«En vez de cesar a González Vega, cesaron al director general de Justicia»

«En vez de cesar al director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, cesaron al director general de Relaciones con la Administración de Justicia». Así resumió Mario Sicilia, portavoz del Comité de Huelga en el citado departamento del Gobierno de Canarias, la situación actual en dicho conflicto, en el que acusan al responsable del referido centro, Jesús González Vega, de gestión deficiente y poca transparencia.

Sicilia manifestó que el exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia, Francisco Ledesma, fue cesado en su puesto en el Ejecutivo Autónomo poco después de que llegara a un preacuerdo con los sindicatos para evitar la huelga en dicha institución provincial.

El nombramiento de María del Carmen de León como directora general de Relaciones con la Administración de Justicia se hizo público el pasado lunes, 22 de enero. Y, por esa razón, desde las organizaciones sindicales han decidido aplazar el inicio de la huelga y dar tiempo a que De León conozca el informe que se le ha remitido desde los sindicatos Intersindical Canaria (IC), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para argumentar sus planteamientos.

Los integrantes del Comité de Huelga son David Ortuño Álvarez (IC), Antonio Padilla Herrera (STAJ), Desirée Guevara (CCOO) y Mario Sicilia (CSIF). El preaviso del acto de protesta se planteó el 9 de enero.

Apenas seis días después, los representantes de las organizaciones sindicales fueron recibidos por el ya exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia. Ambas partes llegaron a un preacuerdo para frenar la huelga en el Instituto de Medicina Legal. Y una de las reivindicaciones más importantes era la destitución del director de la entidad «por su mala gestión».

Sorpresa

Mario Sicilia explicó que, «de forma sorpresiva, anteayer (el lunes) salió publicado el cese de Ledesma y el nombramiento de una nueva directora general; en vez de cesar al director del Instituto de Medicina Legal, cesaron al director general, que era una excelente persona, un hombre trabajador, voluntarioso y que había tomado cartas en el asunto para solventar este problema».

Los representantes de IC, CCOO, STAJ y CSIF fueron citados por la nueva directora general, que, como llevaba apenas 24 horas en el cargo, les ha solicitado un aplazamiento del inicio de la huelga al próximo miércoles.

Los representantes de los trabajadores reclaman, además de un cambio en el equipo directivo del IML, una mejora en materia de personal, recursos materiales e infraestructuras en dicho departamento del Ejecutivo autónomo.

Sicilia aclaró que se trata de «un sólo aplazamiento», hasta el próximo miércoles, 31 de enero, cuando tienen previsto, si no se resuelven sus demandas, comenzar la referida paralización del Instituto de Medicina Legal.

Para los integrantes del Comité de Huelga, los servicios mínimos que se han establecido para los días de protesta son «abusivos». Aclaró Sicilia que, en esta ocasión, se da la circunstancia «agravante» de que en el IML hay 17 personas que están dispuestas a ir a la huelga, de una plantilla formada por 24 profesionales, y los servicios mínimos se han fijado para 26 trabajadores. En palabras del delegado de CSIF, «nos faltaría personal para atender los servicios mínimos».

Criticaron los sindicatos que en otras movilizaciones de los cuerpos generales y especiales de funcionarios, como la del pasado mes de abril, los servicios mínimos del Instituto de Medicina Legal se cubrieron con cinco funcionarios de guardia permanente para levantamientos de cadáveres, autopsias, asistencia a lesionados o violencia sobre la mujer. Para Sicilia, con dicha medida de servicios mínimos, «se cercena el derecho a la huelga». Si el próximo martes no se han adoptado las medidas pedidas, como la destitución del director del Instituto de Medicina Legal, «nosotros iremos a la huelga a partir del miércoles».

La labor de los forenses también incide en la llegada de migrantes menores no acompañados. Cuando hay dudas sobre la edad de los mismos, estos funcionarios deben determinar si son adultos o no, a través de pruebas radiológicas de una mano y una muñeca, así como de la boca.

Sicilia recordó que en el IML faltan médicos forenses, pero también auxiliares de autopsia, ya que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sólo hay tres, que deben ir a La Palma, La Gomera o El Hierro. Los sindicatos creen que este último servicio debe ampliarse a cinco o seis profesionales.

«Somos funcionarios con vocación de servicio público y lo que pedimos es que la administración ponga los medios para que tengamos un nuevo equipo en el IML y solventar todos los problemas que están teniendo», dijo Sicilia.