Elena tiene 32 años y cuatro hijos de entre 15 y 7. Desde un municipio del Sur llegó hace dos años al edificio del barrio capitalino de El Tablero donde se ha instalado el fantasma del desalojo. Habla con la tranquilidad de quien ha sufrido en la vida y se levanta para seguir adelante. Por sus niños.   

Elena tiene cuatro hijos de entre 15 y 7 años y ha sido víctima de la violencia de género. Afronta la amenaza del desahucio de la vivienda que desde hace dos años ocupa en el barrio de El Tablero, al Suroeste de Santa Cruz.

Cuenta Elena, sin entrar en más detalles, que “por circunstancias relacionadas con la violencia me vi obligada a dejar mi trabajo”. La situación fue complicándose hasta que tuvo que vivir con sus hijos en un pabellón deportivo. Relata que “a través de los servicios sociales me dieron una ayuda de 6.000 euros para pagar el alquiler de un piso y fue lo hice que durante un año. Cuando se acabó el dinero me tuve que ir”. Añade que “me pedían un avalista, fianza y no sé cuantas cosas más”. “Trabajaba, porque siempre lo he hecho, pero no me alcanzaba para pagar la mensualidad”. Coincidió, además, con la muerte de su padre, que era quien la ayudaba.

Elena habla con un tono tranquilo, el de quien está acostumbrada a las adversidades y a luchar por levantarse y seguir adelante. Fundamentalmente, por sus hijos, la razón que la llevó en su periplo vital –solo 32 años– hasta El Tablero.

“Alguien me dijo: te doy estas llaves y te metes dentro. Ni lo pensé y así llegué aquí hace dos años. Lo volvería a hacer por darle un techo a mis hijos”. De esta forma relata el episodio su protagonista. Allí vive con sus cuatro chicos, el mayor con 15 años, las gemelas de 13 y la pequeña de 7. Elena recibe cada 15 días la visita de los agentes de la Policía Nacional que forman el dispositivo de vigilancia por su condición de víctima. “Pasan para ver cómo estamos” detalla.

Al no residir ya en su pueblo natal, aquellos servicios sociales han dejado de atenderla. Los de Santa Cruz tampoco lo hacen porque, señala, “llevo muy poco tiempo empadronada aquí”.

La amenaza del desalojo pesa sobre Elena: “El 3 de febrero me dieron la prórroga de un mes hasta el 3 de marzo (próximo miércoles) gracias a la gestión de una abogada”. Ahora tiene otro de oficio que “sigue luchando”.

Las consecuencias de la violencia machista la acompañan. Tanto que, señala, “mis datos están bloqueados para operaciones virtuales y sólo accedo de forma presencial. Así en el confinamiento no pude hacer nada”.

Elena trabaja ahora de dependienta con un contrato eventual. “Con mi sueldo no puedo afrontar el alquiler mínimo de 600 euros para una casa con dos habitaciones”, explica. Por eso es ocupa en un edificio donde cada una de las 17 familias tiene su cruz. Las resume: “Hay un señor con un niño con discapacidad, otro con su madre anciana a cargo y todos con muy pocos recursos económicos”.