Santa Cruz no encuentra una empresa que evalúe a los policías para portar armas

Santa Cruz de Tenerife tiene dificultades para crear el nuevo servicio de evaluación psicológica para todos los policías locales que portan armas, el cual fue solicitado en su momento por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento y el cual debería estar ya en marcha para dar cumplimiento al Decreto 20/2020 del Gobierno de Canarias. El procedimiento de licitación para contratar este servicio, convocado en marzo de 2023 por un importe de 48.000 euros y resuelto esta misma semana, ha quedado desierto.

La concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila (CC), informa a ELDÍA de que el Consistorio chicharrero ya está trabajando en unos nuevos pliegos para volver a convocar otro concurso público, «pues estamos empeñados en sacar adelante este servicio». «Nosotros hemos hecho y estamos haciendo todo lo que hemos podido, analizando e intentando todas las vías posibles, pero las empresas no concurren».

La previsión del Ayuntamiento de la capital es que durante la segunda mitad del presente año se vuelva a licitar y se adjudique, por fin, la prestación de este servicio para poder examinar psicológicamente a los agentes que llevan armas. «Nuestra intención es que entre 2024 y 2025, toda la plantilla de la Policía Local chicharrera (formada por unos 330 agentes) ya haya realizado las pruebas», apunta la concejala.

Y es que el Decreto 20/2020 del Gobierno de Canarias, con el que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales, incluye la obligatoriedad de una «revisión médica para portar armas y su retirada», a la que deben someterse, cada cuatro años como máximo, todos los agentes. El sindicato CSIF de la Policía Local de Santa Cruz denuncia que ya se ha cumplido el plazo de los primeros cuatro años y, sin embargo, «ningún efectivo de la capital ha sido evaluado psicológicamente para poder llevar armas, a excepción de aquellos que han estado de baja más de cuatro meses», pues el municipio carece de dicho servicio.

«Los agentes tenemos que contar con toda la seguridad jurídica posible a la hora de utilizar los elementos de represión. No se le está dando la suficiente importancia a esto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por un lado, es fundamental que los policías locales que llevan armas sean evaluados psicológicamente cada cierto tiempo, por su seguridad y por la de los demás. Y por otro lado, en el caso de que un agente utilice un arma porque ha sido absolutamente necesario, si no cuenta con el informe psicológico exigido por el citado decreto, podría enfrentarse a complicados procedimientos judiciales», ha indicado Jesús Illada, portavoz del CSIF en la capital tinerfeña.

Con respecto a que la licitación convocada por el Consistorio chicharrero haya quedado desierta, desde el citado sindicato policial se señala que «eso no debe ser una excusa para justificar que no se haya puesto en marcha aún el servicio de evaluación psicológica en la capital, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz ha tenido cuatro años, desde que se dictó el decreto, para solucionar este asunto». «Debe tenerse en cuenta que no es fácil encontrar a una empresa que quiera prestar este servicio y que sean sus psicólogos los que determinen si una persona está bien o mal para llevar un arma», manifiesta el CSIF.

El Consistorio chicharrero anuncia un nuevo concurso público y el sindicato CSIF denuncia el retraso

El área de Recursos Humanos del Ayuntamiento explica que la licitación se convocó en 2023, tres años después de que se aprobara el Decreto 20/2020, porque éste entró en vigor justo unos días antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia del Covid y porque «la preparación de los pliegos fue un proceso muy complicado y laborioso, pues se trata de la prestación de un servicio muy delicado». «Estamos hablando de un servicio nuevo, que no existía hasta ahora, de un examen psicológico específico para poder portar armas».

Al concurso público convocado por el área de Recursos Humanos de la capital se presentó una única empresa, pero ya en la fase final del procedimiento de adjudicación del contrato, ésta no aportó una serie de documentos para poder subsanar la oferta. Por lo tanto, finalmente, la licitación quedó desierta, según se publicó el pasado lunes, 11 de marzo, en la Plataforma de Contratación del Estado.

La capital crea un servicio de evaluación psicológica para los policías con armas

De todas formas, la edil aclara que toda la plantilla de la Policía Local cuenta con una revisión médica anual y también se realizan exámenes psicológicos, a través de contratos menores, a los agentes que se incorporan de una baja de más de cuatro meses; a aquellos que ingresan por primera vez en el cuerpo policial; a aquellos que han estado fuera más de un año por distintos motivos; y en aquellos casos que son solicitados por los mandos, tras observar conductas sospechosas.

«Para la revisión específica psicológica por portar armas, obligatoria cada cuatro años como máximo, no contamos con personal para llevarla a cabo ni se pueden realizar contratos menores. Por ello, hemos optado por la contratación externa del servicio, aunque aún no lo hemos conseguido», agrega.

Cuando se logre adjudicar este contrato, la evaluación psicológica a los policías locales deberá abordar, al menos, los siguientes ámbitos: trastornos del comportamiento suicida, consumo de sustancias y trastornos psicopatológicos. A aquellos efectivos que no superen las pruebas psicológicas se les quitarán las armas.