Más de 200 chabolas quemadas en otro gran incendio de un asentamiento de inmigrantes

El fuego ha vuelto a arrasar esta madrugada un gran asentamiento de inmigrantes en la localidad onubense de Palos de la Frontera. Es uno de los más grandes de la provincia y ya ardió el pasado mes de mayo. Varias personas han sufrido lesiones leves y unas 200 infraviviendas han resultado quemadas tras un incendio declarado anoche en un asentamiento chabolista, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia de la Junta.

El teléfono 112 recibió una treintena de avisos por un fuego en una zona de infraviviendas en el polígono San Jorge minutos después de las 23.00 horas de ayer domingo. De inmediato, desde el centro coordinador se activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a INFOCA. Las chabolas, de plástico, maderas y cartones, ardieron de forma pavorosa con llamas que se podían ver desde la ciudad de Huelva capital, a unos 15 kilómetros.

Fuentes sanitarias informaron de que los equipos médicos atendieron en el lugar a varias personas por cortes y quemaduras leves, sin que se produjeran traslados hospitalarios.

Los Bomberos, por su parte, confirmaron que el incendio ha quemado 200 infraviviendas y cinco hectáreas de terreno. Los medios del ayuntamiento trabajarán ahora en las labores de limpieza y movimiento de rescoldos para su total extinción.

3.000 personas en chabolas

En la provincia onubense se calcula que malviven más de 3.000 personas en unos 40 asentamientos. En Almería se contabilizan 69 asentamientos que acogen a entre 5.000 y 7.000 personas. El Parlamento Europeo anunció el pasado abril que investigará las condiciones de vida de estos trabajadores agrícolas, a raíz de una queja presentada por Izquierda Unida, Almería Acoge y la Asociación Multicultural de Mazagón. El 75 % de los residentes en asentamientos son hombres de unos 32 años fundamentalmente subsaharianos y marroquíes, con más de tres años de residencia en España y, más de la mitad, en situación irregular. La mayoría se dedica a tareas agrícolas de forma irregular.

Europa está vigilante ante la postergación de las soluciones a este grave problema de infravivienda. La comisión de peticiones de la Eurocámara decidió abrir una investigación y analizar las denuncias de vulneración de los derechos humanos. Ls ayuntamientos además donde se ubican estos asentamientos chabolistas incumplen la ley y no empadronan a estos inmigrantes, lo que los condena aún más a una situación de marginación, sin posibilidades de regularizar su situación y dejar de ser mano de obra clandestina. "El acceso al empadronamiento en los asentamientos es una quimera”, concluyó el informe “Asentamientos 2022”, elaborado por la ONG Andalucía Acoge, con respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, es firme.

El julio de 2022 se firmó un protocolo general de actuación entre la secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Junta de Andalucía que fijaba en dos años la erradicación de estos asentamientos, con 5 millones de euros de inversión en proyectos para dar una solución habitacional. Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en recordar que estas ayudas directas obligaban a los ayuntamientos a empadronar a estas personas independientemente de su situación administrativa. “La competencia sobre vivienda la tienen la Junta de Andalucía y los ayuntamientos”, recuerdan desde el Gobierno, que insisten en remarcar que las ayudas están supeditadas a que los ayuntamientos de Moguer y Lepe, ambos de Huelva, con los que se firmó el convenio, cumplan la ley. Esa subvención directa ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) por dejar fuera a este municipio que, actualmente, es el que alberga a un mayor número de personas en asentamientos.

La Junta asegura que también la Consejería de Inclusión Social trabaja un plan estratégico que pivota sobre los ayuntamientos y prevé una línea de ayudas de 5 millones para 2023, procedentes de los Next Generation, que se lanzará próximamente para que los ayuntamientos construyan, adquieran o rehabiliten edificios para alojamientos. En los últimos años defienden que han invertido 4,5 millones de euros.