La Fiscalía provincial ha presentado una denuncia contra 14 cargos de diferentes partidos (CC, PSOE y PP) de una empresa pública del Cabildo de Tenerife, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada y malversación de fondos públicos.
Entre los cargos que la Fiscalía pide que sean llamados a declarar como investigados se encuentran los expresidentes del Cabildo, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC), el exvicepresidente insular Aurelio Abreu (PSOE) y el actual viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE).
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera en su denuncia que los 14 miembros del consejo de administración del ITER en el año 2011 pudieron cometer prevaricación y malversación al respaldar una operación tan compleja como cargada de dudas legales: la absorción por parte del ITER de la empresa mitad pública y mitad privada NAP de África Occidental-Islas Canarias SL asumiendo con dinero pública las cuantiosas deudas de la parte privada "sin que los socios privados realizaran desembolso adicional, asumieran riesgo alguno ni tuvieran que responder solidariamente con esas pérdidas".
Para la fiscal, los responsables del ITER responsables de esta operación "actuaron con pleno conocimiento de la falta de viabilidad económica de las operaciones realizadas y del perjuicio objetivo y evaluable que se ocasionaba a la entidad pública".
El escrito del ministerio público, enviado a los juzgados de instrucción de Granadilla de Abona pues la sede del ITER se encuentra en este municipio sureño, no cuantifica las posibles pérdidas que esta operación pudo provocar a las arcas públicas. Sí lo hace el actual gobierno del Cabildo de Tenerife, del que partió la denuncia que ha provocado la acción de la Fiscalía. Según Enrique Arriaga (Ciudadanos), vicepresidente, la Corporación insular pudo sufrir un perjuicio patrimonial superior a los 12 millones de euros.
La Fiscalía también ha pedido que se llame a declarar como investigados a Manuel Cendagorta, que fuera director-gerente del ITER; Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias; Raquel Lucía Pérez Brito, actual consejera delegada de la entidad pública INtech Tenerife; Eduardo Doménech, que fuera rector de la Universidad de La Laguna; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López García (CC) y Jesús Morales (CC); Esteban González (PP), exedil de Urbanismo de Granadilla; y Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
El ministerio público también ha pedido a los juzgados de instrucción de Granadilla que llame a declarar como testigos a 39 empresarios que tuvieron acciones del NAP (Network Access Point) de África Occidental-Islas Canarias y miembros de la empresa pública ITER.
