El hombre que asesinó a su hijo de cuatro años y a los abuelos maternos del pequeño en la localidad de Piedra Hincada, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, se dedicó durante algún tiempo a subir a la red social Facebook imágenes del niño y comentarios sobre el mismo. En esas fotos aparecía tanto el menor en solitario como junto al individuo que le quitó la vida.

Este grave episodio de violencia vicaria ocurrió el 13 de marzo del 2013, cuando el mencionado individuo no aceptó que la madre de su hijo decidiera acabar con la relación sentimental que mantenían e iniciara una nueva vida.

El asunto de las publicaciones de imágenes del menor fue denunciado el pasado mes de julio por el abogado y la procuradora de la madre y la tía del pequeño, Juan Agustín González, y María José Arroyo, respectivamente, a través de un escrito dirigido a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Este órgano celebró el juicio con Tribunal de Jurado, donde el acusado, José Antonio Gomes Soares, natural de Cabo Verde, fue considerado culpable de tres delitos de asesinato y condenado a 23 años de cárcel por cada una de las muertes violentas.

Según los datos que han trascendido hasta ahora, la acusación particular, ejercida por la madre y la tía materna del niño, expuso que Gomes Soares, a través de su perfil en la red social Facebook, ha subido fotos con su hijo, José Dalmacio, en actitud cariñosa, «como si la de un buen padre de familia se tratara, cuando lo cierto es que quien aparece en ellas junto al menor es quien le segó la vida» con varias decenas de cuchilladas, tras haber matado previamente a sus abuelos.

En ese documento se adjuntaron varias capturas de pantalla del perfil de la citada red social del autor de los crímenes con las imágenes del niño. La acusación particular también planteó en julio que «esta aberrante manipulación de la verdad y de lo sucedido ha causado un dolor e impacto tanto a la madre del menor como a su tía», quienes al ver las citadas fotografías han vuelto a revivir con más intensidad lo que padecen desde hace más de nueve años.

El abogado y la procuradora solicitan a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que se requiera a José Antonio para que retire todas las fotos publicadas en la citada red social y en cualquier otra, a la vez que se le inste a que se abstenga de divulgar nuevas imágenes y comentarios del niño.

En estos momentos, Gomes Soares cumple la condena en un centro penitenciario de la Península y, además de la pena privativa de libertad, tiene prohibido residir en Tenerife, aproximarse a las perjudicadas y comunicarse con las mismas por cualquier medio durante el tiempo de cumplimiento de las penas de prisión y durante cinco años más tras finalizar las mismas.

El fiscal también remitió un escrito a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife donde afirma que «puede considerarse que la publicación por el condenado de fotografías con su hijo menor de edad asesinado por él es una forma de comunicación indirecta que daña a las perjudicadas y familiares de los asesinados por aquel».

Para realizar esta afirmación se basa en una resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo del pasado 2 de junio que confirma la condena por quebrantamiento de medida cautelar consistente en una prohibición de comunicación, tras unas publicaciones en redes sociales.

Posible quebrantamiento

El representante del Ministerio Público solicitó también que se prohíba de forma expresa al condenado la publicación de tales fotografías y referencias a los fallecidos, recordándole la prohibición de comunicación que sobre él pesa, así como que se le aperciba de que, si no la cumple, podrá deducirse el oportuno testimonio por la posible comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

El fiscal también reclama que se ordene al centro penitenciario donde se halla que le impida el acceso a aparatos informáticos y telefónicos, así como el uso de redes sociales a tal efecto. El pasado 28 de noviembre, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial remitió un escrito a dicha prisión para que el personal adopte las medidas que solicitó el Ministerio Público.