La Consejería de Sanidad ha firmado un preacuerdo con el sindicato UGT en aras de mejorar las condiciones laborales de los inspectores de salud pública. De esta manera, a través de una mesa negociadora que tendrá su primera reunión esta próxima semana, se trabajará desde diferentes ámbitos para dar respuesta a las principales reivindicaciones del colectivo a través de un reglamento que se centrará en dos aristas: la mejora de la retribución y de los medios de trabajo. Esto último ha sido, justamente, lo que dinamitó el conflicto entre este cuerpo y la Administración hace ya más de cinco meses.
Así, a partir de la primera semana de noviembre, se trabajará en conjunto con distintos representantes de los inspectores en el Archipiélago, para incluir al cuerpo técnico dentro del Servicio Canario de la Salud - ahora se encuentran como parte de la Administración General-. De esta manera, estos trabajadores también podrán optar a algunos complementos retributivos que disfrutan los trabajadores del SCS, como la carrera profesional.
Otra de las mejoras que se quieren plantear en cuanto a las condiciones laborales es incrementar el número de plazas de la comunidad autónoma. En principio, esto será “objeto de estudio” dentro del Grupo de Trabajo. El cuerpo de inspectores de salud pública en Canarias consta de 125 trabajadores desde finales de los 90. Eso supone que no solo que el Archipiélago cuenta con una de las tasas de profesionales más bajas de España -con un profesional de estas características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de España donde la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes- si no que en los últimos años no se ha trabajado para adecuarla a las necesidades del servicio que se han visto ampliadas. Durante la última década, lo único que se ha hecho en el servicio es impulsar diversas ofertas de empleo público (OEP) que si bien han servido para estabilizar a parte de la plantilla, no han ampliado los recursos. En este mismo sentido también se plantea agilizar la tramitación de cobertura de plazas y sustituciones.
El cuerpo de inspectores de salud pública en Canarias consta de 125 trabajadores desde finales de los 90
Los medios de transporte es otra de las reivindicaciones del colectivo. Los inspectores se plantaron hace ya más de dos años y decidieron que no podían seguir utilizando sus vehículos particulares para hacer el trabajo cuando el kilometraje no estaba bien remunerado (0,19 euros por kilómetro). Al solicitar a la Administración sanitaria una solución, esta le instó a acudir a sus puestos laborales y sus controles sanitarios en transporte público (guagua o tranvía) lo que, para el colectivo, siempre ha sido inviable, pues hay lugares de la isla a los que no llega la red de transporte público.
En este sentido, la propuesta del Director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, pasa por crear un plan de productividad “para incentivar la actividad extraordinaria en la puesta a disposición de la Administración, de forma voluntaria y para realizar su actividad laboral, de los vehículos particulares” de este colectivo, que se ponga en marcha a partir del 1 de diciembre. Con esta medida complementaria se pretende evitar que “resulten perjudicados por los gastos no cubiertos por el valor del kilometraje establecido”.
Otro de los agravios estaba en los horarios en los que se instaba a trabajar a los inspectores que se encargaban del área de mataderos - que muchas veces empiezan a trabajar a las 4 o 5 de la mañana-, para los que se intentará buscar una fórmula para que se puedan cumplir con los horarios establecidos en los contratos laborales. De esta manera, se plantea que exista una regulación "de carácter unificado y autonómico" en el horario de trabajo y control horario, y se planteará el establecimiento de "horarios singulares" para este tipo de trabajos nocturnos.
Por último, se tratará de mejorar los espacios y medios materiales de trabajo. Porque las deficiencias trascienden a los medios humanos. Respecto a los medios materiales, los trabajadores acuden a muchos servicios con tres sencillas herramientas: «termómetro, clorímetro y bolígrafo», cuando no con una simple bolsa o una neverita que otros utilizarían para llevar el almuerzo al trabajo. En Tenerife, por ejemplo, los 44 inspectores de la plantilla comparten un único despacho en la que apenas hay siete puestos. Si se diera la situación en la que la mitad de ellos llegara al mismo tiempo, tendrían que turnarse para trabajar. Y de hecho, así lo hacen a menudo. En Gran Canaria, las oficinas se encuentran en un estado deficiente, como se puede comprobar con un simple vistazo a los estores que a duras penas pueden tapar la luz, porque están totalmente desvencijados.
Pese a este acuerdo con UGT, los trabajadores van a mantener la huelga indefinida que anunciaron esta semana. Y es que, como explican los representantes de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias (Aispc), ellos no han recibido ninguna información sobre este acuerdo. "Nuestro comité de huelga representa a la mayoría y, desconocemos el acuerdo alcanzado ni las condiciones", señala la Asociación. En todo caso, como remarcan, si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, esto tiene relación "con los paros anteriores que ha estado realizando el cuerpo de inspectores desde mayo.
