La Campana será el primer polígono industrial de Canarias en contar con una estación depuradora propia para tratar sus aguas residuales. Estará operativa a finales de mes tras una ardua tramitación administrativa, encontronazos con el Cabildo de Tenerife ante su inicial reticencia a colaborar en la financiación y una denuncia judicial, ya archivada de forma definitiva, contra el alcalde de El Rosario por su construcción. La Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales de La Campana, en el municipio de El Rosario, se convierte en una realidad y marca el camino para otros polígonos de las Islas, para los que las aguas negras son un quebradero de cabeza.
El Ayuntamiento rosariero culmina el proceso tras recibir la autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf). Con ello da el visto bueno tanto al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales como al vertido del efluente depurado al pozo absorbente. El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, destaca «el compromiso» del Gobierno local «con la mejora medioambiental de nuestro municipio» y subraya «el riguroso trabajo» desempeñado para solucionar el episodio de vertidos que afectó a la costa a principios de 2020 y que el Consistorio tuvo que resolver «en solitario». Se refiere el primer edil a las reservas que mostró en un primer momento la Corporación insular en colaborar en la construcción de la depuradora, algo que el Consistorio demandó de forma urgente ante la catástrofe medioambiental que se cernió sobre la costa rosariera a finales de enero y principios de febrero de 2020, cuando un vertido de aguas residuales procedentes del polígono –y también de la urbanización de Costanera– obligó a cerrar al baño el tramo de costa comprendido entre el pueblo de Bocacangrejo y Radazul.
El pulso sobre si la depuradora proyectada para ese enclave era de importancia comarcal o no, pese a que la propia denominación del proyecto contenía el término «comarcal» al tener previsto recoger también las aguas residuales del polígono Chorrillo-Industrial, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, derivó en la negativa del Gobierno insular del Cabildo (PSOE y C’s) a cofinanciar la obra.
Sin embargo, en el pasado mes de octubre, el pleno del Cabildo de Tenerife aprobó –con los votos a favor de CC y PP y la abstención de Sí Podemos Canarias– otorgar una subvención de 1’5 millones de euros al Ayuntamiento de El Rosario para desarrollar las obras de la depuradora de La Campana. Finalmente fue necesaria una inversión de dos millones de euros para llevar a cabo la solución técnica ideada por el Ayuntamiento, una depuradora más pequeña que la comarcal pero compatible con esta y, por lo tanto, también compatible con la Planificación Hidrológica de Tenerife. El resto de la inversión ha sido sufragada por la Corporación local y por los empresarios del polígono, a través de contribuciones especiales.
Hubo otro episodio que pudo dar al traste con la depuradora, aunque en esta ocasión con un trasfondo más político que técnico. Se trató de la denuncia de varios concejales de la oposición en el Ayuntamiento, principalmente del PSOE, contra el alcalde Escolástico Gil y el concejal de Servicios Hidráulicos, Miguel Ángel Yanes, por el método elegido para contratar a la empresa Canaragua, que ejecutó la depuradora a través de un procedimiento la emergencia.
El Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife zanjó el asunto con el archivo definitivo de la causa a través de una resolución judicial tajante en la que no solo apuntó que en las acciones realizadas por el alcalde rosariero y por el concejal de Aguas no se daban, en ningún caso, los requisitos exigidos por la jurisprudencia para fundamentar un delito de prevaricación, sino que, además, la contratación de la obra estuvo dotada «de un plus de garantía legal» al haberse solicitado informes técnicos «que, sin ser necesarios, refuerzan la legalidad de la resolución».
Ante tales razonamientos jurídicos, los concejales del PSOE denunciantes, asistidos por la también socialista y vocal de la Comisión de Ética y Garantías de la Ejecutiva del PSOE en Canarias, la abogada Sandra Rodríguez, renunciaron a abonar la fianza de 2.000 euros impuesta por la jueza dando por cerrado el caso.
La depuradora de La Campana podrá tratar un caudal medio diario de 250 metros cúbicos y dará cobertura a alrededor de 270 empresas radicadas en el polígono. Consta de una estación de bombeo situada en el punto más bajo de la urbanización, que elevará las aguas a la depuradora. El sistema de depuración cuenta con pretratamiento con tamiz de finos, desarenado y desengrasado; depósito de laminación, reactor biológico, canal de desinfección, bombeo de fangos y un equipo de desodorización –proceso que elimina de una corriente gaseosa los compuestos que provocan los malos olores– con capacidad para tratar 1.600 metros cúbicos de aire por hora. La instalación se completa con un edificio de control donde están situadas las oficinas, aseos, cuarto eléctrico, deshidratación de fangos y taller.
