La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) denunció ayer que el laberinto burocrático por el que deben pasar las empresas unido a los retrasos de la administración, especialmente en las oficinas técnicas municipales y las gerencias de urbanismo, está abocando a la paralización de la construcción. Una situación que está derivando en una pérdida del empleo en el sector, la reducción de la producción y que está "poniendo en peligro la propia supervivencia de las empresas".

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, mostró su preocupación porque este "es un problema endémico, estructural, que está secuestrando la potencialidad del tejido empresarial, imposibilitando su desarrollo normalizado e impidiendo un crecimiento económico estable y seguro, principalmente por la inseguridad jurídica que acarrea". Bajo su punto de vista, "los inversores se van horrorizados, escapando de la calmosa actitud burocrática, incapaz de trabajar con más agilidad. Tiempos perdidos, trabas por doquier y falta de empatía. En estos momentos se encuentran estancados, tanto proyectos de obra menor, como grandes obras de expansión y crecimiento en la mayoría de los ayuntamientos". Por ello, afirmó que hace "falta dotar a los distintos departamentos y servicios administrativos de medios técnicos y humanos para hacer frente a la carga de trabajo que tienen. Además de mostrar respeto y consideración hacia el empresario, que aporta riqueza social y que en muchos casos es tratado con deliberada desconsideración".

Fepeco critica que en la sociedad digital actual, "la administración todavía tiene métodos, procedimientos y tiempos de resolución del siglo XIX". Unos métodos que la patronal de la construcción afirma que no responden con la agilidad que se requiere. "La resolución de las licencias ocupa espacios demasiado largos, convirtiéndose en un problema endémico, que parece ser que ningún responsable público es capaz de solucionar", denuncia.

Sin embargo, los empresarios del sector de la construcción asumen que "las consecuencias las pagamos los empresarios y los ciudadanos, perdiendo oportunidades de negocio, estabilidad empresarial e incapacidad de creación de empleo".