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Entrevista

Arturo Peinado: "Nos dicen antiguos, pero las víctimas del franquismo llegan hasta el año 1982"

“Lo lógico es que familias como la de Carlos Pinilla sean las que saquen sus cuerpos de lugares públicos para enterrarlos en privado”

Exhumación de restos de víctimas del franquismo. EFE

Los colectivos memorialistas han trabajado sin descanso para conseguir que la Ley de Memoria Democrática fuera más ambiciosa de lo inicialmente previsto. Lo han conseguido hasta donde han podido. Eso piensa Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria que participa en un coloquio sobre este nuevo texto. Y es que, a su juicio, existen todavía muros que no han podido ser derribados.

Hace un par de años, cuando se trabajaba en el anteproyecto de esta Ley de Memoria Democrática, la crítica memorialista era que el texto podría levantar falsas expectativas. ¿Ha sido finalmente así o se puede considerar una buena ley?

Se ha avanzado mucho respecto a las expectativas que inicialmente teníamos. Se ha hecho mucha presión desde el movimiento memorialista. Hemos trabajado mucho durante todo este proceso, hemos presentado propuestas alternativas, nos hemos reunido con los grupos parlamentarios e incluso con el Gobierno. Creo, sinceramente, que somos bastante responsables de buena parte de los avances incluidos en esta Ley de Memoria Democrática. Se ha llegado más lejos de las expectativas y ahora tenemos elementos muy interesantes que abren espacio a realizar, de cara al futuro, políticas de memoria por parte de las instituciones. Es evidente que hay carencias fundamentales que pensábamos que no se iban a tocar y, efectivamente, no se han tocado. Pero, en principio, hemos ganado mucho respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

¿Carencias fundamentales relacionadas con la judicialización de los crímenes?

Fundamentalmente, el gran problema que tenemos es el acceso a la justicia. Hace poco tiempo hemos visto cómo en Buenos Aires se ha juzgado a represores de la dictadura argentina y se les ha condenado con sentencias bastante duras por crímenes contra la humanidad por hechos que son similares y coetáneos a los que pasaban aquí en los últimos años del franquismo y primeros de la Transición. En España hay víctimas vivas con las que trabajamos y también hay represores vivos. La realidad es que en otros países está abierto el camino para que las víctimas puedan pedir justicia, pero aquí en España ese camino sigue cerrado. Y ese es el déficit fundamental. Estamos hablando de la Ley de Amnistía de 1977 o de que en España se considera que no hay crímenes contra la humanidad anteriores a 2004, lo cual va en contra de la doctrina fundamental de los organismos internacionales de derechos humanos. En definitiva, el principal defecto de la ley está en el acceso a la justicia. Es algo que no hemos podido superar.

El nuevo texto otorga a las administraciones un papel activo en materia de recuperación. ¿Confían en ellas?

La ley está hecha, pero ahora hay que abordar un desarrollo reglamentario que defina muchas cosas y también la constitución de determinados organismos que recoge la propia ley, como son el Consejo Asesor de Asociaciones de Memoria, la Oficina de Víctimas del Franquismo, la creación de una Fiscalía… Ese espacio todavía está abierto, pero confiamos en que haya suficiente voluntad política para llevarlo adelante.

También encarga la ley al Estado la responsabilidad sobre la búsqueda, localización y excavación de las fosas comunes.

Así lo establece. Aunque nosotros siempre hemos defendido que, cuando hablamos de fosas comunes, de personas asesinadas, de desapariciones forzadas o de ejecuciones extrajudiciales, en el fondo estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, nos parece muy bien que el Estado asuma su parte de responsabilidad, pero quien de verdad tiene que ser responsable aquí es la administración de justicia. Son crímenes imprescriptibles y por eso tiene que personarse cada vez que se encuentre una fosa común o que familiares localicen a parientes. Es verdad que es prácticamente imposible que los represores estén vivos, pero eso no significa que no deba abrirse un proceso judicial para que se sepa la verdad de lo que pasó en aquellos momentos: quiénes fueron las personas asesinadas y quiénes los represores, estén vivos o muertos.

Mal que bien, a los represores se les conoce. Sin embargo, cada vez hay menos tiempo para saber lo que sucedió a través de testimonios directos de víctimas del franquismo. ¿Se agota la vía de la investigación?

Víctimas directas de los sucesos de 1936 prácticamente no queda ninguna. Quedan familiares, hijos y nietos. Pero, ojo, porque cuando se habla del franquismo, la gente que se opone a los movimientos de la memoria suele decir que por qué nos referimos a un tema tan antiguo y, sin embargo, en la memoria entran también las víctimas de los últimos años del franquismo y de la Transición, que siguen vivas. Hablamos de personas que fueron detenidas, que pasaron por cuartelillos, que los llevaron a la Dirección General de Seguridad de Madrid o a la vía Layetana de Barcelona, que estuvieron en la cárcel y que sufrieron torturas. Y el robo de niños, que es un tema central que se extiende hasta principios de los años ochenta. La propia Ley de Memoria reconoce que la consideración de víctimas del franquismo no concluye en el año 1975, sino que abarca hasta 1982, fundamentalmente, por este caso.

¿Cómo se está dando esta investigación de bebés robados?

Todavía se está peleando mucho por parte de colectivos cercanos a nosotros, principalmente asociaciones de familiares. Está claro que en este tema existen responsabilidades directas que merecen una investigación, porque esto es un crimen contra la humanidad del que todavía no se conoce ni la punta del iceberg. A los niños robados se les está dando un tratamiento que nos parece absolutamente deficiente; se abordan como casos individuales y aislados, frente a la consideración de que es una trama general que evolucionó con el tiempo. Se puede decir que comenzó en los primeros años del franquismo como una represión brutal contra las mujeres republicanas que estaban presas y que terminó en los últimos años como un auténtico negocio. Una trama que involucra a monjas de hospitales, médicos y personas de los registros que se extiende hasta el año 1982. Por lo menos.

¿De qué forma se introduce la ley en el resarcimiento del expolio e incautación de bienes?

La verdad es que el avance ha sido bastante escaso en este ámbito. Existe un artículo introducido de una manera un poco extraña que dice que no hay responsabilidad patrimonial por parte del Estado de cara a indemnizar a las personas reprimidas. Esto es una aberración jurídica porque, si se reconoce que una sentencia fue injusta, como así se reconoce al declarar nulas e ilegales todas las sentencias represivas del franquismo, el Estado no puede después apartarse y decir que para resarcir no tiene responsabilidad.

La exhumación de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena ha llevado a trazar paralelismos con Carlos Pinilla y su enterramiento en el convento de las Claras. ¿Estamos hablando del mismo caso y, por lo tanto, debería Pinilla salir del lugar donde se encuentra su cuerpo enterrado?

Conozco el tema, pero no sé si el lugar donde está enterrado es un sitio donde se hace un homenaje público. Si ese es el caso, por supuesto que debería salir. Aunque creo sinceramente que lo que habría que hacer en estos casos es hablar con las familias para que se produzca un traslado de los restos a otro recinto y que todo esto pasase de ser un problema público a una cuestión privada. La ley reconoce que este tipo de enterramientos homenaje son un menosprecio a las víctimas que no se pueden seguir dando, así que lo lógico es que las familias trasladen los restos a un lugar privado.

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