La tregua ha terminado. Los inspectores de salud pública volverán a la huelga en menos de un mes, el próximo 18 de noviembre. Tras no alcanzar ningún acuerdo con la Administración pese haber estado realizando paros de actividad durante más de tres meses, el colectivo, ahora amparado en la Unión General de Trabajadores (UGT), retomará las protestas para lograr mejoras en sus condiciones laborales y retributivas, dadas las deficiencias que se encuentran en el sector desde hace años.

La huelga, al contrario que la anterior, será de carácter temporal, finalizando el 30 de noviembre, y por tanto, con una duración de menos de dos semanas. Lo que se promueve es que la empresa negocio el desarrollo de un reglamento para el ejercicio de la función inspectora de Salud Pública, una solución al problema de los desplazamientos a la hora de realizar labores de inspección, equiparación de los complementos de destino y específico de los técnicos de Salud Pública con las del resto de cuerpo de inspectores de Canarias, la solución a los horarios nocturnos en mataderos, una buena cobertura de plazas y sustituciones, incremento del número de plazas, nuevos espacios y materiales de trabajos que no estén obsoletos, el desarrollo de la carrera profesional y la posibilidad de tener dos modalidades de trabajo: presencial y teletrabajo.

Además, UGT solicita buscar una fórmula con la que se pueda cambiar la consideración laboral de los inspectores de salud pública para que tengan la posibilidad de ser estatutarios, dado que en estos momentos son considerados como "funcionarios", como señaló el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, Francisco Bautista. "Hay que acabar de una vez con esta precariedad en el sector y dar una respuesta a estos trabajadores", insistió Bautista.

Cabe recordar que el cuerpo de inspectores en Canarias está dotado de 125 profesionales, que pueden ser bien especialistas en veterinaria o farmacia. Esta plantilla lleva «desde 2007» sin ser ampliada, a pesar de que la población flotante ha aumentado mucho en ese tiempo –se ha paralizado con la crisis de coronavirus– y que las necesidades de inspección han ido siendo cada vez más exigentes, especialmente por las peticiones de Europa. Además, se les ha instado a trasladarse en transporte público en lugar de incrementar el precio del kilometraje, lo que ha causado muchos problemas a la hora de ir a recoger muestras o hacer labores de inspección urgente.