Abusa de su hijo de tres años en La Palma y manda el video con los hechos a su pareja

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una pena de seis años de cárcel a una madre de La Palma a la que se le considera responsable de un delito de agresión sexual del que sería víctima su hijo de tres años y otro de pornografía infantil por haberlo grabado con el móvil para enviárselo a su entonces pareja.

La Sala toma en cuenta como atenuantes la alteración psíquica que sufre la mujer, que reconoció los hechos y además se le imponen otras penas como la retirada de la patria potestad durante seis años y prohibición de llevar a cabo trabajos relacionados con menores por mas de diez años, después de salir de prisión.

La madre no podrá acercarse ni comunicarse con su hijo hasta que haya transcurrido un año tras quedar en libertad, deberá pagar a su hijo 2.000 euros y permanecer en libertad vigilada otros ocho años más.

La procesada se encuentra en situación de prisión provisional desde que ocurrieron los hechos en el mes de septiembre de 2021, momento en el que su hijo estaba en casa de los padres de la acusada, en situación de acogimiento familiar, por lo que acudió a visitarle.

Desde allí mantuvo una comunicación a través de una aplicación móvil con su entonces pareja sentimental y grabó cuatro vídeos que en total sumaban cerca de dos minutos en los que se puede ver cómo vulnera a su hijo.

Fue una amiga de la condenada quien, al contarle la autora de los hechos lo sucedido, se puso en contacto con servicios sociales, quienes a su vez lo hicieron con la pareja, que les facilitó el vídeo, por lo que presentaron una denuncia y la mujer ingresó en prisión de forma preventiva.

En la imposición de la pena se tuvo en cuenta que la acusada tiene un cociente intelectual bajo y mínimamente inferior al normal, escasa formación y falta de habilidades y capacidades sociales, además de problemas en sus relaciones personales.

Presenta signos compatibles con un trastorno de personalidad, puerilidad e impulsividad, con situaciones de pareja anteriores conflictivas, hasta el punto de estar identificada como víctima de violencia de género.

La Fiscalía pedía 18 años de cárcel, permanecer 17 años alejada de su hijo, otros seis de libertad vigilada y cinco durante los que se le retiraría la patria potestad mientras que la defensa solicitó la libre absolución.