La advertencia hecha por empresas del transporte escolar el pasado martes se cumplió este jueves, durante la jornada de presentación de profesores y alumnos en colegios e institutos públicos del Archipiélago. La huelga se hizo realidad en buena parte de las 400 rutas contratadas de forma directa por el Gobierno por motivos de urgencia, imprevistos o porque en el 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló su proceso de adjudicación. Como es habitual tras estos actos de protesta, cada parte ofreció su propia valoración. Para la entidad impulsora, la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET), el seguimiento del paro fue del 87,5 por ciento. La Consejería de Educación no ofreció datos globales concretos.
La patronal convocante afirmó que el respaldo a la interrupción del servicio fue total en las islas de la provincia de Las Palmas, La Gomera y El Hierro, mientras que solo en Tenerife hubo cobertura de medio centenar de rutas. Por el contrario, desde el Ejecutivo autónomo explicaron que la huelga no tuvo un seguimiento total ni en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ni en la de Las Palmas. Explicaron que en Tenerife, La Gomera y El Hierro quedaron sin atender 110 de los 249 recorridos. Y admitieron que no tenían todos los datos de las islas orientales.
Este jueves hubo una nueva conversación entre la consejera de Educación, Manuela de Armas, y el secretario general de la FET, José Ángel Hernández, pero que tampoco sirvió para llegar a un principio de acuerdo. En la jornada de este 10 de septiembre, ambos volverán a mantener una reunión para tratar de acercar posturas que permitan desbloquear la situación del transporte de miles de menores.
Hernández manifestó que, «para nosotros, el seguimiento es importante y manifiestamente mayoritario». El portavoz de las empresas comentó que «demandamos medidas de acercamiento» por parte de la Consejería. «La resolución del conflicto no es difícil; pasa por que el Gobierno haga cálculos y abone lo que le corresponde», indicó Hernández, quien añade que, «con un poco de buena voluntad, se logrará».
Cabe recordar que el origen del conflicto está en la propuesta hecha por parte del Ejecutivo autónomo a las empresas el pasado lunes, con el objetivo de que todas ellas bajaran un 40 por ciento el precio que perciben por las rutas contratadas de forma directa. El motivo es que en Educación consideran que se está pagando una cantidad muy elevada de dinero por tales prestaciones, que se aleja de forma considerable de los parámetros establecidos por el Observatorio Nacional de Transporte.
Educación y la patronal volverán a reunirse para tratar de acercar posturas
Y, como respuesta, los empresarios no solo se oponen frontalmente a esa reducción de lo que perciben por las rutas de contrato directo, sino que le recordaron a la administración canaria que le adeuda la subida del IPC desde el 2012 en las rutas que fueron adjudicadas por concurso público. Y, además, advierten de que el módulo fijado por el Gobierno canario para los acompañantes escolares en las guaguas es de 30 euros al día por cada trabajador, mientras que, según el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), deben percibir 50. Y la diferencia la cubren las sociedades mercantiles que los contratan. Y, además, los empresarios critican que tampoco les han abonado los últimos meses del pasado curso escolar.
En la reunión por videoconferencia celebrada el miércoles pasado, Manuela de Armas ofreció a Hernández subir el IPC en los contratos de concurso en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2023; y, «más adelante», estudiar la posibilidad de actual los precios desde 2012. También planteó que ya se elaboran los pliegos de condiciones que regirán cuando salgan a concurso las rutas que hoy se contratan de forma directa. Pero, por ahora, la consejera mantiene que debe aplicarse una reducción del 40 por ciento en los referidos 400 recorridos, ya que su abono, que debe ser convalidado en Consejo de Gobierno, genera un gasto considerable a Educación.
Para el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, «de la noche a la mañana no se puede plantear una bajada de ingresos de ese nivel, justo cuando va a empezar el curso; es muy difícil de aceptar». Hernández aclaró que «confiamos en poder llegar a un acuerdo antes del próximo lunes», cuando empiezan de verdad las clases.
Críticas al Ejecutivo desde el PP
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Lorena Hernández reprochó a la Consejería de Educación el «caos» generado en el primer día del curso escolar, «al haber dejado sin transporte escolar a cerca de 5.000 alumnos, tras confirmarse la huelga de transportistas» en centenares de rutas en Canarias «para los centros públicos de enseñanza». Hernández lamenta que «la falta de planificación» del Gobierno canario, y la «incapacidad» de la consejera para llegar a acuerdos con el sector «haya provocado un quebradero de cabeza a miles de familias y menores» que ayer no contaron con dicho servicio». La diputada popular se pregunta por qué la consejera esperó al último momento para avisar a los transportistas de la bajada del precio del servicio y por qué no atendió sus demandas, como la actualización del IPC de los últimos años, el sueldo de los acompañantes escolares o el abono de las mensualidades pendientes del curso pasado. «Sentarse a negociar días antes del inicio escolar es totalmente inadmisible, y las consecuencias las están pagando las familias y los menores que ayer fueron abandonados a su suerte por la nula capacidad de gestión de la consejera», criticó Hernández, quien insta a De Armas a «buscar una solución urgente».
