Los forenses rechazan que las pruebas de edad a los menores migrantes se hagan en la misma sala donde se radiografían los cadáveres

Médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife e integrantes del Comité de Huelga en dicho centro del Gobierno de Canarias afirman que el equipo que ha comprado la Consejería de Justicia para determinar la edad de los migrantes que dicen ser menores de edad (ortopantomógrafo) se pretende instalar en una zona de riesgo biológico y radiológico.

Así lo han expresado dichos profesionales y los representantes sindicales en la mañana de este lunes durante la reunión que mantuvieron con el diputado del Común, Rafael Yanes, y las adjuntas Milagros Fuentes y Beatriz Barrera, un encuentro en el que aseguraron que "es muy preocupante que se quiera instalar en un lugar con condiciones de salubridad dudosa, teniendo en cuenta que van a hacerse pruebas a posibles menores de edad, que tendrían que pasar por delante del depósito de cadáveres".

El citado encuentro es un nuevo episodio de las críticas que algunos médicos forenses realizan desde hace casi dos meses sobre las carencias de recursos materiales, instalaciones y personal en el citado organismo, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Pero, sobre todo, los profesionales denuncian la supuesta falta de gestión y transparencia del director del Instituto de Medicina Legal (IML), Jesús Vega González, y piden su destitución para poder negociar todo lo demás. Una parte de la plantilla se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 21 de febrero.

Varios médicos forenses y delegados de los sindicatos CSIF, CCOO, Intersindical Canaria y STAJ expusieron a los responsables de la Diputación del Común su preocupación por los "importantes problemas que les dificulta el desempeño correcto de su trabajo, especialmente en actuaciones como las de valoración de la violencia sobre la mujer y peritaciones psicosociales".

Hasta un año de espera para saber si un migrante es menor de edad

Raquel Domínguez, médico forense, explicó que, a pesar de encontrarse en huelga por los citados problemas laborales, acuden a la Diputación del Común por irregularidades que consideran "de interés para la ciudadanía".

"Existe una falta de organización, de transparencia y de comunicación con el director que, al final, repercute en el ciudadano", señaló Domínguez.

Dicha forense critica la falta de previsión que imposibilita que se pueda utilizar el ortopantomógrafo para realizar la valoración de la edad a aquellos migrantes en situación irregular llegados desde África que dicen ser menores de edad.

Según Raquel Domínguez, el lugar planificado para su instalación es una zona de riesgo biológico y radiológico. "Es muy preocupante que se quiera instalar en un lugar con condiciones de salubridad dudosa, teniendo en cuenta que van a hacerse pruebas a posibles menores de edad, que tendrían que pasar por delante del depósito de cadáveres".

Frente a este planteamiento, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario señalan que la sala donde se prevé situar dicha máquina es adecuada y recuerda que la empresa que suministró el citado equipo emitió un informe favorable para situar el ortopantomógrafo en la sala plomada donde se le hacen las radiografías a los cadáveres.

Además, desde el Ejecutivo autónomo aclaran que, resuelta la cuestión anterior, se está a la espera de la llegada de un ordenador para poder utilizar dicho equipo radiológico, que contribuirá a descongestionar las pruebas de edad que en estos momentos sólo se hacen en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

El Instituto de Medicina Legal de Tenerife acumula cincuenta cadáveres

Ramón Llorente, médico forense destinado en La Gomera, afirmó que "en las islas no capitalinas la situación es aún más grave". Por ejemplo, se queja de la imposibilidad de contactar con la Dirección del servicio en Tenerife para cuestiones como el tratamiento de residuos o la administración de mascarillas.

Según Llorente, "en La Gomera no hay mascarillas desde el 23 de enero y no hemos recibido respuesta desde que las solicitamos el pasado 8 de enero".

El diputado del Común, Rafael Yanes, se mostró preocupado por dicha situación, ya que puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución.

"La falta de medios adecuados produce retrasos en los gabinetes psicosociales con graves consecuencias en asuntos como la tutela de menores o la violencia de género", indicó Yanes.

El diputado del Común resaltó la importancia de que el ortopantomógrafo se ubique en un lugar adecuado para proteger los derechos de las personas migrantes que dicen ser menores de edad. El principal objetivo es que los menores no vayan a centros de acogida de adultos o que no haya adultos en recursos para adolescentes.

De hecho, recientemente se divulgó que un menor de edad permaneció en un centro penitenciario después de que agentes de la Policía Nacional lo detuvieran por presuntamente ejercer como patrón en un cayuco. Para Rafael Yanes, este tipo de situaciones resultan inadmisibles.