En 2019 la recién elegida rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, advertía de una ola de jubilaciones masivas que iban a poner en riesgo el potencial investigador del centro. Han pasado casi cuatro años y, efectivamente, las jubilaciones han puesto patas arriba la universidad, pero no solo entre los profesores, también en la administración. El problema de fondo al que se refirió la rectora se ha visto agravado estos años por diversos motivos entre los que se encuentra la falta de financiación para sustituir rápidamente a los docentes jubilados y la paralización de la oferta de empleo en la administración.
Estas dos circunstancias son el origen de una progresiva merma de personal tanto en el cuerpo administrativo (PAS) como en el personal docente-investigador (PDI), que ha derivado durante este año en un retraso de los procesos administrativos, grandes cargas de trabajo para la plantilla y un fatiga generalizada de la comunidad universitaria.
Aunque los problemas de ambos cuerpos son diferentes, están entrelazados. Por un lado, la paralización de las oposiciones, las jubilaciones y el agotamiento de la lista de contratación, ha generado una notable merma de la plantilla administrativa (especialmente relevante en consejerías de varias facultades, el departamento de contabilidad, recursos humanos o la escuela de doctorado). Algunos departamentos han pasado de estar conformados por tres empleados a contar con un solo trabajador. Y esto ha sido motivo suficiente como para que algunos procesos administrativos, como la matriculación en doctorado, las altas a terceros o los contratos de apoyo técnico a la investigación se retrasen durante meses.
En los últimos tres años se han jubilado unos 210 profesores y más de 100 administrativos
En paralelo, la falta de personal administrativo ha sido la gota que ha colmado el vaso para los docentes e investigadores. Los profesores universitarios no solo sufren los problemas asociados a las jubilaciones masivas, sino que también ven cómo la contratación de los sustitutos se demora durante meses –y se hacen a «cuentagotas», según relatan algunos jefes de departamento que no han querido revelar su identidad–, al tiempo que sufren, además, un notable aumento de las gestiones burocráticas que tienen que suplir.
El equipo rectoral de la ULL pone fecha para la vuelta a la normalidad: enero de 2023. Según explica Juan Manuel Plasencia, gerente de la institución, los problemas del PAS se resolverán en el mismo momento en el que se concluya la oferta de empleo que comenzó antes del verano y que hoy se encuentra en fase de baremación de méritos. «Para entonces entrarán 49 funcionarios administrativos y tendremos a 400 interinos en reserva que nos permitirán cubrir todas las bajas que se han producido», resalta Plasencia, quien también destaca que los problemas en la administración han surgido tan solo «en momentos puntuales» que corresponden a fechas clave como la EBAU o la matriculación en septiembre.
Paralización de oposiciones
Alberto Marín, presidente de la junta de PAS y delegado de Comisiones Obreras (CCOO), resalta que ha habido un «volumen de jubilaciones enorme». De hecho, según la ULL en estos años se han jubilado más de 100 administrativos. Y aunque muchos de estos puestos se han ocupado con interinos, otra parte no ha podido suplirse porque la lista de reserva – que data de 2010– se había quedado desierta. El problema principal del cuerpo administrativo ha estado en la paralización de la oferta pública de empleo que tenía que haber sido convocada entre 2019 y 2020 y que contenía las plazas acumuladas de 2016, 2017, 2018 y 2019. «Esta OPE se recurrió y acabó echándose atrás por un defecto de forma», explica Marín. De ahí que no fuera hasta 2021 cuando se pudo relanzar la convocatoria, cuando las jubilaciones masivas ya estaban en pleno apogeo. Lo que significa que muchos administrativos han tenido que afrontar solos todo el trabajo durante este periodo de tiempo.
El cuerpo docente, aunque admite que el desbloqueo de las contrataciones en la administración puede mejorar en algo su situación actual, es escéptico y no considera que esto vaya a solucionar todos los problemas asociados a esta categoría profesional. La situación surge de un cúmulo de circunstancias previas y actuales que dificultan el buen funcionamiento de la actividad docente. Por un lado, hay una situación de base que tiene que ver con la inestabilidad y precarización del PDI laboral –cobran un 33% menos que los funcionarios por el mismo trabajo–, la necesidad de acreditarse continuamente para subir de escalafón –con las cargas investigadoras y burocráticas que ello conlleva– o los altos ratios de alumnos por profesor.
Pero además, en los dos últimos años, las jubilaciones masivas de funcionarios y la falta de personal en administración, ha acabado pasando una factura a los docentes con un incremento «inasumible» de sus cargas lectivas y de la burocracia, según varias fuentes consultadas. En los casos más extremos, hay profesores que duplican sus horas lectivas y en los más moderados, se incrementa en varias horas. El problema es tan acuciante que, como advierte Esther Torrado, del sindicato UGT y presidenta del Comité de Empresa de PDI laboral, «muchos para poder investigar tienen que hacerlo en horarios extensivos después de la docencia y la gestión y sin posibilidades de conciliar la vida personal, familiar y laboral».
La ULL pide al Gobierno una línea de inversión extraordinaria para poder contratar antes
Por otro lado están los nuevos procesos burocráticos que soportan. Para agilizar y modernizar la administración, la universidad ha puesto en marcha varias medidas, entre ellas establecer convenios con otras administraciones para poder utilizar sus listas de contratación y automatizar los procedimientos administrativos.
Sin embargo, lo que para la universidad ha sido una fórmula «de éxito» para afrontar la pérdida de administrativos, se ha convertido en una piedra más en el camino de los investigadores. «Ahora más que nunca tenemos que hacer tareas que no son académicas sino administrativas, tales como subir y digitalizar documentos, cumplimentar solicitudes y dirigirnos por escrito a distintas estancias y servicios», replica Torrado.
Con respecto a los problemas que denuncia este colectivo, la vicerrectora de Personal Docente e Investigador, Rocío Peña entiende que existan quejas entre el profesorado, dado que corrobora que muchos de ellos han incrementado sus cargas lectivas en muy poco tiempo.
«Estamos en un periodo de jubilaciones masivas, no solo aquí sino en toda España y en todas las administraciones», resalta. La ULL calculó en 2019 que entre 2020 y 2025 se jubilaría el 50% de la plantilla. En los últimos tres años, según los datos proporcionados por el vicerrectorado, se ha jubilado el 14% (unos 210 catedráticos y titulares). Y aunque se han cubierto la mayoría con nuevas contrataciones (el 88%), el proceso para hacerlo posible requiere como mínimo seis meses de gestiones. Seis meses en el que los profesores que permanecen en la ULL son los encargados de asumir la carga docente que ha dejado la persona jubilada.
Durante al menos seis meses, son los profesores quienes deben asumir la carga lectiva del jubilado
Procesos más rápidos
«Estamos yendo más rápido que nunca, antes una jubilación se podía cubrir en casi dos años y hemos reducido todo el proceso en más de la mitad», insiste Peña. El problema es que ahora hay más jubilaciones que nunca y que, además, se están produciendo «en varios departamentos a la vez». Esto, unido a la falta crónica de financiación de la ULL, impide acelerar aún más el proceso para que ninguno de los profesores se vea perjudicados por la pérdida de un compañero.
«Llevamos tres años esperando a que el Gobierno nos haga caso y nos proporcione una financiación extraordinaria para poder contratar antes y que no surjan estos problemas», explica la vicerrectora. Y es que, por ley, el dinero del sueldo que se abona al profesor jubilado tiene que retenerse hasta que la plaza se saque a concurso público de promoción interna. En ese impasse, «no hay dinero para hacer nuevas contrataciones», así que mientras tanto, son los PDI los que tienen que soportar esas nuevas cargas lectivas. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano con respecto a nuestra capacidad financiera y más», insiste la vicerrectora.
En este sentido, la Universidad recuerda que ha tenido que utilizar sus «ahorros» para hacer frente a las subidas salariales impuestas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y es que el incremento de gasto para las universidades canarias dentro los Presupuestos de la Comunidad Autónoma es insuficiente para hacerle frente. «El presupuesto lo hemos cuadrado, pero a costa de nuestros ahorros», explica Plasencia, que adelanta que muchos programas de gobernanza van a sufrir recortes de hasta el 40%.
