Juan José Rodríguez Siverio llegó a localizar, gracias a su particular investigación, a un vecino de La Laguna al que habían puesto como socio de la sociedad Marma 2005 y su casa era el domicilio social. El afectado por la estafa conocía cómo era su forma de vida, por lo que se dirigió a él para decirle que "no tenía ni donde caerse muerto y que, por tanto, no se creía que tuviera una empresa ni dinero para adquirir una finca como la de sus familiares". Y, por lo tanto, lo conminó a que le contara qué ocurría, si no quería formar parte también de los acusados en la querella e ir a prisión. Esa persona se da cuenta de que todo era ilegal y aseguró que él "no lo sabía". Y aportó nuevos datos sobre la trama. Dicho testigo aseguró que Juan Carlos P.M. figura en todas las sociedades de una forma u otra, es decir, que era un líder de la trama.

Tras la ampliación de la querella, la autoridad judicial ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional que realizara una investigación. Los agentes tomaron declaración a todos los implicados y una de sus conclusiones fue que un papel clave lo ejerció un vigilante de un Registro de la Propiedad de La Laguna, J.C.G.B., que presuntamente facilitaba al resto de acusados la información para seleccionar las propiedades a nombre de emigrantes que no habían cambiado de titularidad en los últimos 60 o 70 años, por ejemplo.

El Juzgado solicitó una Comisión Rogatoria a Cuba para contrastar si la documentación aportada por los investigados era real o falsa. Tras varios años, las autoridades cubanas remitieron la información, que confirmó, punto por punto, lo que había logrado la familia Rodríguez Siverio por sus medios.

El abogado Juan Francisco Miranda considera que varios factores influyeron para que el caso se prolongara tanto. Uno fue el traslado del juez que comenzó la instrucción. En su opinión también influyó que, por aquella época, se produjo el desdoblamiento de los juzgados, ya que pasaron de ser de Instancia e Instrucción a especializarse en uno u otro ámbito. Para Miranda, el asunto penal no se tramitó con diligencia. Otro factor fue la acumulación de la querella presentada por los afectados de La Orotava. Y los acusados no iban a declarar cuando eran citados. A algunos hubo que ponerlos en busca y captura para que fueran al órgano judicial.