Los requisitos de la nueva ley ralentizan los desahucios y llevan a desestimar demandas

El pasado 26 de mayo entraba en vigor la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Una normativa que ha introducido importantes cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y, consecuentemente, en la tramitación judicial de las numerosas demandas de propietarios contra inquilinos morosos. Los juzgados ya han registrado los primeros pleitos que deben adecuarse a dicho texto legal. Y la experiencia de estos primeros dos meses evidencia que los nuevos requisitos que se exigen para presentar los litigios por impago de alquiler están ralentizando la tramitación de los procedimientos y, con ello, de los desahucios. Además, los jueces han tenido que inadmitir demandas por no cumplir dichas estipulaciones, entre ellas la de acreditar si el demandante tiene o no la condición de gran tenedor de viviendas.

Con la nueva ley, como requisito previo para admitir a trámite una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda el propietario deberá acreditar obligatoriamente una serie de cuestiones que vienen reguladas en el reformado artículo 439 de la LEC. Una de ellas es informar si el inmueble “constituye vivienda habitual de la persona ocupante” y otra es aclarar si el demandante tiene la condición de gran tenedor –para lo que hay que adjuntar al pleito una certificación del Registro de la Propiedad en la que conste la relación de propiedades–. Y si efectivamente resulta ser un gran propietario, también deberá especificar si los demandados “se encuentran o no en situación de vulnerabilidad económica”, para lo cual hay que aportar un documento acreditativo emitido por los servicios sociales competentes o, si los inquilinos u ocupantes no lo permiten, probar asimismo documentalmente que dichas personas “no consienten expresamente el estudio de su situación económica”. Además, si se da la circunstancia de que el dueño es gran tenedor, la vivienda es domicilio habitual del demandado y éste se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, hay que cumplir otro importante requisito a mayores: que ha habido un procedimiento de “conciliación o intermediación” administrativo de forma previa a llevar el caso a la vía judicial.

Desconocimiento

Quizás por desconocimiento o por confusión al haberse presentado el pleito en los días o semanas justamente posteriores a que estuviera vigente la normativa antigua, lo cierto es que en los juzgados vigueses ya se han inadmitido demandas por no cumplir estos requisitos. “La solución es presentar un nuevo litigio subsanando dicha situación”, afirman en un juzgado de Primera Instancia que precisamente ha desestimado todos los casos tramitados hasta la fecha por no venir acompañados de las estipulaciones que exige la nueva ley.

La ralentización de la tramitación de los procedimientos de desahucio tiene su reflejo, además de en los propios juzgados, en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, la oficina encargada de ejecutar los lanzamientos. La cifra de desalojos que les entraron durante el segundo trimestre de este 2023 de cara a su futura ejecución es más baja que en años anteriores. En la oficina indican que los desahucios de la nueva ley no se empezarán a realizar hasta septiembre.

Dos desalojos diarios para deshacer el colapso de la huelga judicial

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia supuso dos meses de parálisis que se extendieron desde finales de enero hasta que el 28 de marzo se desbloqueó el conflicto. Junto a la suspensión de juicios –se aplazaron más de 1.400–, una de las oficinas más afectada en Vigo fue el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, que tiene entre sus principales cometidos la ejecución de los desahucios. Pero el atasco que se formó ya ha sido resuelto, porque durante el segundo trimestre del año realizaron 140 desalojos, lo que supone, teniendo en cuenta las jornadas laborables de dicho período, una media de dos diarios. Y hubo algunas mañanas todavía más ajetreadas: “Hubo días en que llegamos a hacer hasta cuatro y cinco desalojos”. Como viene ocurriendo desde hace años, la mayoría de los desahucios derivan del impago de las rentas de alquiler. Se trata casi siempre de viviendas, aunque de vez en cuando también hay locales comerciales. “En los de negocios los locales ya suelen estar desocupados y sin actividad, nos limitamos a dar posesión del inmueble a su propietario”, afirma Fernando Varela, letrado judicial de este servicio. A veces hay excepciones, como cuando se encontraron con una cafetería a pleno funcionamiento, “con clientes tomando café”.

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