El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), defiende la actuación de su gobierno desde junio de 2019 respecto al polémico edificio Iders y niega que haya existido pasividad por parte del Ayuntamiento, tal y como critican vecinos del entorno: «Lo que ocurre es que estamos ante un problema muy complejo que dura ya 30 años y que no se puede resolver por arte de magia». El 16 de diciembre de 2020, el Gobierno local (PSOE-ACP) solicitó un informe a Salud Pública sobre el estado de este inmueble, ocupado por unas 15 personas, según los últimos datos oficiales, y lleno de basura, insectos y roedores. Tras seis meses de espera, el alcalde anunció este martes 15 de junio de 2021 que los técnicos de Salud Pública visitarán el edificio esta misma semana. Un paso clave para poder ordenar la limpieza de este bien de propiedad privada, pero con la comunidad de propietarios «disuelta por orden judicial».
«Desde mi etapa en la oposición nos hemos implicado en la búsqueda de una solución a la compleja situación del edificio Iders. Lo hicimos en una moción que se aprobó en 2018 y también en una asamblea con los propietarios. Hay otros que han estado pasivos durante 15 años, o más, y que ahora reclaman soluciones mágicas», lamenta Marco González.
El alcalde portuense subraya que el conflicto del Iders tiene tres aspectos que el Ayuntamiento portuense quiere resolver: la situación humanitaria de las personas que residen en el inmueble de forma irregular; el bloqueo urbanístico, y los problemas de limpieza e insalubridad.
Respecto a los ocupantes del inmueble, González defiende las actuaciones realizadas por el área municipal de Derecho Social y Cáritas, a través de la Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC). «En los dos últimos años hemos logrado reducir en más de un 50% el número de ocupantes gracias a una intervención social compleja que nos ha permitido, por ejemplo, realojar a más de 20 personas en el hotel para personas sin hogar puesto en marcha en pleno estado de alarma. En la actualidad se calcula que quedan unas 15 personas residiendo en el Iders y seguimos trabajando con ellos, aunque no es algo sencillo», reconoce.
Un conflicto que dura 30 años
En 1991, la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ordenaron el desalojo de las viviendas y locales comerciales del edificio Iders por una presunta aluminosis y riesgo de derrumbe, que se descartó en 2007. Treinta años después, el futuro del Iders sigue sin estar claro y la última esperanza se llama PMM II
La solución urbanística pasa por el segundo Plan de Modernización y Mejora (PMM II) de Puerto de la Cruz, donde se quiere incluir un acuerdo para demoler y reconstruir el Iders. Sin embargo, esta solución necesita un acuerdo entre los propietarios «para aprovechar esta oportunidad histórica», según palabras de González. La disolución de la comunidad de propietarios y el enfrentamiento existente con el empresario que ha ido adquiriendo numerosas propiedades en el Iders han bloqueado cualquier intento de solución desde 2007.
Respecto a la limpieza y desinfección del edificio, González recuerda que será una tarea compleja que requiere del citado informe de Salud Pública y de un expediente que justifique una intervención pública en una propiedad privada. «Desde el 14 de abril de 2020 hay un informe de la Policía Local, que se complementó con otro del Cuerpo Nacional de Policía, y de otras entidades, que alertan de la necesidad de intervenir en una limpieza y desinfección que, probablemente, tendrá que salir a licitación», explica. A juicio del alcalde, la intervención social que se desarrolla es «mucho más efectiva a la larga que tapiar».
