Santa Cruz de Tenerife tomará medidas contra los ‘parking’ públicos para bajar las tarifas

Santa Cruz de Tenerife tomará medidas contra los 'parking' públicos para bajar las tarifas. Ante los expedientes por «incumplimientos» que está tramitando la Concejalía de Servicios Públicos de Santa Cruz contra los parking públicos de la ciudad, estos alegan que las subidas de las tarifas que se cobran a los clientes han sido aprobadas año por año por el Ayuntamiento por «silencio positivo», al no pronunciarse nunca al respecto. Aun así, y según lo ha asegurado el edil responsable del área, Guillermo Díaz Guerra, del PP, el Consistorio continuará con la tramitación de los expedientes y, tras dar respuesta a las alegaciones, «en un mes, aproximadamente, tomaremos las decisiones que sean oportunas, con el único objetivo de que disminuyan los precios que se están exigiendo a los ciudadanos por el uso de estos aparcamientos públicos».

El también primer teniente de alcalde explica que, en este caso, el «silencio positivo» se aplica si se ha cumplido, por parte del concesionario del parking, con la fórmula establecida para la actualización de las tarifas, «por lo que tendremos que analizar una por una las alegaciones». «Lo que está claro es que en el informe elaborado por los técnicos se han detectado incumplimientos», apunta. Afirma que el Ayuntamiento impondrá las sanciones y penalizaciones que sean necesarias e, incluso, no se descarta el rescate de las concesiones, en el caso de que las infracciones sean muy graves.

Díaz Guerra recuerda que en el citado informe municipal, en el que se analiza la situación de siete aparcamientos con concesión administrativa y cuyas conclusiones fueron adelantadas por EL DÍA en noviembre de 2021, se indica que los parking públicos de Santa Cruz cobran a los ciudadanos más de lo que deberían, superando las tarifas estipuladas en los contratos que se firmaron en su momento con el Ayuntamiento. En algunos casos, incluso, casi se duplica la cantidad que se tendría que pagar.

Los siete aparcamientos inspeccionados son los que se encuentran ubicados en la plaza de España-avenida de Anaga; en Tomé Cano; en la zona del Mercado de Nuestra Señora de África, cerca del puente Serrador; en la plaza Weyler; en el Estadio Heliodoro Rodríguez López; en la calle de El Pilar, y en Ramón y Cajal.

En concreto, y sin querer, de momento, especificar los supuestos incumplimientos de cada uno de estos aparcamientos, el edil sí adelanta que en tres de ellos casi se duplica la cantidad que se debería cobrar en función de la fórmula establecida en la concesión administrativa para calcular la tarifa. En uno de ellos, el incremento alcanza el 87,8%, por lo que «tendría que cobrar al cliente casi la mitad», y, además, «de los 28.000 euros que debe abonar anualmente al Ayuntamiento, en concepto de canon, en el último año, solo ha pagado 15.000». Y los otros dos están cobrando un 74,8% y un 73,89% más. En otro de los siete parking, la tarifa que se está aplicando es un 53,83% superior a lo que debería pagar el cliente, según el pliego de condiciones administrativas; en otro, la desviación es del 48,61% y en este caso, solo se está abonando la mitad del canon municipal; en el sexto, se llega al 65,73%, y en el último estacionamiento, se cobra un 29,3% más de lo establecido.

Díaz afirma que también se han detectado incumplimientos en cuanto al canon que se debe abonar al Ayuntamiento por la gestión de los parking a través de las concesiones, algunas de las cuales fueron adjudicadas en los años 90, «ya que, en la mayoría de los casos, las empresas pagan menos de lo establecido». «Pero lo que nos preocupa realmente son los incumplimientos en cuanto a las tarifas, porque perjudican directamente a los ciudadanos», añade.

Este comenta que las empresas de los siete aparcamientos han presentado alegaciones y en todos los casos señalan que las actualizaciones de las tarifas fueron autorizadas por el Consistorio por no pronunciarse al respecto. «Año tras año se ha solicitado autorización para actualizar las tarifas, sin que en ningún caso el Ayuntamiento se haya pronunciado en contra», se señala en la mayoría de las alegaciones. Con respecto al canon, algunas entidades reconocen que «se ha producido un error» y están dispuestas a abonar la diferencia a la Corporación.

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