encargada de elaborar y gestionar las nóminas del personal. Como ya se planteó, Castillo insiste en que devolvió todo ese dinero (11.222 euros), pero no puede aportar papeles que lo justifiquen y dijo que la persona que lo sabía y lo podía confirmar era Pintado. Apunta que el exgerente «no deseaba que mi nombre apareciera en una deuda con la empresa».
Los vales de caja
Otra de las cantidades por las que se acusa a Castillo Melo asciende a 9.219 euros, en base a los «vales de caja» no destruidos hallados en su despacho. De nuevo, el acusado dijo que devolvió todo ese dinero, pero que los vales no se rompieron. Respecto a los 354 euros que ordenó a un subordinado que ingresara en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para pagar la contribución (IBI) de una casa y un garaje, así como el impuesto de circulación de un quad y un coche, explicó que recibió el aviso de pago cuando se hallaba de vacaciones y entonces le pidió a un empleado que abonara esa cifra para evitar recargos. Pero Castillo insiste en que esa cantidad también la devolvió.
El implicado manifestó que, en varias ocasiones, advirtió al exgerente ya fallecido de que «era imposible y no recomendable» que la Tesorería y la Contabilidad del Recinto Ferial estuvieran gestionadas por la misma persona (él), pero lamentó que Pintado nunca hiciera caso a tal recomendación.
Según explicó a preguntas del fiscal, el acusado aclaró que en el apartado de caja siempre debía haber 4.500 euros para afrontar gastos extraordinarios y urgentes. Además, según su declaración, otras dos personas que estaban bajo sus órdenes, identificadas como Luna y Estrella, tenían las llaves para acceder al dinero en efectivo que estaba en la caja.
Las dos principales fuentes de ingreso de la empresa insular eran «los feriantes» y «la taquilla». La inmensa mayoría de feriantes ingresaba el alquiler de cada puesto a través de transferencias bancarias. El evento donde más se facturaba era el Parque Infantil de Tenerife (PIT). Respecto a los vales de caja, según Castillo, se usaban para pagar la comida del personal de mantenimiento, tornillería o material fungible, por ejemplo. Pero también se sacaban para pagar cafés o desayunos del propio Castillo o de Pintado, según el investigado. Indicó que, cada tres meses, se hacía una auditoría financiera (de las cuentas) y otra de cumplimiento (sobre la gestión).
La prohibición de entrar en su despacho
La persona contratada por la empresa del Recinto Ferial para sustituir a Ignacio Castillo fue una mujer a quien el ahora implicado entregó todo el dinero de tesorería de una sola vez. El acusado se jubiló en junio del 2016. Había accedido a la empresa en 1989, tras una selección de personal realizada en la Cámara de Comercio. Primero ejerció como administrativo, hasta que en el año 2005 pasó a ejercer como jefe de Administración y Contabilidad. Poco después de dejar la actividad laboral en la sociedad pública fue informado por teléfono de que podía visitar a sus compañeros para despedirse, pero en ningún caso acceder de nuevo al que fue su despacho. De hecho, la cerradura de dicha estancia se cambió a los pocos días. En ese recinto fueron hallados 73 «vales de caja para uso personal». Ignacio Castillo recordó que la denuncia por desfalco fue interpuesta por Ignacio Pintado Mascareño tres meses después de que él se jubilara. El acusado admite que se enteró de la citada situación el 17 de septiembre del 2016 por los medios de comunicación y que, tres días más tarde, acudió a la Fiscalía para aportar la información que tenía. Ignacio Pintado fue destituido de su cargo pocos días después. A preguntas de la abogada del Cabildo, Castillo señaló que «las decisiones contables eran del gerente», sobre el que dijo que supuestamente tuvo «mucha desidia» para cobrar los pagarés que sumaban 124.000 euros. Según el implicado, las transferencias bancarias requerían de la autorización de Pintado, de quien Castillo tenía el código para plasmar la firma digital. «No cogí nunca dinero para mi interés personal», concluyó . | P.F.
