Es imposible mantener una conversación con el director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gilberto Leandro Hernández, desde el pasado mes de julio y que no se repita el objetivo de la policía social, como sinónimo del servicio en favor de la comunidad.
En los seis meses que lleva al frente del área, que lidera la concejala Evelyn Alonso, tiene claro los objetivos de aquí a que finalice el mandato político en mayo de 2023. Cinco son los principales retos: de forma inmediata –en 2022– volver a constituir la Unidad de Intervención Policial de Santa Cruz (Unipol), a esto se suma el plan de contratación de los medios materiales –cascos, botas y el material preciso para la realización de atestados–, además de impulsar la renovación de la estructura de mandos.
Tanto para completar la estructura policial como para hacer efectivo el cambio de la comisaría, a la vecina sede de Urbanismo se fija como fecha el final de mandato.
Pensando ya en el ejercicio 2024 y años sucesivos, desde la Dirección General de Seguridad también se afronta la preparación del cambio de ordenanza de movilidad y seguridad, que arrancará en 2023 y que se trata de un proceso muy participativo, lo que justificará que se dilate en el tiempo. Esto permitirá la adaptación tanto de las tasas como definir qué modelo de seguridad se quiere, con asuntos concretos, «como si vamos a permitir o no los patinetes», explica, después de recordar el debate que se ha llevado a cabo de grandes ciudades del mundo, como California, que los ha prohibido. «Necesitamos definir entre todos qué movilidad queremos y ordenar la actividad».
El director general de Seguridad Ciudadana se mueve como pez en el agua con los plazos y se traza los objetivos en función a dos criterios: en coherencia del mandato que ya ha comenzado y al que le resta casi un año y medio y mejoras que van más allá de mayo de 2023, que pasan por un arduo trabajo de consenso.
También hace un alto a la hora de explicar la incidencia de la nueva reestructuración municipal, pues él continuará con la Dirección General de Seguridad y Emergencias, que le compete la Policía Local, Protección Civil y Disciplina Vial –multas–, y se creará otra de Movilidad y Accesibilidad, que se encargará de la señalización de tráfico, planificación, transporte –relación con el sector del taxi– y accesibilidad.
Cómo reflotar la Unipol.
Gilberto Leandro apuesta por hacer una provisión de puestos para volver a sacar la Unipol a la calle, si bien «es preciso que los sindicatos de la Policía se encuentren cómodos con esta propuesta». Y va más allá: «No va a haber reflotamiento de Unipol sin que los sindicatos den su aprobación».
Para ello se avanzará en una mesa técnica que permita alcanzar el consenso y asentar los objetivos policiales. Leandro es optimista y confía en que el grado de confianza que ha alcanzado con los representantes de los agentes le permita hacerlo realidad. «Fruto del diálogo ya veremos si para que se haga efectivo se crea un grupo operativo más dentro de la Policía o se apuesta por habilitar puestos específicos», advierte.
Estructura de emergencia.
La mejora de la estructura interna del cuerpo de seguridad municipal es también otro de los retos, no en balde existen muchas vacantes en la escala intermedia. Antes de que finalice el próximo año 2022, el director general de Seguridad quiere ampliar la escala de mando y que la Policía cuente con dos comisarios –en la actualidad solo hay uno– y también con los subcomisarios se incrementen de tres a cuatro, además de hace la provisión del comisario principal. Este objetivo se prevé antes de que se finalice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se trabaja para hacer posible que la nueva estructura de mando esté al completo antes de que expire el presente mandato municipal.
Mudanza a Urbanismo.
También para mayo de 2023 está previsto que la nueva comisaría esté operativa en la actual sede de Urbanismo, si bien depende que los servicios que se prestan ahí en la actualidad se muden a la renovada sede de General Antequera, junto a la Casa de los Dragos. Este traslado precisa de que se lleven a cabo adaptaciones en el edificio de Urbanismo, para adaptar las actuales oficinas a la estructura de los servicios que presta la Policía. «La nueva sede permitirá a los agentes trabajar a gusto y también implica un cambio de mentalidad», explica, con el orgullo de atender una vieja reivindicación de la Policía, como el plan de contratación que será efectivo en los próximos meses.
El fenómeno de los patinetes.
Lejos de desmarcarse del debate que se vive en la ciudad sobre los patinetes, Gilberto Leandro recuerda que cuando él llegó a la dirección general de Seguridad Ciudadana –en julio pasado– ya habían desembarcado los patinetes en Santa Cruz, con un auge que se inició en febrero o marzo de 2021, lo que supuso un boom en una actividad no regulada y de libre mercado, por lo que Santa Cruz afrontará la nueva ordenanza para definir el modelo de gestión.
Eso no significa que haya vivido de espaldas a la realidad. En la actualidad existen unos mil patinetes de alquiler en la capital –propiedad de las cinco empresas– que se dedican a esta actividad–. Como prueba del control que realiza la Policía local solo en noviembre fueron retirados de la vía pública unos ochenta, cuenta.
«Tenemos instrumentos jurídicos, pero la incidencia del patinete no se resuelve con sanciones, sino con una regulación», explica, y pone sobre la mesa la posibilidad de una «sectorización de estos medios de transporte personal por distritos, ordenar la actividad, fijar normas de funcionamiento y, por supuesto, el rechazo a que el patinete vaya por la acera». Con este objetivo ya anuncia que en próximas fechas una campaña informativa.
El director general de Seguridad Ciudadana es categórico a la hora de asegurar que «la movilidad de Santa Cruz va a cambiar mucho en los próximos seis o siete años», como ocurrirá con la adaptación del tráfico a las bajas emisiones y para vehículos que cuenten con etiquetas ECO. De ahí, incide, la necesidad del plan de movilidad que determinará, fruto del consenso, cómo se limita el tráfico en el casco de la ciudad y de qué forma afecta a los vehículos con bajas emisiones.
Para ello, jugarán un papel fundamental los aparcamientos disuasorios en el transporte urbano, de tal forma que se animará al vecino o visitante a que deje su vehículo en estacionamientos que se localicen en el extrarradio de Santa Cruz para decantarse por el transporte público para acudir a su puesto de trabajo o realizar gestiones. Es la solución para cumplir con la normativa europea, insiste Leandro, controlar la huella de carbono y limitar las emisiones de CO2 y que es esencial para la convivencia entre los ciudadanos de Santa Cruz y los visitantes.
«Vamos a recuperar la Policía de proximidad y conocer a cada vecino»
«Es difícil la conocer la ciudad si no te bajas de la patrulla». Es la máxima que defiende Gilberto Leandro, quien el pasado mes de julio asumió la dirección general de Seguridad Ciudadana. En su conversación, evidencia su apuesta por la Policía de barrio desde la vocación social que reivindica.
Para ello plantea que los agentes que están ahora en proceso de formación en la academia, cuando finalicen esta etapa, presten servicios recorriendo las calles. Asignados por barrios, conozcan a los comerciantes y a los ciudadanos, y hasta le preguntes cómo se encuentran, que sepan identificar si hay nuevas personas sin hogar –que tal vez no tiene censados los Servicios Sociales–, que sepan dónde está la farmacia o el supermercado del barrio. Y que hasta roten por zonas de Santa Cruz.
«Los agentes son los ojos de los servicios sociales en la calle, que incluso puedan identificar a los mayores que están aislados o ser capaces de percatarse de posibles casos de absentismo escolar entre los mejores». Esta faceta de ‘policía social’ es un plus importante para el cuerpo de seguridad y para el servicio que se presenta, destaca Gilberto Leandro.
En esa línea se va a trabajar con los veintiún agentes que culminarán en breve su formación en la academia, a lo que se sumará una nueva promoción de treinta efectivos de 2022; de los actuales 314 efectivos, Leandro prevé acabar el mandato (mayo 2023) con 360.
