Las deficiencias del Instituto de Medicina Legal avivan la huelga

Cuatro sindicatos, CSIF, Intersindical Canaria, STAJ y CCOO, han presentado un preaviso de huelga general e indefinida en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Santa Cruz de Tenerife. Los representantes de estas organizaciones explican que en dicho organismo, que depende del Gobierno de Canarias, faltan unas instalaciones adecuadas y suficiente personal para atender el crecimiento demográfico y turístico registrado en los últimos años en la provincia. Pero, sobre todo, se quejan de falta de transparencia y presuntas decisiones arbitrarias del actual director del centro, Jesús Vega González.

No es la primera vez que los delegados sindicales reclaman a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que destituya al responsable de la institución. Pero en la última década han tenido poco éxito con sus demandas, a pesar del paso de varios directores generales por dicho departamento del Ejecutivo regional.

Desirée Guevara, de CCOO, indica que hay 25 médicos forenses para atender las necesidades de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Están repartidos de la siguiente manera: uno en Icod de los Vinos, dos en La Orotava, uno en el Puerto de la Cruz, tres en La Laguna (hay otro, pero está de baja), cinco en Santa Cruz de Tenerife, uno en Güímar, uno en Granadilla de Abona, tres en Arona (deben ser cuatro), uno en La Gomera, uno en El Hierro, dos en La Palma y cuatro en el Servicio de Patología del Instituto (quienes realizan las autopsias).

Guevara apunta que, con la comarcalización de los asuntos de violencia sobre la mujer en los partidos de Santa Cruz de Tenerife (que asume los casos de La Laguna y Güímar) y Arona (que concentra los asuntos de Granadilla), los forenses de esos dos partidos tienen un 30 por ciento más de trabajo, pero hasta ahora no ha habido ampliación de plantilla.

Faltan auxiliares

Otra carencia se da en los auxiliares de autopsia. El centro dispone de cuatro, que también deben desplazarse fuera de Tenerife para ayudar a los forenses destinados en La Palma, La Gomera y El Hierro. Uno de los problemas se registró en verano. Dos se hallaban de baja y uno estaba de vacaciones. El cuarto tenía que apoyar en las autopsias que se hacían en las diferentes islas, «pero no se podía dividir», indica Guevara.

Y después está el espacio físico y los equipamientos del edificio. La representante de CCOO apunta que hacen falta más salas de autopsias y más cámaras frigoríficas para mantener los cadáveres. En palabras de la delegada de Comisiones Obreras, el inmueble se ha quedado muy pequeño para la población que soportan las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y si hace falta incrementar la plantilla de médicos forenses en todos los partidos judiciales, también se aprecia como necesario aumentar el número de psicólogos, trabajadores sociales, auxilios, gestores y tramitadores judiciales.

Para los portavoces sindicales, una de las quejas hacia el director es que supuestamente ofrece un trato de favor a parte del personal respecto a los otros funcionarios. Según Guevara, hace 8 años que inició la actividad sindical y ya entonces existía la polémica sobre Vega González. Sin embargo, dice que todos los directores generales «han mirado para otro lado».

Los sindicalistas advierten de que en esta protesta no hay petición de incremento de los salarios. Lo que buscan es que el Gobierno canario se siente a negociar con las organizaciones sindicales y buscar soluciones. Se quejan de que no hay protocolos de actuación en varios ámbitos y las decisiones se adoptan según el criterio del director, que puede variar de unas ocasiones a otras, según Guevara.

En el preaviso de huelga, CSIF, CCOO, IC y STAJ plantean que hay «trato hostil por parte del director, emisión de descalificaciones y faltas de respeto de forma pública contra el personal por expresar su opinión, quejarse o ser crítico con su gestión; amenazas por no cumplir con tareas solicitadas de forma imperativa que incumplen los derechos básicos laborales y retirada del saludo al personal crítico, siendo responsable de generar un clima laboral insostenible y coercitivo con su comportamiento».

Afriman los delegados sindicales que se han detectado «irregularidades en las guardias provinciales», pues «el director se designó y se certificó a sí mismo turnos de guardia seguidos durante meses, en muchas ocasiones solapadas con las guardias de área de La Laguna, con el desconocimiento del resto de médicos forenses». Apuntan las organizaciones convocantes del preaviso de huelga que «estos hechos han motivado un expediente judicial, actualmente en curso, denotando nuevamente la falta de transparencia por parte del director».

Jesús Vega lleva en el cargo desde 2009. Sobre las personas críticas con su gestión, dice que «ellos sabrán las razones que tienen» para actuar de esa manera. Respecto a algunas de las acusaciones que le han llegado, comenta que son «absolutas falsedades». Y aclara que no tiene capacidad para resolver la falta de personal o la necesidad de más medios y unas mejores instalaciones. Para Vega González, las críticas se deben a los intereses particulares de determinados funcionarios y «claramente son injustificadas».