El TSJC aparta a dos jueces de los casos de Ramírez al considerar que son amigos íntimos

La Sala especializada estima la petición de recusación de la Fiscalía respecto a Emilio Moya y Carlos Vielba por su "amistad íntima" con el presidente de la UD Las Palmas

Emilio Moya (izquierda) y Carlos Vielba en una imagen de archivo durante un juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Emilio Moya (izquierda) y Carlos Vielba en una imagen de archivo durante un juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas. / E. D.

Benyara Machinea

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha apartado a dos magistrados de la Sección Sexta Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya Valdés y Carlos Vielba Escobar, de las investigaciones abiertas contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. La conocida como Sala del 77, constituida para decidir sobre la recusación de los magistrados, basa su decisión en la "amistad íntima" que quedó patente entre el empresario, el presidente de la Audiencia Provincial en funciones y el magistrado ponente del auto que exime a Ramírez de tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública que habrían tenido lugar entre 2014 y 2016. La resolución judicial se basa en una serie de grabaciones que fueron aportadas a la causa que envió al juez Salvador Alba a prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell.

"Podemos concluir que el tono de las conversaciones, la utilización de expresiones de familiaridad y cordialidad exceden de las normas de cortesía y se adentra en la existencia de una relación de amistad íntima y confianza por las partes", detalla el auto sobre el encuentro que mantuvieron Ramírez y Moya en el despacho de Alba, que fue grabado por el propio empresario. La Sala del 77 hace referencia a los comentarios coloquiales con los que el presidente de la Sección Sexta se refirió al empresario ("chacho, chacho, chacho..."), la conversación distendida sobre un procedimiento de gran repercusión mediática como fue el caso kárate y la despedida en la que el magistrado añade: "Yo tengo el despacho justo ahí, pásate"

La conversación continuó entre el presidente de la UD Las Palmas y el juez Alba cuando el presidente de la Audiencia Provincial abandonó el despacho. "Yo voy a muerte, Salva, con los amigos y con la gente que me defienda, bueno, por eso creo que también estoy donde estoy. [...] Ahí tienes a Emilio. Emilio es un amigo mío de puta madre, ¿sabes?", fueron las palabras de Ramírez.

El empresario dijo en una grabación: "Emilio es un amigo mío de puta madre, ¿sabes?"

La segunda grabación tuvo lugar en el despacho del presidente de la Sección Sexta. Moya Valdés saludó a Ramírez con un: "El cloquío, el cloquío. ¿Qué pasó?". El empresario investigado en distintas causas judiciales procedió a hacerle un resumen particular de su conversación con el juez. "Lo que quiere es levantar para el aire a esta tía", comentó haciendo referencia a Rosell.

Moya se opuso a la recusación solicitada por la Fiscalía, al igual que Vielba, porque niega que exista una amistad con Ramírez y puso de manifiesto que ha emitido tanto resoluciones favorables como desfavorables que implican al empresario. Sin embargo, el auto atribuye a la relación de confianza existente "que una persona extraña al ámbito judicial y con la condición de investigado en un proceso penal acceda al despacho del presidente de la Audiencia Provincial sin la presencia de un abogado y, menos aún, que dicha visita se realice para saludar y se mantengan con el mismo conversaciones relativas a procedimientos judiciales en curso". 

Cuando Ramírez aportó la grabación en el procedimiento que condenó a seis años y medio de prisión a Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad de documento oficial, no figuraba el extracto de la conversación con Moya. Esa parte fue borrada por el empresario antes de presentar la prueba en sede judicial y fue el servicio de criminalística de la Guardia Civil el que tuvo que recuperar el audio íntegro. Los nueve magistrados que integran la Sala del 77 señalan que esa decisión "pone de manifiesto la intención del señor Ramírez de no aportar las conversaciones en las que intervenía" el magistrado. 

Medió en un encuentro

Vielba aparece en una plática diferente aportada por la defensa de Salvador Alba. El magistrado de la Sección Sexta avisa al juez en una grabación de que Ramírez quiere reunirse para hablar con él. Pero Alba no se fía, ya que habían abierto diligencias de investigación en su contra por la primera grabación aportada por el empresario, e interroga al magistrado para conocer los detalles del encuentro. "Sí, nosotros tres, que si queremos en una piscina... Me jura y asegura que no iba a hacer nada", fue la explicación de Vielba. 

El magistrado añadió que el presidente de la UD Las Palmas le había dicho que podía poner trabas a la tramitación de las diligencias previas, que podía incluso parar la prueba pericial encargada a la Guardia Civil y que destrozó el dispositivo con el que grabó el encuentro. 

Vielba se ofreció a mediar: "Pues yo hablo con este... Bueno, yo no hablo con él directamente sino a través de un abogado y lo organizo para la semana que viene. Creo que él te quiere dar una explicación y decirte lo que él puede hacer para ayudarte porque tienes que tener en cuenta, además lo veo yo desde fuera, que tu denuncia contra él no va a llegar a ningún sitio".

Vielba aparece en una imagen en la que espera al investigado a la entrada de la Ciudad de la Justicia

En otra conversación entre Ramírez y Alba, el primero dice "me lo dijo, digo, coño, yo lo invito, yo le invito el domingo. Tu amigo va al fútbol". Segundos después matiza que se trata de "Carlos, Carlos" y cuando Alba le pregunta si está abonado, su respuesta es "porque es amigo", antes de reírse.

La Sala del 77 también admite una fotografía aportada por Héctor de Armas, que sigue imputado por el presunto fraude de Seguridad Integral Canaria que comprende desde 2014 hasta 2016. En la imagen puede verse a Vielba esperando a Ramírez al pie del torno de acceso de seguridad del edificio de la Ciudad de la Justicia. 

Moya, Vielba y Ramírez rechazaron la petición de recusación de la fiscal de Asuntos Económicos, Evangelina Ríos, con el argumento principal de que fue presentada fuera del plazo de diez días que establece la legislación. Los tres argumentaron que la fiscal fue notificada en junio de 2023 de que Vielba y Moya se ocuparían de resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de Ramírez contra la incoación de un procedimiento abreviado que solicitó el juez instructor al apreciar indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública como "administrador de hecho" de Seguridad Integral entre 2014 y 2016. 

Juicio pendiente de sentencia

Los dos magistrados y Eugenia Cabello Díaz emitieron un auto el ocho de noviembre en el que cierran esta causa contra Ramírez porque resuelven que dejó de ser administrador de la entidad desde 2011. Sin embargo, la fiscal argumenta, y así comparte la Sala del 77, que no fue hasta el siete de noviembre cuando se le notificó qué magistrados iban a componer el tribunal y justificó que la petición fue formulada dentro del plazo. 

Cabe recordar que esta causa no influye en el procedimiento judicial abierto contra Ramírez por el presunto fraude de Seguridad Integral entre 2009 y 2013, juzgado por otros magistrados. Dicha causa está a la espera de que la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas dicte sentencia.

El auto que cerró un presunto fraude

Emilio Moya y Carlos Vielba, los magistrados recusados de las causas que implican a Miguel Ángel Ramírez, emitieron un auto en noviembre en el que cierran un procedimiento judicial por un presunto delito contra la Hacienda Pública que habría cometido el empresario como administrador de hecho de Seguridad Integral Canaria entre 2014 y 2016. El juez instructor detectó indicios de un posible delito y ordenó la incoación de un procedimiento abreviado, que fue recurrido por el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. 

La solicitud debía ser resuelta por la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, que emitió un auto con Vielba como ponente y Moya como presidente del tribunal. Los magistrados entendieron que no puede considerarse que ejerciera como administrador de hecho de SIC desde que Héctor de Armas fue nombrado administrador único en 2011. El auto añade que la acusación contra Ramírez «se ha apoyado en escasos mimbres» y sostiene que las pruebas acusadoras solo se basaron en las declaraciones del coimputado, Héctor de Armas.