La capital crea un servicio de evaluación psicológica para los policías con armas

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sacado a licitación la contratación de un servicio de atención psicológica, que incluye, por un lado, la evaluación de los agentes de la Policía Local chicharrera, con el fin de determinar si pueden llevar armas de fuego, y, por otro lado, el acompañamiento psicológico para todo el personal municipal en el caso de que lo necesiten, por situaciones de estrés u otros motivos. El valor estimado de este contrato asciende a más de 96.000 euros.

Con respecto al primer servicio, hasta ahora, los agentes de la Policía Local solo se someten a un examen psicológico en las pruebas de acceso al cuerpo policial, es decir, durante las oposiciones; después de bajas prolongadas, «o si los jefes consideran que es necesario por observar conductas sospechosas», siempre y cuando el informe esté adecuadamente motivado. Para ello, se establecen «pequeños contratos menores», según se explica desde el Consistorio chicharrero.

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Corporación local de Santa Cruz se indica que, «ya desde hace años, se estableció la necesidad de que todos los agentes con armas de fuego se sometieran también, dentro de los exámenes de salud habituales, a pruebas psicológicas cada cierto tiempo para el uso de las mismas, pero no existían protocolos para realizar las evaluaciones, existía un vacío legal importante».

Con el Decreto 20/2020 del Gobierno de Canarias, con el que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, se establecieron los criterios básicos de seguridad para su personal y la regulación de determinados aspectos relacionados con su formación, incluyendo la obligatoriedad de la «revisión médica para portar armas y su retirada». El Ayuntamiento de Santa Cruz asegura que desde entonces se empezó a trabajar en la licitación de un contrato para poder contar con un servicio estable de evaluación psicológica para la Policía Local, «pero todo se retrasó debido a la pandemia del Covid».

«Lo importante es que por fin vamos a tener ese servicio de evaluación psicológica, que, además, incorpora una novedad muy interesante y necesaria, que es un servicio de acompañamiento psicológico para todo el personal municipal en el caso de que lo necesiten», se comenta desde el área de Prevención del Consistorio.

Para la Policía Local.

Con respecto a la Policía Local, con el contrato que adjudicará el Ayuntamiento, todos los agentes que porten armas se tendrán que someter a una evaluación psicológica cada cuatro años como máximo, «pues estamos valorando que sea cada año o cada dos». A aquellos efectivos que no superen la evaluación psicológica se les quitarán las armas. Los informes, de resultado apto o no apto, deberán emitirse, a lo sumo, a los cinco días hábiles de la realización de las pruebas.

Asimismo, además de este examen obligatorio para todos los efectivos con armas, también se seguirá realizando una evaluación al inicio de la actividad; cuando se reincorporen al trabajo tras una ausencia continuada de más de cuatro meses por motivos de salud o de más de un año por otros motivos; y cuando, «previo informe de mandos inmediatos, oída la representación del personal, se aprecien circunstancias objetivas relativas al comportamiento o actitudes observables que así lo aconsejen, a propuesta motivada de la Jefatura de la Policía Local».

Comportamiento suicida y consumo de drogas, entre los «trastornos» que serán evaluados

El Ayuntamiento justifica la licitación de este contrato, que tendrá un plazo de ejecución de tres años, prorrogable a otros dos más, porque el personal sanitario de su Sección de Prevención de Riesgos Laborales «no cuenta con la titulación requerida para la realización de estas evaluaciones específicas en el ámbito de la salud mental». Y es que, dentro de la evaluación psicológica, la realización de las pruebas específicas para portar armas «requiere de la participación de profesionales titulados y habilitados dentro del ámbito de la psicología clínica, así como el uso de herramientas de diagnóstico validadas por la comunidad científica».

Según se indican en los pliegos del contrato, la evaluación de la salud mental de los policías para el uso de armas de fuego consistirá en la realización de las pruebas necesarias «para valorar la aptitud psicológica» del agente en cuestión, para lo que se llevará a cabo una valoración básica, y, en el caso de que ésta no ofrezca resultados concluyentes, se procederá a realizar una valoración complementaria, en la que participarán, al menos, dos especialistas. La evaluación abordará, al menos, los siguientes ámbitos: trastornos del comportamiento suicida, por consumo de sustancias y trastornos psicopatológicos. La previsión es que se realicen unos 125 exámenes psicológicos al año. En la actualidad, la Policía Local chicharrera está formada por unos 336 efectivos.

Para todo el personal.

En relación al servicio de acompañamiento psicológico que se prestará con este contrato para todo el personal del Ayuntamiento, los pliegos explican que éste consistirá en sesiones de apoyo psicológico, individual o grupal, «en caso de detección de posibles daños psicológicos derivados del trabajo». Se realizará una valoración básica del tipo de daño que presente la persona; se minimizará el impacto psicológico a corto plazo; y se facilitará un «adecuado enfrentamiento ante situaciones potencialmente generadoras de estrés por su alto contenido emocional».

Asimismo, y según se establece en los pliegos, se disminuirá la probabilidad de aparición de un trastorno psicopatológico en aquellos sujetos implicados en sucesos generados de altos niveles de estrés en el ámbito laboral (sucesos traumáticos, crisis de ansiedad o posibles situaciones de acoso laboral).

La empresa a la que se le adjudique el servicio deberá prestarlo, al menos, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 22:00 horas. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de marzo. Toda la información al respecto está publicada en la Plataforma de Contratación.

La edil de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alonso, de Cs, destaca la importancia y necesidad de este contrato, «dando respuesta así a una demanda del personal». La previsión es que se comience a prestar en los próximos meses.

El sindicato CSIF de la Policía celebra que por fin se haya sacado a licitación este servicio, aunque, y según indica, «ha llegado tarde», pues, añade, «estamos hablando de un asunto muy serio».

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