Investigar en la ULL: investigar en precario

D.S. es un investigador proveniente de fuera de la Isla que, desde principios del año 2023, investiga, gracias a un contrato Ramón y Cajal, en la Universidad de La Laguna. La forma de estos contratos, de los más prestigiosos a nivel nacional, permite al investigador que lo gana elegir la institución en la que desarrollará su trabajo. Ante esta situación es normal que las universidades oferten mejoras salariales a estos investigadores con la intención de atraerlos a sus departamentos. Esta fue precisamente la disyuntiva que se encontró D.S.: aceptar la oferta de la Universidad Carlos III, que le ofrecía una cantidad adicional incorporada a su salario para realizar su investigación en aquella universidad, o aceptar la oferta realizada por la Universidad de La Laguna, que, en aquel momento, finales del año 2022, le prometió mejorar la primera oferta. D. S. creyó en las promesas que le hacían desde la Universidad de La Laguna, aceptó su oferta, y se trasladó a Tenerife para llevar a cabo su trabajo.

Sin embargo, no tardaron en hacerse evidentes las pruebas de que había sido completamente engañado: las nóminas no traducían la cantidad negociada con las autoridades de la ULL. La excusa dada por estas fue que la cantidad acordada incluía la cuota empresarial a la Seguridad Social. A D. S. le ocurrió, en este caso, lo mismo que al resto de investigadores e investigadoras del programa María Zambrano y Margarita Salas: de aquella cantidad que prometía la convocatoria, un tercio había desaparecido porque la Universidad de La Laguna retraía de la misma la cuota empresarial a la Seguridad Social. En contacto con la sección de Personal Docente e Investigador de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la ULL, D. S. se muestra indignado y cabreado: después de casi un año de negociaciones, de promesas incumplidas, de adelantos económicos de su bolsillo para realizar su investigación, y tras constatar que otros investigadores Ramón y Cajal reciben salarios diferentes de la misma institución, se plantea la posibilidad de denunciar a la universidad ante la Agencia Estatal de Investigación.

La situación se reproduce en multitud de contratos

La situación de D. S. es en realidad la situación de la mayor parte de los investigadores e investigadoras que desarrollan su trabajo en la Universidad de La Laguna. Las sospechas de CGT se concretaron tras consultarles el mes de marzo pasado: no solo a los contratos Ramón y Cajal, María Zambrano y Margarita Salas se les retraía del importe de sus salarios la cuota empresarial de la Seguridad Social, ocurría (y ocurre) lo mismo con los contratados Viera y Clavijo, Agustín de Betancourt y Catalina Ruiz, convocatorias estas autonómicas y propias de la universidad que reproducen aquella, en palabras de algunos afectados, «estafa».

A nivel estatal, algunas universidades practicaban el mismo sistema de contratación. El Ministerio de Universidades dio libertad a las universidades para decidir la forma jurídica de contratación de estos investigadores y la ambigüedad y la mala fe de las instituciones académicas hicieron el resto. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya ha dado la razón a los investigadores, que tendrán derecho a cobrar íntegramente las cantidades brutas estipuladas por el Ministerio en sus convocatorias. Las denuncias a inspección de trabajo se han sucedido en diferentes lugares, y ante esta situación, algunas universidades, como la de Córdoba, decidieron hacerse cargo de los costes laborales que les correspondía. En los últimos días, la Universidad de Vigo ha sido condenada a devolver esa cuota a los investigadores.

Precariedad en la ULL

¿Cuál es la situación en la Universidad de la Laguna? La precariedad en muchos casos se ha convertido en norma. La universidad no se hace cargo de los gastos laborales de la mayoría de los investigadores; investigadores que, en algunos casos, asumen carga docente, la que les permite sus contratos, lo que se traduce en docencia gratuita para la universidad.

A la práctica anterior se suma que la Universidad de La Laguna se niega sistemáticamente a reconocer en las nóminas de sus investigadores los trienios, quinquenios y sexenios que les corresponderían como trabajadores de una institución pública. Esta es una queja que también tiene su traducción nacional, aunque en muchas universidades ya se reconocen estos complementos salariales. La mayoría de las veces, claro está, tras la sentencia judicial correspondiente, como la que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en enero de 2022 reconociendo este derecho a los investigadores pre y postdoctorales. En la misma línea fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (55/2021) que obligó a la Universidad de Zaragoza a abonar los trienios a sus investigadores predoctorales. Las sentencias de los tribunales de Galicia, Cataluña y Madrid se suman, de momento, a esta lista.

La sección de PDI del sindicato CGT de la Universidad de La Laguna ha intentado desde hace varios meses coordinar una reunión con las autoridades universitarias para plantearles estos problemas sin que estas hayan dado respuesta alguna. De cualquier forma, animamos a las investigadoras e investigadores de esta institución a exigir a la universidad estos complementos. Debe existir una presión desde abajo que al menos haga tomar conciencia a la institución del agravio en que se encuentran.

Mientras tanto, y hasta que la Universidad no se haga cargo de los derechos de sus trabajadores/as, la labor de las investigadoras e investigadores de la ULL se realizará en condiciones precarias, lo que se traducirá necesariamente en el desprestigio de una institución ya no solo incapaz de retener el talento que en el presente realiza aquí su trabajo, sino de atraerlo en el futuro.