El tiempo del papeleo y la sanidad, dos de los desafíos de quienes piden asilo en Canarias

La cátedra cultural Globalización, Migraciones y Nuevas Ciudadanías de la Universidad de La Laguna (ULL), la Asociación Solidaridad Venezuela, el colectivo Actúa y Fundec organizan el debate Desafíos del asilo político y la protección internacional en España e Italia, que se desarrollará en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Una de las promotoras es Marcela Máspero, portavoz de Solidaridad Venezuela, quien recuerda que dos de los retos más importantes son el tiempo que dura el trámite burocrático de petición y el acceso a la sanidad.

En opinión de Máspero, el principal desafío en España es acabar con la incoherencia que existe entre la teoría de la Ley y la realidad. Según la normativa, las solicitudes de asilo y protección internacional tienen que ser atendidas en el plazo máximo de un mes. Pero, en la práctica, una vez que se pide cita por correo electrónico, se otorga una primera reunión, que, de media, suele tardar ocho meses. En ese encuentro en Extranjería, el interesado hace una «manifestación de voluntad» de lo que desea. Y después al peticionario se le otorga una segunda cita (uno, dos o seis meses más tarde) para formalizar la solicitud de asilo o protección internacional, según explica la representante de Solidaridad Venezuela.

A su juicio, el Gobierno español no está preparado para asumir el volumen de la demanda en este ámbito, que crece año tras año, pues no tiene suficientes funcionarios para gestionar el fenómeno.

A su juicio, las autoridades a nivel nacional deben implementar políticas de incremento de personal y de reducción de la burocracia para agilizar los actuales trámites en este ámbito.

En una queja remitida al Ministerio del Interior el pasado mes de marzo, la presidenta de Solidaridad Venezuela apunta que el sistema de citas «es totalmente ineficaz, obligando a muchas personas en situación de vulnerabilidad a renunciar al procedimiento, por no obtener una cita tras esperas interminables, incumpliendo la Administración con lo dispuesto en la Directiva 2013/33 de la Unión Europea (UE), por la que se aprueban las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional».

Pero esa larga espera también tiene otros efectos, señala Máspero. Tras la segunda cita, se debe esperar otro medio año para que se otorgue el permiso de trabajo. Cree que eso contribuye a que el inmigrante solicitante de asilo o protección internacional se vea obligado a formar parte de la llamada «economía sumergida», o bien depender «de la ayuda humanitaria o asistencial».

Estas personas no pueden acceder al bono de transporte grauito, según Marcela Máspero

Advierte de que esa realidad, con los pagos y cobros en dinero negro, afecta de manera negativa a la administración de Hacienda, que no ingresa lo que sí haría con un ciudadano que tiene todos sus derechos.

En cuanto al acceso de estos solicitantes a la sanidad pública, recuerda Marcela Máspero que hay una legislación que contempla tal derecho. Sin embargo, denuncia que «se les está negando en centros de salud». Ante esa circunstancia, comenta que «hemos tenido que recurrir a la realización de escritos y a su envío a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) para que se les atienda».

Otra de las cuestiones por las que lucha el colectivo Solidaridad Venezuela pasa por la movilidad. Recuerda Marcela Máspero que, a raíz de la implantación del bono de transporte público gratuito en Canarias, el Cabildo de Tenerife permitió que los solicitantes de asilo o protección internacional que demostraran su residencia en algún municipio de la Isla o que presentaran cualquier documento de identidad, como el pasaporte, por ejemplo, pudieron acceder a dicha tarjeta en los meses de enero y febrero de este año sin problema alguno.

Sin embargo, a partir del 1 de marzo, en las ventanillas donde se distribuyen tales bonos se les niega tal posibilidad, sin que en la página de internet que informa de este servicio se expongan con claridad las razones de este cambio de postura.

Máspero comenta que los ingresos económicos de muchos inmigrantes que se hallan en el periodo de solicitud de asilo o protección internacional son limitados y, a la vez, deben coger el transporte público para realizar cualquier trabajo, por lo que facilitarles la gratuidad del desplazamiento les resultaría de una gran ayuda.

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