La Universidad de La Laguna (ULL) planea recortar la financiación para su Plan Propio de Investigación para el próximo año debido a la falta de fondos. No es lo único. El año que viene habrá menos ayudas asistenciales, se tenderán a reducir las políticas internacionales y el apoyo económico que la universidad proporciona a los distintos actos culturales en los que participo mermará. Según el gerente de la ULL, Juan Manuel Plasencia, la universidad tendrá que ajustarse el cinturón y reducir al menos un 40% de sus gastos en actividades de gobernanza.
Si bien la universidad podrá asumir todos los gastos adicionales –muchos de ellos impuestos por el Ejecutivo nacional–, gracias al superávit que han tenido en este último ejercicio (y que asciende a cinco millones de euros), esto no es suficiente como para garantizar el funcionamiento óptimo de la institución. La ULL calcula que necesitaría una inyección económica de entre seis millones y medio o siete para hacer frente solo a las subidas salariales impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, en los presupuestos del Gobierno de Canarias 2023 el incremento es de 7,2 millones más que el año pasado a repartir entre ambas universidades (256 millones frente a los 249 de los presupuestos de 2022). De ellos 3,7 se destinan al incremento retributivo – 1,8 millones más que el año pasado–. En total, por tanto, para una subida salarial del 6% en dos años, las universidades han recibido tan solo 5,6 millones.
Se trata de una cifra que consideran totalmente insuficiente. Las universidades creen que el incremento debe acercarse a los 20 millones entre ambas. Solo para el incremento retributivo, la cifra tendría que ascender a 7 millones de euros por universidad, más del doble de lo que han percibido.
Los sueldos suponen una parte muy importante de los gastos en la universidad. En 2012, el 73,5% del presupuesto de la universidad se derivaba al capitulo de personal. En los últimos este trozo de la tarta ha crecido cada vez más: en 2020 fue del 75,2% y ascendió hasta casi el 77% en 2022. Este incremento tiene una relación directa con la subida salarial pactada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE): un 6,5% de incremento entre 2022 y 2023.
Lo que más preocupa de este inminente recorte es el futuro del Plan Propio de Investigación, por el apoyo que proporciona a una de las áreas vertebradoras de la universidad. Como explican desde la universidad, lo más probable es que se recorte en aquellos programas o ayudas destinados al personal docente e investigador, como el Programa de Incentivación de la Actividad Investigadora del PDI.
Se reducirán las ayudas de la universidad a las actividades de I+D del personal docente
La universidad quiere evitar que estos recortes comprometan los contratos de apoyo que se otorgan a los investigadores más jóvenes y no cesa en su empeño de mantener a flote el resto. «Va a ser un impacto seguro en los PDI porque su función es, básicamente, investigar», insiste Plasencia.
En esta tarea se encuentra ahora trabajando el equipo rectoral, tocando en todas las puertas posibles en busca de fondos que le permitan mantener a flote este apoyo institucional a su personal investigador. El vicerrector de investigación busca nuevas líneas de financiación a través de entidades privadas, especialmente bancos, el Cabildo insular y la Agencia Canaria de Investigación (Acisii) que en principio han tenido una buena predisposición a ayudar. Sin embargo, el vicerrector es consciente de que existe un problema estructural de infrafinanciación de la institución y que, de no cambiar la tendencia, en los próximos años se verá «en graves problemas».
El millón de euros de más con el que el Gobierno de Canarias dotará a la universidad, aunque bien recibido, es a todas luces insuficiente. Como insiste Plasencia, la universidad ya ha tenido que romper la hucha para cuadrar las cuentas, es decir, han utilizado los remanentes líquidos, que ascienden a unos cinco millones de euros para poder hacer frente a la subida salarial y los costes adicionales de mantenimiento de los edificios. «Hemos notado una subida en el precio de la luz a raíz d e la guerra de Ucrania», explica el gerente, que incide: «si antes la factura ascendía a 1,3 millones de euros, ahora está rondando los 3,5».
A esto se une que algunas ayudas que han llegado a la universidad –aunque bienvenidas– tiene una finalidad concreta. «Tenemos una inyección presupuestaria de 2,5 millones de euros, pero lo debemos destinar a la mejora de infraestructuras y es puntual», recalca. Como esta, hay muchas partidas que la universidad no puede «tocar» para intentar salir del paso de otras necesidades. Como explica el vicerrector de Investigación, Ernesto Pereda, «por ejemplo, la partida de complementos retributivos –que para la ULL es de 9 millones de euros– es intocable, su destino es los profesores». Lo mismo ocurre también con la financiación que llega de la Agencia Canaria de Investigación y que se destina únicamente a ciertos contratos postdoctorales y predoctorales. «Todos ellos tienen un sentido finalista», resalta.
El director de universidades defiende que la financiación «es la que necesitan»
La falta de financiación es uno de los mayores lastres para las universidades públicas canarias, que se agrava además, con las jubilaciones masivas y las trabas para la contratación. Ya en repetidas ocasiones los dos rectores, Rosa Aguilar (ULL) y Lluís Serra (ULPGC), han insistido en la necesidad de incrementar la aportación autonómica hasta los 20 millones de euros para poder cumplir con todas las necesidades actuales de una universidad. El Ejecutivo, sin embargo, no parece estar por la labor de llegar ni a ese precio.
En una entrevista a Radio Club Tenerife el director de Universidades, Manuel Ramírez, salió del paso a las preguntas sobre la escasa financiación pública de las universidades asegurando que «es la que necesitan y la que el gobierno puede facilitarles habida cuenta de que los recursos públicos son finitos y de que la política consiste en priorizar».
En dicha entrevista Ramírez se parapetó en la situación económica, afirmando que es «una pena» que se haya frenado el crecimiento económico de Canarias primero por la pandemia y posteriormente por la crisis bélica en Ucrania. Ramírez explicó, además, que los fondos que se destinan actualmente fueron pactados en la anterior legislatura y con los rectores que estaban entonces a cargo de ambas universidades. Finalmente, el director de universidades considera que «el gran problema» de las instituciones argumentando es la sobreoferta de másteres con escasos alumnos», así como la falta de una oferta formativa acorde a los tiempos, como los dobles grados.
