Nuevo varapalo judicial al intento del Gobierno canario para retirar los símbolos franquistas de Santa Cruz

El TSJC se reafirma en la necesidad de la anulación cautelar del documento, hasta que se resuelvan los procesos judiciales abiertos

La Sala pone como ejemplo la denominación del Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, pues "habrá quien lo considere contrario a la Memoria Histórica, por tratarse de un alto cargo franquista, y quien lo considere un bienhechor de la Constitución y la democracia".

Monumento a Franco, en la avenida de Anaga.

Monumento a Franco, en la avenida de Anaga. / E. D.

Nuevo varapalo judicial al listado aprobado por la Comunidad Autónoma sobre los vestigios franquistas que aún existen en Santa Cruz de Tenerife, en el que se ordena su retirada. Los tribunales han rechazado el recurso de reposición que presentó el Gobierno de Canarias contra la suspensión cautelar del denominado del Catálogo de Símbolos Franquistas, el cual sólo incluye, de momento, al municipio de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, en este documento se ordena la retirada de 79 vestigios en la capital tinerfeña. La anulación del mismo fue solicitada por el Ayuntamiento.

El pasado 11 de mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió la petición del Ayuntamiento chicharrero de suspender el citado documento, aprobado por el Ejecutivo canario en noviembre de 2022.

Los magistrados aceptaban los argumentos esgrimidos por el Consistorio capitalino para proceder a la anulación cautelar del listado que eran, por un lado, la falta de audiencia, "al Ayuntamiento y a la ciudadanía", en la elaboración del catálogo, y, por otro lado, la aprobación de un documento de ámbito autonómico que sólo incluye el listado de un único municipio, Santa Cruz de Tenerife.

Era la segunda vez en menos de un mes que los tribunales acordaban la adopción de la medida cautelar de suspensión de este catálogo. La primera se había producido a principios de mayo, cuando se estimó la solicitud realizada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces para que se anulara la aprobación del documento debido a que éste no había sido publicado, íntegramente, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Dicho error fue corregido por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a las pocas semanas.

En el mes de junio, el Catálogo de Símbolos Franquistas en Santa Cruz de Tenerife recibía el tercer revés judicial. El TSJC admitía también la petición de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, suspendiendo, otra vez, el documento del Gobierno canario. El auto alegaba, en este caso, la falta de audiencia pública en el procedimiento.

El Gobierno de Canarias, con el fin de que se puedan retirar los símbolos franquistas en Santa Cruz, decidió recurrir estas decisiones judiciales, para que el documento deje de estar suspendido hasta que se resuelvan los procesos contencioso-administrativos que están en marcha. Para el recurso de reposición presentado contra el auto que da la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz ya tiene respuesta, ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia, además, con la imposición de costas a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Y contra esta resolución ya no cabe recurso alguno.

Trámite de audiencia

En este último auto, con el que se desestima el recurso presentado por la Comunidad Autónoma, la Sala se reafirma en la necesidad de la suspensión del catálogo, pues, siendo éste "inmediatamente ejecutivo, se procedería a tener que acometer el desmonte de mobiliario urbano de gran importancia en el caso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, cuando es discutible su mantenimiento tanto por razones artísticas como de resignificación". Y estás cuestiones, dice el auto, "están subjudice al no haber existido", en el procedimiento de aprobación del documento, un trámite de audiencia "ni al Ayuntamiento ni a la ciudadanía", además "de no haberse discutido parlamentariamente la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, donde se establezca la financiación" necesaria.

Por otro lado, argumenta el TSJC en el auto, el cambio de nombres en el callejero, provisionalmente, mientras no existan resoluciones judiciales firmes que corroboren el cumplimiento de que su eliminación sirve a la estrategia de la Memoria Histórica, "supone un grave quebranto al interés público al afectar, y de qué manera, a los servicios de notificaciones y mensajería en general, y al Ayuntamiento responsable de todo ello en particular". "Por ello, se debe esperar a la firmeza de las resoluciones como la presente, antes de proceder a la ejecución definitiva".

El TSJC también señala que la catalogación de franquista de un personaje no puede quedar a expensas de que una comisión eleve su designación al rango de verdad científica. "Deberá motivarse en cada caso qué parámetros se han establecido para la inclusión; en caso contrario se genera indefensión". La Sala pone como ejemplo el título del Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. "Habrá quien lo considere contrario a la Memoria Histórica, por tratarse de un alto cargo franquista y quien lo considere un bienhechor de la Constitución y la democracia".

Catálogo regional

Por último, la Sala se reitera en la "inapropiada justificación" de un catálogo regional de 88 municipios que se aprueba con el listado de uno solo, "a expensas, dice la administración, de ir teniendo más datos de otros lugares, como si las calles o los monumentos de significación franquista fuesen de ahora o sólo fuesen conocidos en Santa Cruz de Tenerife".

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), destaca que las sentencias judiciales están dando la razón al Ayuntamiento en "todo aquello que hemos dicho y demuestran que en este asunto las cosas se deben hacer con rigor". "Ya le dijimos en su día al gobierno socialista que con el catálogo sólo para Santa Cruz, se estaba aplicando mal la Ley de Memoria Histórica".

El Catálogo de Símbolos Franquistas de Santa Cruz, aprobado por el Gobierno canario en noviembre del año pasado, ordena la retirada de 79 símbolos "ilegales" que aún existen en el municipio, según el documento, como monumentos y calles. Éste fue elaborado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro y Yolanda Peralta, y por el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Entre los vestigios que "deben ser retirados de forma definitiva del espacio público", según el catálogo, se encuentran el Monumento a Franco (1966), situado en la avenida de Anaga; el Monumento a los Caídos (1947), ubicado en la plaza de España; el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986); las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975).

En cuanto a las denominaciones, incluye vías como el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994), además de barrios como la Victoria, y centros educativos como el colegio Fray Albino (1944), entre otros. Asimismo, incluye también al Mercado Nuestra Señora de África, cuyo nombre debe cambiarse. Los honores y las distinciones se refieren a más de 130 personas.