Una madre de tres hijos denuncia un desahucio ilegal: "Mi hijo me llamó llorando con los Mossos en la puerta"

"Mamá, ¡ven para casa, tenemos la policía en la puerta y dicen que nos tenemos que ir de casa!". Este fue el grito que Josué, de 18 años, mandó a su madre, Jéssica Abigaíl Herrera, a través del teléfono. Ella se econtraba en los juzgados, tratando de saber si el juez había decidido desahuciarla, un desalojo que ya había sido archivado por otro magistrado en un procedimiento anterior unos meses antes. Sin embargo, denuncia la mujer, los Mossos se presentaron en la puerta de su casa sin previo aviso. Rebentaron la puerta y provocaron un ataque de ansiedad en el joven, que se paralizó y, llorando, se encerró en su habitación, relata la madre. Ella, junto al Sindicat d'Habitatge de Nou Barris, denuncia que el suyo fue un desahucio ilegal, y está estudiando denunciar a la propiedad de la vivienda y a la policía por prevaricación.

Con lágrimas en los ojos, Jéssica Abigaíl Herrera va recogiendo ollas, platos, ropa y juguetes del piso en el que, hasta el 23 de mayo, había vivido junto con sus tres hijos durante el último año. Aquel día, salieron con lo puesto de la vivienda de la calle Gargiliano de Barcelona. No hubo tiempo de más. Los muebles van directos a un almacén propiedad del Ayuntamiento de Barcelona destinado a las personas que son desahuciadas en la ciudad. Ella y sus hijos se quedan los juguetes, la ropa y la vajilla, que van colocando en maletas. Dos horas de trasiego arriba y abajo por el edificio. A las doce del mediodía, el representante de la propiedad avisa. "Tendrán que ir saliendo, que sonará la alarma". El hermano mediano, de 9 años, corre y suda, ayudando a su madre. El pequeño, de 5 meses, se lo mira desde el cochecito. Dejan las cosas en casa de una vecina. Y vuelven a una pensión pagada por el ayuntamiento para evitar quedarse en la calle.

Falso contrato de alquiler

Esta historia, sin embargo, empieza en noviembre de 2022. Abigaíl, embarazada y a punto de parir, se separó de su pareja. Vivían en Martorell. Cogió los niños y los llevó a un piso que encontró en el distrito de Nou Barris. "Me pedían 500 euros al mes, más 1.500 de entrada: lo podía pagar", cuenta Herrera, que trabaja en la limpieza y el cuidado de mayores. El piso se lo alquiló un tal Arriz Fernández Julián, según pone en el supuesto contrato de alquiler que después resultó ser falso. En realidad el piso pertenecía a un fondo de inversión, y Herrera estaba ocupando con sus hijos sin saberlo. Fue una estafa.

Se enteró del fraude en enero, cuando le llegó la primera resolución. La acusaban de usurpación de una vivienda que pertenecía a un fondo de inversión. Ella se presentó en el juzgado, dio cuenta de la estafa, el demandante no se personó en sede judicial y el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona la absolvió. Así se recoge en la sentencia que ha podido leer este diario, con fecha de 28 de febrero. "Me acuerdo de que el juez me dijo que no me tenía que ir", insiste Herrera.

Deshauciada en los juzgados

La propiedad no recurrió ese fallo. Optó por volver a denunciar a esta madre por los mismos motivos en otro juzgado, el 8 de Barcelona al que volvió a solicitar el desahucio como medida cautelar. Herrera se enteró de esta petición el 12 de mayo, pero no sabía si el juez había aceptado esta solicitud, y menos aún si había alguna fecha prevista. Ante la falta de información, una semana después, el 23 de mayo, esta madre se presentó en el juzgado para saber qué había de cierto en todo aquello. "Les llamé, les pedí información y nadie me decía nada, así que decidí ir a ver y preguntar en persona", sigue. Pero mientras estaba en la sala de espera del juzgado, llegó la llamada de su hijo. "Me dijo: '¡Mamá, la policía quiere derribar la puerta!".

Trató de llegar a casa tan rápido como pudo. "Mi hijo estaba asustadísimo, los Mossos rebentaron la puerta.... Ni los asistentes sociales ni mi abogada sabían nada", se queja. "La policía me dijo que cogiera cuatro cosas y me fuera", siguen. La propiedad de este inmueble es un gran fondo de inversión que, según la legislación catalana, debe realojar a las familias vulnerables si las desahucia. Pero no lo hizo. Para no quedarse en la calle, esta madre tuvo que ir hasta el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) donde pasaron la noche. Luego los trasladaron a una pensión en la calle de Mallorca.

"Es un desahucio sin juicio, sin notificación, sin abogado... Existe una indefensión total", se quejan miembros del Sindicat d'Habitatge de Nou Barris. Añaden, además, que la propiedad se ha saltado las normas del derecho porque, si un juez ha archivado una causa, no se puede volver a denunciar por los mismos hechos, sino que hay que seguir el recorrido de apelación. En este caso, llevarlo hasta la Audiencia Provincial, cosa que no ha ocurrido. De hecho, activistas y abogados vinculados al movimiento por el derecho a la vivienda denuncian que es habitual que los juzgados no notifiquen las resoluciones judiciales, o que lo hagan con retraso para que no puedan ser impugnadas, lo que vulnera el derecho de defensa.

El sindicato se plantea elevar el caso y denunciarlo judicialmente. "Este desahucio es ilegal", insisten. De momento, la madre y los tres menores aguardan en la pensión, cruzando los dedos para que no los expulsen. "Desde que di a luz no puedo trabajar y, como no tenía contrato ni papeles, no cobro la baja ni puedo acceder a ayudas sociales", añade la mujer, que sobrevive de los bancos de alimentos y la solidaridad vecinal.

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