La Consejería de Educación del Gobierno canario y la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias (FET) llegaron ayer a un acuerdo que evitará la huelga de las guaguas escolares en las rutas en las que existe contrato directo por razones de urgencia, imprevisto o porque en el 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló su proceso de adjudicación.
La clave para la resolución del conflicto estuvo en que el Ejecutivo autónomo dio marcha atrás en su exigencia de pedir a las empresas una reducción del 40 por ciento en el precio de dichas prestaciones. Tal planteamiento se hizo el pasado lunes y motivó la queja de las sociedades mercantiles afectadas. El pasado jueves, el seguimiento a la huelga planteada por la FET fue mayoritario. Dicho respaldo al acto de protesta también influyó en la postura de la administración regional. Y es que en la misma noche del jueves, la consejera, Manuela de Armas, hizo la propuesta definitiva para desbloquear la situación: no aplicará la bajada del 40% en el abono de dichas rutas, que tiene que ser convalidado por el Consejo de Gobierno.
De Armas también se comprometió con el subsector a actualizar la subida del IPC (índice de precios al consumo) en las rutas que se han adjudicado en concurso público, así como el abono de las anualidades atrasadas, para lo que se creará una mesa de trabajo entre las partes.
La Consejería de Educación explicó que, en total, son 1.409 las rutas de transporte escolar público existentes en Canarias y llegan a 553 los centros educativos que se benefician de dicha prestación. Ascienden a 443 las rutas contratadas de forma directa y su coste es más elevado que el del resto de recorridos. Durante el curso escolar 2021-2022, 31.926 alumnos y alumnas utilizarán las guaguas de transporte discrecional.
