El fallido examen de administrativo urge cambios en las oposiciones

En seis días, opositores a una plaza de turno libre en la administración autonómica de Canarias han logrado la renuncia de los cinco miembros titulares del tribunal calificador, la suspensión del procedimiento selectivo y la apertura de un expediente informativo.

A la salida de la primera prueba el pasado 1 de octubre, entre los más de 4.000 aspirantes a 36 puestos cundió una sensación generalizada de que el examen que acababan de hacer tenía una dificultad desorbitada que requería una capacidad nemotécnica rallana en lo absurdo. Compartieron su rabia por mensajería o redes sociales y elevaron sus quejas ante la Dirección General de Función Pública, bajo una petición de fondo: esto no puede volver a suceder, los procedimientos deben cambiar.

Solo aprobaron nueve aspirantes y las personas que lograron la máxima puntuación «tienen parentesco» con la exdirectora de Función Pública Águeda Márquez, quien se encargó de designar al tribunal calificador. Con un 7,5, Tania Carolina Escarbajal Márquez obtuvo la mejor nota, seguida de un 7,4 de Rayco Fumero Casañas. Francisco Javier Rodríguez, director general de Función Pública, recuerda que ha acordado que se «averigüe todo lo que ha podido suceder para llegar a la conclusión de si existen debilidades o quiebras en el procedimiento que deben ser abordadas y mejorada», como «una filtración del ejercicio».

Los sindicatos de empleados públicos como Sepca o CSIF coinciden en defender que el foco puesto en este proceso selectivo puede suponer un punto de inflexión en el sistema de oposiciones públicas de las Islas y acelerar el proceso de cambio de modernización ya anunciado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Es decir, que las pruebas «no dependan tanto de memorizar y se prime más el talento para ser empleado público», señala Javier Galván, presidente del sector autonómico de CSIF.

Además, durante los propios procesos selectivos, Manuel Rodríguez, secretario general de Sepca, dice que el Gobierno regional ha propuesto a los sindicatos que sean observadores en las pruebas y que puedan colaborar para presentar miembros de tribunales calificadores. «Entendemos que ese es un ejercicio de aún mayor transparencia», apunta Rodríguez.

El director general de Función Pública reconoce que lo sucedido con el proceso de selección de 32 plazas de administrativo «refuerza la necesidad» del objetivo que se marcó la Consejería desde agosto dentro del plan de actuación prensado en septiembre en el Parlamento y a los sindicatos. «No podemos seguir seleccionando a los empleados públicos de la misma forma en la que lo hacíamos hace diez, veinte o treinta años» ni «hacer pruebas selectivas basadas exclusivamente en la memoria», indica. Por ello, aboga por adaptar el sistema «a la propia forma de estudio y conocimiento que tienen los empleados públicos en la actualidad» y hacer una reforma.

Sin embargo, el secretario general de Sepca ha lamentado que durante la reunión mantenida ayer entre la Dirección General de Función Pública y los sindicatos no se adquiriese el compromiso de revisar «otros procesos anteriores donde ha habido irregularidades». Y es que la comunidad autónoma registra en su historia otros casos polémicos en las oposiciones a plazas fijas públicas.

Uno de los más sonados fue el de Manuel Báez, quien siendo alcalde de Firgas con Coalición Canaria le dejaron suplantar a su hijo en unas oposiciones celebradas el 22 de diciembre de 2017 al cuerpo superior de administradores (grupo A, subgrupo A1) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Al conocerse este rocambolesco episodio, dimitió de su cargo y fue condenado en mayo de 2018 a seis meses de prisión y al pago de 1.080 euros de multa.

¿Son casos generalizados en Canarias? Para Víctor Cabeza, director y fundador de la Academia Las Cortes que prepara oposiciones y lleva más de 20 años de experiencia en el sector público con seis plazas logradas, es «exagerado» considerar que las irregularidades en las oposiciones a distintas plazas en las Islas es algo corriente. Si bien, matiza que tampoco se puede hablar de episodios aislados, aunque sí muy espaciados en el tiempo. «Si este tipo de casos fueran generalizados, yo le diría a mis alumnos que no opositen», sentencia.

Como ejemplo, expone que consiguió plaza en las oposiciones en el Cabildo de Tenerife, «que son de una pulcritud increíble respecto a la legalidad». Pero en el reciente caso , Cabeza considera que hay bastantes indicios de corrupción por las personas implicadas. «Estoy luchando para que esto sea un punto de inflexión. Ese es mi objetivo. Que de aquí en adelante esto no salga gratis. Y lo quiero llevar a la Fiscalía porque no me fío de la comunidad autónoma. Se tiene que investigar desde fuera», concluye.